Maza pide perseguir los delitos de odio hacia quienes se oponen al 1-O

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dirigió ayer una nueva instrucción a los fiscales de Catalunya para interesar que actúen “con eficacia y celeridad” contra las “campañas encaminadas a ‘señalar’ a determinados responsables municipales” opuestos a facilitar el referéndum del 1-O. Maza afirma que estas campañas pueden tener relevancia penal por ser constitutivas de un delito de odio, ya que “se estaría promoviendo la hostilidad hacia determinadas personas, por motivos ideológicos o políticos, responsabilizándolos directamente ante los ciudadanos de impedir un supuesto ejercicio del derecho a la autodeterminación”.

Maza plantea que se facilite amparo legal no sólo a los alcaldes contrarios a facilitar la consulta, sino también a los funcionarios y particulares “que se oponen a colaborar en el referéndum ilegal”. Para cortar estas conductas, el fiscal general pide que se abran diligencias penales y se actúe tras denuncia de los afectados o tras recibir “notitia criminis (...) por cualesquiera otras vías”. Y precisa que, a tal efecto, “se podrá solicitar el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad (Mossos d’Esquadra, Guardia Civil o Policía Nacional) a fin de que elaboren los correspondientes atestados” y para que “procedan a la retirada de los carteles o pasquines intimidatorios y, en general, los instrumentos con los que se ejecuten este tipo de conductas”.

La instrucción del fiscal aprovecha la circunstancia para recordar que las normas con las que pretende justificarse la celebración del referéndum han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC). Las leyes de desconexión –añade– “no pueden surtir efecto alguno”, de modo que la conducta de quienes rechacen secundar o participar en la convocatoria del 1-O “sólo puede ser considerada como el cumplimiento escrupuloso del ordenamiento jurídico vigente”.