La cúpula de Governació, citada por el TSJC por la compra fallida de urnas
La acción judicial continuará más allá de lo que pase el 1-O. Las causas abiertas por los tribunales seguirán su curso hasta desembocar en un veredicto exculpatorio o incriminatorio. Buena prueba de ello es que el TSJC fijó ayer un nueva ronda de declaraciones en el marco de la investigación contra el Govern de la Generalitat y los altos cargos por los preparativos del referéndum.
La instructora Mercedes Armas ha citado a comparecer como testigos a la cúpula del Departament de Governació que firmó el acta en la que se declaró desierto el concurso convocado para la compra de urnas.
Esta causa se inició con la imputación de la consellera Meritxel Borràs y su número dos Francesc Esteve después de que suscribieran la convocatoria del concurso con la que el Govern preveía proveerse de las urnas para la votación, un procedimiento que el tribunal entendió que vulneraba el mandato emitido por el TC de paralizar las actividades relacionadas con la celebración del referéndum.
Por esta razón y para profundizar en este aspecto, la magistrada Armas ha citado como testigos el próximo 16 de octubre a Meritxell Masó, secretaria general del Departament de Governació; Carles Sala, secretario de Habitatge y Joaquim Ferrer, secretario de Administraciones Locales. Todos ellos fueron los encargados de declarar desierto el concurso de licitación para comprar las urnas. Sin embargo, el proceso quedó en nada al considerar que las empresas ofertantes no reunían los requisitos técnicos adecuados para el proyecto. También tendrán que declarar el abogado jefe de la conselleria, la interventora general y la secretaria de función pública.
Además, el TSJC pide la comparecencia de los responsables de las empresas que se presentaron al proceso de licitación. Se trata de las empresas Plastic Express y la UTE de Espai World y Suministros Integrales Futbida. que tendrán que declarar el próximo 10 de octubre.
La causa tiene dos frentes. En el primero constata que los presupuestos que aprobó el Parlament el pasado mes de marzo contemplaba partidas destinadas a la celebración del referéndum y que pretendían utilizarse en el marco del concurso público para comprar las urnas. En este sentido la Fiscalía presentó querella al entender que “Borràs y Esteve “adoptaron medidas encaminadas a obtener los medios con los que poder celebrar el meritado referéndum”.
La causa sigue su curso en el TSJC tras la imputación inicial de la consellera Borràs y su número dos pero que posteriormente fue ampliada con un nuevo frente contra el Govern tras la convocatoria del referéndum del 1 de octubre y que le valió una nueva querella de la Fiscalía. El texto consideraba que Puigdemont y sus consellers utilizaron arbitrariamente sus potestades como miembros del Consell Executiu para convocar el referéndum el 6 de octubre.
El TSJC, que ya ordenó varias diligencias como el cierre de páginas webs relacionadas con el referéndum, les investiga por los presuntos delitos continuados de desobediencia a resoluciones judiciales, prevaricación continuada y malversación de fondos públicos.
La magistrada Mercedes Armas también pide la comparecencia de las empresas licitadoras