Cinco detenidos piden el habeas corpus por detención ilegal
Cinco de los detenidos ayer en el marco del operativo de la Guardia Civil contra el 1 de octubre solicitaron el habeas corpus, un procedimiento legal de denuncia por detención ilegal y que permite ser puesto inmediatamente a disposición del juez. El proceso establece que los encausados serán trasladados ante el juez de guardia para que resuelva si el arresto ha sido practicado con garantías. Los cinco cargos de la Generalitat que lo solicitaron fueron Josep Maria Jové, Xavier Puig Farré, Josué Sallent, Lluís Salvadó y Josep Masoliver.
Según fuentes jurídicas el auto de registro dictado por el juez sólo especificaba la detención para terceras personas en caso de que obstaculizaran el registro, por lo que las defensas interpretaron que el arresto no procedía en el caso de sus clientes. Algunos de los arrestados fueron trasladados directamente de sus despachos hacia la Ciutat de la Justícia sin pasar por la comandancia de la Guardia Civil como fue el caso de Josep Maria Jové, que fue detenido en la misma autopista cuando salía de su casa en Les Franqueses del Vallès. Al llegar a la Ciutat de la Justícia el juez que debía resolver si su detención había sido legal fue, curiosamente, el titular del juzgado de instrucción número 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que había ordenado la operación policial.
Ante este escenario los abogados defensores pidieron la recusación del magistrado al considerar que carecía de imparcialidad. De hecho, al juez Ramírez Sunyer no le tocaba estar de guardia sino que sustituía al magistrado de turno, que tuvo que ausentarse por un asunto personal. Ramírez Sunyer fue el encargado de ordenar la operación policial en la que se practicaron las 14 detenciones y 41 registros, según informó el TSJC.
Según fuentes judiciales, el juez acordó de oficio a la Guardia Civil llevar a cabo el operativo sin que la Fiscalía lo solicitara, aunque tampoco se opuso.
En el acta de detención a la que tuvo acceso La Vanguardia, el juez motivó la operación por “el incumplimiento de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional, en diversos pronunciamientos de la culminación de la Transición Nacional y dentro de ello, los actos para la preparación del referéndum”.
La Guardia Civil en la exposición de los delitos por los que se investiga a los detenidos citó desobediencia, prevaricación, malversación y sedición. Fuentes jurídicas aclararon que estos no son los delitos que se imputa a los detenidos, sino que se trata de los ilícitos que constan en la querellainicialquepresentaron el partido VOX y el expresidente de la ONCE, Miguel Duran.