Déficit fiscal
Quizás el concepto macroeconómico que más se ha utilizado para justificar el agravio de Catalunya respecto al resto del Estado es el déficit fiscal. Es la diferencia entre lo que aporta Catalunya al Estado mayoritariamente vía impuestos y lo que recibe a través de gasto público. Hacienda calcula ese déficit en el 2014 en 9.900 millones de euros, mientras que la Generalitat eleva esa cifra a entre 10.030 y 14.623 millones con datos del 2012. Es normal que las comunidades más ricas –como Madrid y Catalunya– tengan déficit, ya que deben contribuir al reequilibrio del territorio. Lo que se discute es hasta dónde debe llegar esa solidaridad. El déficit viene determinado por el modelo de financiación, pero también por algunas decisiones discrecionales como, por ejemplo, las inversiones públicas. En los presupuestos de este año, el Gobierno central destinó a Catalunya el 13,4% del importe global de todas las inversiones que se pueden regionalizar por comunidades autónomas. El porcentaje que se destina a Catalunya es inferior al peso de la comunidad en el conjunto del PIB del Estado (19%) y en la población (16%). Esa “infrafinanciación” con relación al tamaño económico o poblacional ha sido una constante en los últimos 17 años, que es precisamente cuando la comunidad se ha sentido más agraviada en relación con la falta de inversión en infraestructuras, ya sea en cercanías o el corredor mediterráneo, por poner dos ejemplos. Por el lado de los ingresos, los últimos datos de la Generalitat en relación con el 2015 muestran que la presión fiscal de los tributos cedidos con capacidad normativa y propios en Catalunya es de las más altas de las comunidades: el 5,7% del PIB. En lo que Catalunya destaca también es en ser una de las comunidades autónomas más endeudadas del Estado. Las cifras del primer trimestre del año muestran que la deuda de la comunidad es de 75.443 millones de euros, un 35,2% del PIB. Sólo la Comunidad Valenciana (41,5%) y Castilla-La Mancha (36,5%) tienen una deuda superior en relación con su PIB. Si se toma en cuenta la población, el panorama es similar, ya que cada catalán debe 9.991 euros y cada valenciano 8.938.