Munición
El proceso independentista que se vive en Catalunya parece haberse convertido en una carrera de radicalismos. Una dinámica en la que todo vale con tal de cargarse de razones a favor del argumentario propio y de descalificaciones del oponente, visto cada vez más como un enemigo con el que no hay nada que debatir y casi ni hablar. En este contexto, los medios de comunicación deben extremar las precauciones sobre lo que publican y añadir filtros a las habituales comprobaciones con las que tratan la información.
No es banal lo ocurrido esta semana con un par de noticias. Una de ellas decía que “El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pide a TV3 que no informe de acuerdos o actuaciones que permitan el 1-O”. Ese era el titular con el que el canal 324 daba cuenta el martes de una comunicación del TSJC a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
La interpretación inmediata que se le dio fue que el TSJC había prohibido a TV3 emitir informaciones periodísticas sobre el referéndum y, así, con este enfoque más directo, se convirtió en un escándalo que tuvo su onda expansiva en las redes sociales. Numerosas personalidades del ámbito independentista se apresuraron a retuitear el tema añadiendo comentarios sobre una intolerable censura y efectuando comparaciones de la democracia española con la Turquía de Erdogan, en una ligazón a la que ya se alude rutinariamente.
No pocos medios digitales se lanzaron a reproducir la noticia sin contrastarla. En función de sus posiciones y apriorismos, unos medios enfocaron el tema desde esa misma línea interpretativa que denunciaba la imposición y otros desde la contraria, dando por justificada la prohibición informativa a TV3.
Pero la supuesta noticia no era cierta, como desveló el periodista Oriol Solé en Catalunya Plural (El diario.es). Lo que había hecho el TSJC fue trasladar a los responsables de los medios de comunicación públicos de Catalunya la resolución del Tribunal Constitucional del jueves de la semana anterior, que se refería “a la difusión de la campaña de publicidad de la Generalitat del 1-O, que actualmente emiten TV3 y Catalunya Ràdio en sus bloques publicitarios”. Es decir, el aviso no se refería al trabajo de los periodistas respecto al derecho de informar sobre el referéndum.
Naturalmente, la aclaración periodística no obtuvo la misma difusión que habían tenido las apresuradas denuncias de censura y ninguna de las muchas firmas conocidas que arrimaron el ascua a su sardina en un primer momento gastó otro tuit en corregir el enfoque previo.
Algo similar ocurrió el jueves con las declaraciones de JeanClaude Juncker sobre una hipotética Catalunya independiente. Unas palabras del presidente de la Comisión Europea en la cadena Euronews se reinterpretaron hasta sacarlas de contexto. También la web de La Vanguardia recogió la polémica, aunque ese mismo día el diario publicaba una entrevista de la corresponsal en Bruselas, Beatriz Navarro, en la que quedaba clara la posición de Juncker respecto a la legalidad española.
Los ejemplos deberían servirnos a todos los periodistas para reflexionar sobre nuestro papel como profesionales de la información en este momento tan excepcional y delicado. El compromiso con esta profesión nos debe llevar más allá de cualquier batalla partidista porque, en realidad, es ahí donde radica el papel esencial de la prensa en una sociedad democrática: en el respeto a la verdad y en el esfuerzo por defender valores esenciales, como la libertad y la convivencia de todas las ideas.
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El uso partidista de noticias no contrastadas debe hacernos reflexionar a los periodistas sobre nuestro papel como profesionales de la información