Una legalidad, una legitimidad

En los estados de derecho configurados constitucionalmente como democracias liberales la escisión entre legalidad y legitimidad no es ni técnica ni políticamente posible. La legalidad es la expresión de una previa legitimidad que reside en el poder constituyente que asume los derechos y libertades de los ciudadanos, establece un modelo territorial determinado (federal, regional, autonómico o centralizado, al margen de las confederaciones que son tratados internacionales entre entidades soberanas) y los plasma en una Constitución refrendada con todas las garantías.

España está tipificada como una democracia liberal de primer orden en Europa y cuenta con una de las constituciones más avanzadas, aunque se trate de un texto reactivo a la reforma. Más inflexibles son, sin embargo, las cláusulas de intangibilidad –sobre la forma de Estado y sobre su unidad territorial– de países como Francia, Alemania o Estados Unidos. La nuestra es una democracia procedimental y no militante, así que todas las ideas y objetivos son legítimos en el terreno político e ideológico siempre y cuando se atengan al principio de legalidad que sólo puede alterarse conforme a las pautas que establece la propia norma.

Los criterios anteriores parecen obvios, pero para el independentismo catalán no lo han sido. De ahí que haya cometido el error –verdaderamente condicionante para el futuro– de abonarse a las tesis populistas de la peor raíz teórica –Carl Schmitt (18881985)– intentando, seguramente sin conseguirlo, crear de manera efímera y virtual una legalidad alternativa a la del Estado basándose sin rigor alguno en una legitimidad sobrevenida por un inventado comportamiento arbitrario de los poderes del Estado para con Catalunya.

Se trata de una casi trágica hipérbole nacionalista que ha devenido en un relato inverosímil: el de las dos legalidades y dos legitimidades. No es cuestión de listar aquí los casos en los que decae la legitimidad de un Estado –opresión, situación colonial, ocupación militar– pero sí de apuntar que en la historia europea –y ahora también de América Latina– la supuesta bifurcación de legalidad-legitimidad ha sido la cobertura dialéctica de procesos totalitarios de muy infeliz recuerdo. Abonarse a esa dinámica de confrontación es gravísimo porque pone al Estado en el único brete en el que todas sus medidas de defensa son susceptibles de activarse (se juega su integridad, su propia existencia).

Pero no sólo por eso: también porque la dualidad virtual de legalidades y legitimidades ahonda la fractura interna en la propia sociedad catalana –nadie niega que esa quiebra se ha producido– y convierte el futuro inmediato en un campo de minas, porque después de esta coyuntura queda el elemento estructural de un relato dialéctico de deslegitimación del Estado que dificultará mucho el arreglo político que, antes o después, se impondrá para salir del actual atolladero. La artificiosidad de la duplicidad de legalidades y legitimidades ofrece, pues, una cobertura discursiva a los dirigentes independentistas pero les acota el terreno para el futuro y exaspera –¿es lo que quieren?– a la ciudadanía a la que han situado ante un injusto dilema: optar por la legalidad-legitimidad alternativa a la del Estado y participar o no en un referéndum ilegal y suspendido por el Tribunal Constitucional.

La vis atractiva de la legalidad y legitimidad estatales, sin embargo, se impone cuando el escenario es como el catalán: una sociedad altamente desarrollada, también plural y mestiza, bilingüe, con sentidos de pertenencia compartidos, y mayoritariamente volcada a soluciones de compromiso. A nadie puede extrañar, así, que los jueces y magistrados se atengan al cumplimiento de la única ley vigente, que también lo hagan los alcaldes socialistas o que los responsables profesionales de la policía catalana acaten el mandato del ministerio fiscal tal y como establece, además de su propia ley reguladora autonómica, el artículo 126 de la Constitución.

El planteamiento independentista, además, al pretender transformar sus formulaciones teóricas en decisiones con apariencia de legalidad, ha perdido su capacidad persuasiva recurriendo actitudes impositivas inéditas como las vividas en Parlament.

Se objetará que lo que los juristas internacionalistas han definido como principio de efectividad ha consolidado en ocasiones la dualidad de legalidades y legitimidades. De nuevo debemos remitirnos a los escenarios históricos en los que esta efectividad ha triunfado: Crimea, Kosovo… tan distintos y distantes de la Catalunya de hoy residenciada a través del Estado en la Unión Europea que es la siguiente legalidad y legitimidad que pone en jaque la construcción teórica del independentismo. La integridad del sistema constitucional español está reforzada por su inclusión en el marco de la Unión, de ahí que atentar contra él sea hacerlo contra la institucionalización europea. No habría problema alguno en debatir cómo se han desenvuelto los referéndums de Quebec y de Escocia. En esos procesos no se encontrará, ni por asomo, el efectismo de la doble legalidad y legitimidad.

Como se acaba de recordar con lucidez la solución para Catalunya no es “menos España” sino más Catalunya real y plural en una España cuyo Estado debería, en su momento (ahora no, una vez rotas las reglas del juego no podemos caer en equidistancias), abrirse a una negociación política que se plasme jurídicamente en unos términos tan razonables y templados –la moderación evita siempre la ecuación vencedores-vencidos– como los planteados por el catedrático Santiago Muñoz Machado que se ha empleado a fondo en demostrar que las posibilidades de compostura de la situación que aportaría la Constitución son muchas y eficaces pero siempre bajo el principio de una legalidad y una legitimidad: las estatales y estatutarias.

La legalidad y legitimidad estatales se imponen si el escenario es catalán: sociedad bilingüe, desarrollada, plural y mestiza, volcada a las soluciones de compromiso