En defensa de la Generalitat
Pasan imparables los días y se acerca el inevitable desenlace del largo y tortuoso proceso. Desgraciadamente, se han cumplido las previsiones más pesimistas. El agrio enfrentamiento entre los gobiernos catalán y español y la creciente división de la sociedad catalana han avanzado jornada tras jornada. Lo han hecho ante la mirada escandalizada, y a la vez incrédula, de la mayoría de catalanes.
Estaba escrito; nadie tenía que ceder. Había pocas esperanzas de reacciones diferentes. La obstinación política comporta resultados previsibles. La estrategia utilizada ha prescindido de los contenidos políticos. Ha caminado desbocada sin restricciones. Toda posición política es legítima, pero, sin embargo, tiene límites. He expuesto a menudo cuál era el alcance de los mismos. No hay que insistir ahora y aquí.
No he discutido nunca de independencia sí o no, de democracia sí o no, de legitimidad sí o no. He planteado como catalanista y liberal otra cuestión de fondo: toda dinámica que pueda poner en peligro nuestras instituciones se convierte en un error imperdonable.
Más allá de la voluntad de los gobernantes, tenemos que poder aceptar que tener la razón no siempre permite llegar allí donde queremos ir. Todo desiderátum político puede ser justificado; sin embargo, toda estrategia no lo está. Esta tiene que ser siempre decidida, contemplando todos los posibles escenarios de confrontación y las consecuencias que se derivan para los días que vendrán.
Según mi opinión, un sueño no justifica un eventual derrumbe de aquello que encarnizadamente defendemos. Los políticos responsables trabajamos, o tendríamos que hacerlo, evaluando detenidamente y fríamente todos los riesgos. La actitud contraria se conoce como aventurismo político. Deploro decir que de este último hemos visto mucho, demasiado.
Hay un gravísimo peligro que ninguna esperanza o deseo puede legitimar: poner nuestras instituciones de autogobierno en serio riesgo. Ahora, lo están. La Generalitat, el Parlament y las instituciones estatutarias de Catalunya sufren una grave amenaza y el catalanismo político, todo él, tiene la obligación de luchar por ellas y decir alto y contundente: así, no. Pagando este precio, no. Volver a empezar, no. Sirve de poco tocar la luna, sin viaje de vuelta. Nunca ha sido esta la orientación del catalanismo político. Nunca.
Me dicen que ha cambiado el paradigma, que se han sucedido las pantallas, que el pueblo de Catalunya quiere ir mucho más lejos... Se verá. Ahora bien, la obligación de los gobernantes es ir lejos, tanto como podamos, pero garantizando siempre a nuestros conciudadanos que ni ellos ni sus instituciones corren peligro. Sostengo que este principio ha sido despreciado, con retórica y buenas intenciones, y sospecho que tendremos que hacer frente a una factura excesivamente alta por este descuido. En esta hora tan grave, el catalanismo político, sin fisuras, tiene que alzar la voz en defensa de la Generalitat y nuestras instituciones. No queremos que el autogobierno se haga daño.
El día siguiente del 1-O, nos preguntaremos cómo repartimos las culpas. Habrá respuestas para todos los gustos. Ya hablaremos. Pero creo firmemente que tendríamos que ser capaces de evitar que como pueblo tengamos que volver a empezar de nuevo, una vez más.
Una palabra para la esperanza. El president tiene que reconocer que este referéndum no se puede celebrar como queríamos, garantizando el pleno ejercicio de la democracia, como ha sido siempre nuestra voluntad y nuestro designio. No conviene empeñarnos: aquello que no puede ser, acostumbra a ser imposible.
Dispone nuestro jefe de Gobierno de una prerrogativa propia e intransferible. No puede dejársela arrancar de cuajo. Puede disolver el Parlament y convocar elecciones. Tiene que hacerlo antes de que sea tarde. Así, habremos salvado nuestras instituciones, y el pueblo de Catalunya respirará aliviado.
El catalanismo político debe alzar la voz en defensa de las instituciones; no queremos que el autogobierno salga dañado
El presidente ha de convocar elecciones, así salvaremos las instituciones estatutarias y los catalanes respirarán aliviados