Triste liderazgo
Barcelona es la ciudad de España donde los precios de los pisos han subido más y más rápido. Comprar una vivienda en la capital catalana es hoy un 20% más caro que hace un año y un 44,4% superior a los precios tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2008. Las oficinas de compraventa de vivienda han reaparecido como setas en los últimos meses. Sus empleados explican con indisimulada alegría que este negocio vuelve a ser un chollo y aseguran que literalmente les quitan los pisos de las manos ya sea de venta o de alquiler. El ladrillo como refugio especulativo, ¿les suena? Después de comprobar que buena parte de la crisis económica que nos ha asolado en la última década se produjo por la enorme inflación inmobiliaria, políticos y expertos juraron y perjuraron que habíamos aprendido la lección y nunca más volveríamos a tropezar en la misma piedra. Y aquí estamos de nuevo, con la diferencia de que los sueldos son hoy muy inferiores a antes de la crisis y la precariedad laboral de los jóvenes aleja definitivamente a estas nuevas generaciones del sueño de tener su propio hogar. Ni siquiera el alquiler es una salida económicamente viable en Barcelona.
Esta lamentable situación renacida ante el estupor ciudadano y por la incapacidad política de aplicar medidas que la palien está cambiando la configuración de los hogares de Barcelona. Por un lado, compartir piso ya no es cosa de estudiantes sino que se ha convertido en una necesidad para muchos adultos que, a pesar de tener excelentes currículums y un puesto de trabajo, no pueden afrontar el disparatado precio de la vivienda barcelonesa. Por otra parte, los ciudadanos que no quieren compartir lavabos, neveras, cocinas y hasta camas, se exilian a las afueras de Barcelona buscando un lugar más asequible donde vivir. Este éxodo provoca a su vez nuevas necesidades de movilidad ya sea en transporte público o privado que, naturalmente, nadie ha previsto ni a corto ni a medio ni a largo plazo. El único mensaje de la administración es la criminalización de los conductores y la amenaza de la prohibición de circulación, sin dar alternativas fiables y competitivas. Los ciudadanos desconfían con razón de los repetitivos anuncios de inversiones en transporte público que oyen desde hace años y que nunca llegan.
El último anuncio de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) me recordó esta clamorosa imprevisión gubernamental. La ATM ha abierto un espacio en su web donde se puede consultar en qué medida los proyectos urbanísticos de todo tipo, desde promociones de viviendas hasta centros comerciales, aumentan la necesidad de movilidad ciudadana. Los promotores, privados y públicos, están obligados por una ley del 2006 a prever los desplazamientos que generarán sus proyectos, pero es curioso observar cómo la demanda de movilidad crece inexorablemente en el área metropolitana mientras que la oferta de transporte público apenas se ha movido en los últimos diez años. Les aconsejo que eviten mirar esa web oficial porque bastante hipertensión hay en el ambiente.
El gran aumento del precio de la vivienda está cambiando la configuración de los hogares de Barcelona