Pacto de Estado contra la violencia machista
Luz verde al pacto de Estado, que busca erradicar las actitudes machistas
Todos los partidos políticos han expresado por activa y pasiva su rechazo a la violencia de género en todas sus formas y versiones durante años, pero la realidad es que a la hora de hacerle frente, de apoyar a las víctimas, de cuidar de los menores, de trabajar en la modificación de las conductas machistas y de invertir en formación de los profesionales implicados, las palabras pierden su fuerza en el ruido diario... Hasta hoy, que quedarán fijadas por escrito, lo que servirá al ciudadano para exigir el cumplimiento de la palabra dada.
El Congreso da hoy luz verde al informe aprobado por la subcomisión de igualdad el pasado mes de julio sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que incluye más de 200 medidas en los ámbitos institucional, educativo, laboral, judicial, de asistencia y de visibilización para acabar con esta lacra. El compromiso económico global destinado a desarrollar el pacto supone un incremento de mil millones de euros durante los próximos cinco años (100 para los ayuntamientos, 500 para las comunidades y 400 para el Gobierno central). Se trata del primer pacto de Estado que se logra en España desde el año 2000, cuando las fuerzas políticas sentaron las bases del fin de ETA.
El único interrogante que queda por despejar hoy es si en verdad, tal y como ha anunciado la ministra Dolors Montserrat, el informe será aprobado con el apoyo de todos los grupos, o bien, Podemos y sus confluencias se abstendrán como hicieran en julio. Entonces, la formación morada alegó que las medidas incluidas no tenían las garantías suficientes para ser ejecutadas (sin plazos, una financiación que no establece qué partidas va a cada medida...) y una protección desigual para las víctimas. Sin embargo, Podemos sí apoyó el informe elaborado por el Senado.
Largos meses de trabajo de los diputados culminan con una ristra de medidas que intentan abarcar todos los ámbitos sociales con el objetivo de cercar la violencia de género y, especialmente, el machismo, raíz de la violencia. En este sentido, destacan las medidas educativas, que tienen como fin la prevención, y que recuperan contenidos en igualdad y educación emocional y sexual, que desaparecieron con la Lomce. De todas formas, la inclusión de una asignatura obligatoria sobre igualdad en el currículum depende de si finalmente también se alcanza un pacto por la educación.
Además, el texto incluye medidas sobre formación a todos los profesionales implicados, más protección y ayudas a las víctimas a los menores, tanto económico como psicológico (por ejemplo, una mujer sin recursos víctima de violencia de género reciba seis meses de prestación para que pueda dar un paso al frente y rehacer su vida).
En el ámbito sanitario, se universaliza la detección de la violencia de género en el ámbito sanitario a través de los centros de salud (el 100% de las mujeres que sufren violencia de género pasan por las consultas de los médicos) y en el deportivo, habrá sanciones administrativas para los clubes deportivos que permitan y consientan la apología de la violencia de género.
En el terreno judicial se suprime la atenuante de confesión en los delitos de violencia de género, así como que la custodia compartida no se imponga en casos de violencia de género y se prohibirán las visitas a la cárcel de los hijos al padre maltratador condenado. En el terreno fiscal, se contempla la desgravación y beneficios tributarios a quienes tengan la patria potestad de huérfanos por violencia de género.
En el último momento se ha incluido una propuesta del PSOE, que cuenta con el apoyo del resto de partidos, y que no se incluyó en la primera redacción “por olvido”. Se trata de la extensión de la condición de víctima de la violencia de género a las mujeres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas. Fue Ruth Ortiz, la madre de los dos niños asesinados por su padre, José Bretón, durante el régimen de visitas, quien llamó la atención sobre la ausencia de esta medida.
El informe se refundirá posteriormente con el aprobado hace unos días en el Senado, que incluye otras tantas medidas, como una relacionada con el caso vivido este verano por Juana Rivas. Así, pide que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para
MÁS DE 200 MEDIDAS Se actuará en el ámbito institucional, educativo, laboral, judicial y de asistencia
PRESUPUESTO Mil millones en 5 años: 500 para comunidades, 400 para el Gobierno y 100, los ayuntamientos
MALTRATADOR Su confesión dejará de ser un atenuante y se suspenderá el régimen de visitas
EDUCACIÓN Se reforzará en todos los niveles educativos el fomento de los valores igualitarios
otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género.
Otras medidas recogidas en la Cámara Alta se refieren a la necesidad de sustituir la declaración de la víctima de violencia machista en el juicio oral por la videograbación de su declaración en fase de investigación para evitar “una segunda victimización y la impunidad de los agresores” y recogen el derecho de los jóvenes que han sufrido violencia de género a quitarse el apellido del padre maltratador.
Más allá de las medidas, el texto aprobado ayer muestra el compromiso de los partidos políticos de luchar, sin titubeos, contra una lacra que ha acabado con la vida de más de un millar de mujeres y niños en los últimos 15 años. A partir de hoy, el Gobierno cuenta con dos meses para llegar a acuerdos con las comunidades y especialmente con los ayuntamientos (que recuperan las competencias en violencia de género) para perfilar las medidas que les atañen. Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se apunta a que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género será presentado oficialmente por el presidente Mariano Rajoy el 25 de noviembre, día contra la violencia machista.
El Gobierno, además, cuenta con seis meses para presentar las numerosas reformas legislativas que el pacto lleva aparejadas. Una comisión vigilará estrechamente que el pacto se desarrolle y que no se quede en un mero acuerdo de intenciones.