El TC impondrá hoy por primera vez multas a cargos públicos

El Tribunal Constitucional (TC) utilizará hoy por primera vez sus nuevas atribuciones para acordar medidas coercitivas con respecto a cargos públicos e impondrá multas a los miembros de la Sindicatura Electoral, organismo que debía actuar a modo de Junta Electoral en el referéndum del 1-O, ahora suspendido. Los magistrados han estado tres días debatiendo sobre la viabilidad y la oportunidad de este tipo de medidas, habida cuenta de que la Fiscalía ya ha presentado una querella contra los miembros de la Sindicatura. El criterio mayoritario es que el TC debe dar el paso y hacer uso de las competencias que le otorgó hace dos años la reforma de la ley orgánica que rige su funcionamiento. La cuantía de las multas no está decidida. Se acordará en el pleno de hoy.

Antes de fijar dicha cantidad, el TC dará a conocer la decisión, ya tomada, de rechazar todas los recursos e impugnaciones presentados por los miembros de la Sindicatura Electoral. En sustancia, habían planteado tres cosas. La primera, una recusación de todos los miembros del TC, en términos parecidos a la que formuló la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La segunda, una cuestión prejudicial, consistente en la alegación de que el TC debía parar todas sus actuaciones contra la Sindicatura hasta que se compruebe en qué queda la querella presentada contra sus miembros. Y la tercera, una iniciativa para volver a cuestionar que el Constitucional tenga competencias para suspender a cargos públicos o imponerles medidas coercitivas. Los recurrentes se basan en la sentencia que dictó el propio TC para avalar la reforma que le dio esas atribuciones. Y es que los magistrados dejaron entonces abierta la puerta a considerar, caso por caso, si la aplicación de tales medidas, siendo constitucional en abstracto, podía en algún supuesto vulnerar derechos constitucionales.

En el propio TC se reconoce que el planteamiento de los recurrentes es sólido y está bien construido. Pero no va a pasar el filtro. Los miembros de la Sindicatura alegan, por ejemplo, que el incidente abierto en el Constitucional sobre su conducta podría llegar a vulnerar su derecho de defensa, en la medida en que pueden estar declarando contra sí mismos si ahora entran en la cuestión de fondo sobre su labor con respecto al 1-O. El TC no les va a compeler a ello, pero entiende que la desobediencia es clara, porque han actuado cuando sus funciones estan suspendidas.

El Constitucional informó ayer de que ha anulado la tramitación de las leyes de desconexión en el Parlament. La decisión –como ayer anticipó La Vanguardia –ya había sido tomada el martes.

El Alto Tribunal rechazará los recursos de los miembros de la Sindicatura Electoral y les impondrá las multas