El TSJC toma el mando y ordena el cierre de colegios
Trapero advierte al fiscal que Mossos actuará el 1-O con “responsabilidad”
La juez insta a todas las policías a impedir el acceso y requisar material Los Mossos actuarán con “responsabilidad” para evitar posibles altercados
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha entrado en liza y ha asumido el control de la jornada del 1-0, desplazando a la Fiscalía. La magistrada Mercedes Armas, que instruye las querellas contra el Govern, dictó ayer un auto en el que ordena a los cuerpos policiales impedir el uso de edificios públicos para las votaciones, evitar su apertura, requisar todo el material y paralizar la infraestructura logística, como el recuento de votos.
Armas pone de relieve en su escrito que los miembros del Govern “han evidenciado una clara inobservancia” no sólo del Tribunal Constitucional, sino de sus mismas resoluciones, como las que atañen a cerrar las webs del referéndum. En esta línea subraya que el Executiu sostiene “que la consulta va a celebrarse”, por lo cual “se hace del todo previsible” que “se materialice, finalmente, en una jornada del 1 de octubre en que los querellados, desde su posición en el Govern de la Generalitat, faciliten todos los medios a su alcance para la consecución del referéndum”. Ante ello, adopta una serie de medidas cautelares, como “que se impida hasta el 1 de octubre la utilización de locales o edificios públicos, o de aquellos en los que se preste cualquier tipo de servicio público”, para la jornada; que se evite “su apertura” o que se cierren aquellos que hayan llegado a abrirse; y que se vete la actividad de centros públicos usados como logística, como procesamiento de datos, recepción o recuento de votos. La magistrada matiza que, en caso de que en los edificios sean compartidos, se cierren solo las dependencias usadas para la consulta.
El citado auto, en la práctica, recoge los posicionamientos de la
Fiscalía sobre la coordinación del operativo, puesto que ordena que colaboren Policía, Guardia Civil y Mossos, pero añade que la ley prevé que cuando estén implicados los tres, serán los estatales quienes manden. Así, determina que para este día, contarán “con el apoyo del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado para la Seguridad”, al frente de la cual está el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, ya designado a tal efecto por el Ministerio Público.
Esta orden tiene como derivada que Fiscalía debe cesar en las diligencias e instrucciones que está llevando a cabo, tal como prevé la ley, pero tiene la fuerza de que es una jueza y no el fiscal quien toma las riendas de la prohibición. Precisamente ayer se llevó a cabo una nueva reunión de coordinación en Fiscalía. El major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, llegó el último a la cita con el fiscal jefe de Catalunya, José María Romero de Tejada. Y fue el primero en salir de la reunión a la que asistieron también los responsables en Catalunya de la Policía Nacional y la Guardia Civil; y del coordinador de los dispositivos,
CAMBIO DE ESCENARIO
Una juez asume la tarea de impedir las votaciones, desplazando a Fiscalía
MATERIAL EN CONSISTORIOS El Ministerio Público ordena que no se usen las urnas depositadas en los ayuntamientos
el coronel Diego Pérez de los Cobos. Trapero, al tomar la palabra, contó lo mismo que trasladó el martes por escrito al fiscal, que acatará su última instrucción de precintar colegios electorales y evitar cualquier tipo de votación en un radio de 100 metros de los centros, pero que lo hará “con responsabilidad y exigencia profesional, porque aplicar las órdenes de otra manera podría acarrear consecuencias no deseadas para nadie”. También alertó el major sobre las consecuencias que tendrá para la ciudadanía si este fin de semana han de clausurar los ambulatorios y casales de gente mayor que aparecen como centros de votación.
Antes de conocerse el auto de Armas, la Fiscalía dictó dos nuevas instrucciones, dirigidas a las policías municipales: que colaboren en el precinto de los locales y que impidan que se usen las urnas depositadas en los Ayuntamientos para las elecciones.