La Audiencia Nacional inicia un proceso por sedición
La juez investigará las concentraciones ante la Conselleria d’Economia
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó ayer un auto por el que abre un proceso por sedición a raíz de las manifestaciones de los días 20 y 21. Así, se abre la posibilidad de que los sucesos graves relacionados con el 1-O se sigan en esta instancia y no se dispersen por distintos juzgados.
La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó ayer un auto por el que da inicio a un proceso por sedición en torno al 1-O, apoyándose en el análisis que hace de las manifestaciones y concentraciones de los pasados días 20 y 21. Se lo había pedido la Fiscalía de la propia Audiencia, que denunció los hechos el pasado viernes poniendo el acento en el carácter “tumultuario” de las protestas y en que los agentes de la Guardia Civil vieran supuestamente impedida durante horas su salida de la Conselleria de Economia.
Las imágenes de aquel día causaron una fuerte impresión en la Fiscalía y la impulsaron a tomar una iniciativa que tiene un claro componente preventivo. En este sentido, la decisión de Lamela fue acogida ayer con satisfacción y alivio en las Fiscalías del Estado y de la Audiencia Nacional porque abre la posibilidad de que cualesquiera hechos graves relacionados con el 1-O se sigan en esta instancia, que pertenece al núcleo duro del poder judicial, y que no se dispersen con facilidad las investigaciones.
En su auto, la magistrada Lamela estima que en las concentraciones de Barcelona se produjo el supuesto delito de sedición porque se dan las circunstancias previstas en el artículo 544 del Código Penal, que exige “una conducta colectiva caracterizada como alzamiento tumultuario”. La juez cita jurisprudencia del Supremo en el sentido de que dicho alzamiento debe ser “abierto, exteriorizado, anárquico, inorgánico y desordenado o en tropel”, aunque nada impediría la misma valoración “de ser organizado y ordenado”.
Lamela estima que todas estas circunstancias del tipo penal se dan en los hechos ocurridos en Barcelona. En este sentido afirma que hubo “una multitud de personas ante los edificios que eran objeto de registro” y que actuaron “de forma desordenada y violenta”, tratando de impedir que agentes de la autoridad y funcionarios de justicia “pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley”. La juez considera que con esta descripción basta para hablar de delito de sedición.
Pero dedica más atención y argumentos a explicar por qué la investigación corresponde a la Au- diencia, y no a un juzgado ordinario, cuando en el Código Penal vigente la sedición está incardinada en el capítulo de los delitos contra el orden público. Para responder a esta cuestión, Lamela razona que el alzamiento tumultuario que aprecia en los hechos tenía una concreta finalidad de fondo. Esa finalidad era atentar contra “la forma de gobierno”, “romper la organización territorial del Estado” y en última instancia “conseguir la independencia” de Catalunya.
Este dato es fundamental. Sostiene Lamela que ese propósito de las concentraciones lleva de forma natural esta investigación a la Audiencia. Y se apoya para ello en el artículo 65.1.a de la ley orgánica del Poder Judicial, que reserva para esta instancia el conocimiento de los”delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de gobierno”. En esta expresión, la relativa a la forma de gobierno, está la percha determinante de la competencia.
La juez, en todo caso, no da nada por sentado. No es el momento. Se apoya en que es el fiscal quien así denuncia los hechos. Pero toma también sus cautelas. Da por bueno el relato de la Fiscalía a los efectos de iniciar la investigación. En especial, sobre el papel desempeñado por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, como máximos responsables de la ANC y Òmnium Cultural, respectivamente. De ambos dice que se subieron a un coche de la Guardia Civil llamando a la “movilización permanente”. Pero lo primero que hace es pedirle a la propia Guardia Civil que le envíe un atestado completo sobre lo ocurrido. El auto es recurrible durante los próximos tres días.
Por otra parte, ayer por la noche la Guardia Civil cerró sin previo aviso la página web de la campaña por el referéndum de la CUP, prenpartit.cat, así como la de Crida per la Democràcia, de Òmnium Cultural.
El auto asegura que las manifestaciones de los días 20 y 21 fueron un “alzamiento tumultuario”