Un golpe inesperado
Los vascos se suman en el Congreso a las críticas de PDECat, ERC y Podemos
El ministro del Interior no esperaba que el PNV tachara de inconstitucional el envío de guardias civiles a Catalunya.
El diputado del PNV Mikel Legarda provocó ayer que un escalofrío recorriera las espaldas de la bancada azul en el Congreso poniendo sobre la mesa la falta de amparo estatutario y constitucional de la intervención de policía y guardia civil en Catalunya. Fue una estocada imprevista, durante la sesión de control al gobierno, que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no vio venir debido a la inocencia de la envoltura formal de la pregunta inicial: “¿Hasta cuando va a mantener el gobierno a la policía y a la guardia civil desplegadas en Catalunya?”, dijo el sosegado diputado vasco.
El ministro tenía preparadas dos réplicas para un debate político, pero Legarda empleó la suya en muy otro sentido: “La medida es inconstitucional e ilegal”, dijo, y captó la atención súbita del hemiciclo. Los artículos 38 y 42 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que invoca el Ministerio para el despliegue no operan, sostiene Legarda. La propia ley, “en su disposición final segunda establece que esos artículos eran aplicables en Catalunya con el Estatut de 1979, pero no con el del 2006”. Esa disposición dice que la ley “tiene carácter supletorio respecto al Estatut”, y el diputado recordó que el artículo 164 del Estatut del 2006 no habilita al Estado a la intervención. Lo que, por cierto, iguala a Catalunya con Euskadi, donde ya no era posible.
El diputado –que fue letrado de los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco y director de Desarrollo Autonómico y Transferencias– sin cambiar de tono, aseguró que esta falta de amparo legal no se debe a un error del Gobierno. Lo sabía: “El PP, desde el inicio fue consciente de que el Estatut de 2006 mermaba las posibilidades de intervención en Catalunya a través de la Ley de Fuerzas y Cuerpos, y por eso, precisamente por eso, enmendó el proyecto de reforma de Estatut. Pero sus enmiendas no fueron aceptadas y el artículo 164 no fue recurrido al Constitucional”. Y acabó: “Incumplen la ley que dicen defender”.
El ministro, que no estaba prevenido para la saeta jurídica, se limitó a valorar el despliegue en Catalunya “para garantizar la convivencia”, mientras el diputado vasco recibía el aplauso del PDECat y de Podemos, así como los parabienes, ya en el patio, de algún destacado diputado socialista, por una argumentación “jurídicamente impecable”.
Ese breve intercambio, en el último envite parlamentario antes del 1-O, puso el acento en uno de los dos asuntos que marcarían el pleno, también en las interpelaciones de Carles Campuzano (PDECat), Xavier Domènech (En Comú) y Joan Tardà (ERC): la validez jurídica de las iniciativas del Gobierno ante la subversión de la Generalitat, y las grietas que a medio plazo estas medidas pueden dejar en la articulación institucional del Estado.
El otro tabú que afloró fue el riesgo de brotes de violencia que supongan “desgracias”, en expresión que repetía Pablo Iglesias, acusando al PP de impulsar un escenario “prebélico”. Domènech sostuvo que el Ejecutivo actúa sujeto a intereses de partido, no de Estado, traiciona el pacto Suárez-Tarradellas y pone “profundamente en crisis el régimen del 78”, a lo que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le respondió acusándolo de desplegar “un juego de ambiciones”, con Ada Colau y Pablo Iglesias, y de arrogarse la elucidación del sentir hasta de los votantes del PP.
Más duro, pero sobre el mismo eje, fue acaso el debate con Carles Campuzano, que incidió en “el comportamiento irresponsable” y “el abuso de fuerza” del Gobierno –Campuzano ya puso anteayer el grito en el cielo por las arengas guerreras a los agentes movilizados a Catalunya, y unos y otros comentan ahora el augurio, atribuido a Sáenz de Santamaría, de que el Gobierno vencería al independentismo “por diez a cero”–, en términos crecientes en dramatismo. La vicepresidenta le afeó el arrogarse la voz de toda Catalunya, despreciando a los no independentistas, y reiteró que la responsabilidad de la crisis recae en la Generalitat por haberse situado fuera de la ley. Y Tardà, sin dejar el marco referencial del día, previno de un empeño “legionario” del Gobierno por “apelar a la violencia”, y pronosticó una respuesta catalana que “seguirá el ejemplo no violento de Gandhi”.
SEGURIDAD JURÍDICA
La denuncia reabre el debate sobre la validez jurídica de las medidas del Gobierno
RIESGO DE VIOLENCIA Iglesias y Tardà culpan al PP de una situación “prebélica” que puede acarrear “desgracias”