Ataque al corazón del proceso
Un juez persigue la infraestructura, financiación y el servidor informático del referéndum
Un juez de Barcelona busca desmantelar la financiación, la estructura y la logística del referéndum. Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, ordenó ayer a la Guardia Civil 41 registros, entre los que había despachos de seis dependencias de la Generalitat de Catalunya, como las conselleries de Economía y Gobernació, de las que se derivaron 14 detenciones, entre ellas altos cargos de la administración autonómica. El objetivo eran los sistemas informáticos que se iban a emplear en las votaciones del 1 de octubre. La acción judicial afectó principalmente al equipo de Oriol Junqueras que preparaba la jornada, como el secretario general de la Vicepresidència, Josep Maria Jové, o Lluís Salvadó, secretario general d’Hisenda.
La operación de la Guardia Civil se inició a las ocho de la mañana, con la detención de 14 personas en sus domicilios particulares, en Barcelona y otras localidades como Rubí o Sabadell, al mismo tiempo que se entraba en diferentes dependencias oficiales de la Generalitat. La lista completa de los arrestados y sus ocupaciones puede consultarse en el cuadro de la página siguiente. Los lugares donde se llevaron a cabo estos registros fueron la Conselleria d’Economia, la de Gobernació, la de Afers Socials, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), la oficina de Afers Exteriors, el Institut Català de Finances y la Agència Tributaria de Catalunya.
En estas dependencias se buscaban dos cosas, fundamentalmente: un servidor informático que presuntamente se estaría usando para organizar y llevar a cabo las votaciones, y el rastro de las partidas económicas que se habrían utilizado para el referéndum. Así, varios de los detenidos están relacionados con la puesta en marcha y mantenimiento de esta herramienta telemática, entre ellos alguno de sus operadores. De hecho, en la información oficial facilitada sobre el caso, se cita a varios de los detenidos como técnicos informáticos o especialistas en sistemas.
Pero la Guardia Civil también entró en otros lugares. Tal vez el más relevante es una nave industrial situada en Bigues i Riells, donde se incautaron nueve millones de papeletas impresas para ser utilizadas en la jornada del 1 de octubre. El propietario y otra persona relacionadas con este negocio fueron detenidos.
También se entró en tres empresas privadas, entre ellas la de sistemas informáticos T-Systems. Esta firma ya estuvo relacionada con la causa de la consulta del 9-N, por la cual también tuvieron que declarar en su día directivos del CTTI. En aquel momento, una de las cosas que buscaba la Fiscalía era un posible censo que se había elaborado para aquella jornada, y que se aseguró durante el juicio que se había borrado. Un programa informático dejó el rastro de este listado. Es más que posible que una de las prioridades ahora de los investigadores sea si existe esta relación.
El juez persigue desmontar la logística e infraestructura del 1-0. Si el martes la Guardia Civil, por instrucciones del magistrado, se incautaba de 55.000 cartas destinadas a los ciudadanos que debían configurar las mesas del referéndum en almacenes de la compañía Unipost en l’Hospitalet y Terrassa, ayer iba a por la informática y la financiación. Unipost también fue contratada por la Generalitat para el 9-N, de forma que hay puntos en común en am-
La Guardia Civil practicó ayer 14 detenciones y 41 registros
El centro de la búsqueda es la informática necesaria para el referéndum