La Vanguardia

El TSJC pide el plan operativo del 1-O e informació­n sobre los incidentes

La Fiscalía avala la actuación de la Policía y asegura que no alteró la convivenci­a

- SANTIAGO TARÍN Barcelona

La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Mercedes Armas dictó ayer una providenci­a en la que ordena al coronel Diego Pérez de los Cobos que le remita el plan de coordinaci­ón policial para el día 1 de octubre, su grado de cumplimien­to y la relación de incidentes que se produjeron a la largo de la jornada. Por su parte, la Fiscalía de Barcelona consideró que la intervenci­ón de Policía Nacional y Guardia Civil no afectó a “la convivenci­a ciudadana” y atribuye al Govern organizar concentrac­iones “tumultuari­as”.

Armas, que tramita las querellas contra el Govern de la Generalita­t, ordenó el 27 de septiembre al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y a los Mossos d’Esquadra impedir la apertura de los centros públicos donde se debían producir las votaciones. Para coordinar el dispositiv­o designó al responsabl­e del Gabinete de Coordinaci­ón y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el coronel de la Benemérita Diego Pérez de los Cobos. Ayer, en su auto, le demandó que con la máxima brevedad le remita el plan de coordinaci­ón previsto para la jornada, los cometidos encargado a cada cuerpo, su grado de cumplimien­to y las incidencia­s. También exigió una relación de los incidentes ocurridos “en el transcurso de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.

Los sucesos del día 1 fueron objeto de una querella presentada por la Generalita­t en el juzgado de guardia de Barcelona. En ella, se acusaba a Policía y Guardia Civil de actitudes “violentas y desproporc­ionadas” y de “perturbaga­ron ción de la paz pública”. Ayer, el fiscal del juzgado entregó su respuesta a la iniciativa en el juzgado. Allí, se tacha el escrito de la Generalita­t de “general, indiscrimi­nado e inconcreto” y hace énfasis en que los agentes actuaron “acatando la orden dada por la autoridad judicial”. Además, se añade que “las medidas adoptadas (...) en absoluto afectaron a la normal convivenci­a ciudadana. Afectaron, sin duda, a los numerosos grupos de personas que de forma irresponsa­ble habían sido convocadas por el Govern de la Generalita­t, conocedor de la ilegalidad” del referéndum; grupos que, de forma “voluntaria, concertada y coordinada”, se congre- en las puertas de algunos lugares “para, de forma tumultuosa, impedir a los agentes policiales el cumplimien­to de la resolución judicial”.

El fiscal justifica la actuación de los policías en el “cumplimien­to del deber” e incluso en la “legítima defensa” frente a individuos no identifica­dos que actuaron violentame­nte contra ellos. Y señala que, teniendo en cuenta la misma denuncia, la Policía y la Guardia Civil cumplieron la orden de la magistrada “aunque también se dirigía a los miembros de los Mossos d’Esquadra”.

En su escrito, el Ministerio Público hace referencia a los incidentes, para señalar que, atendiendo al número de votantes, 2.262.424, y el número de heridos 844, “los más de ellos muy leves”, sólo un 0,037% fueron afectados “por la presunta violencia policial”. Y que sólo hay un herido grave, el 0,000042%.

Según el fiscal, se deben investigar hechos concretos, y debe indagarse un episodio ocurrido en el centro de los Jesuitas de la calle Avenir de Barcelona, durante la intervenci­ón policial. El resto de las acusacione­s de la Generalita­t, dice, son “para dejar en la penumbra el grave comportami­ento” del Consell Executiu.

Por su parte, la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, ordenó abrir ayer diligencia­s de investigac­ión por la expulsión de agentes de Policía y Guardia Civil de hoteles de Calella y Pineda de Mar, donde “podría haber responsabl­es municipale­s implicados”. Magaldi designó al servicio especial de Odio y Discrimina­ción para que las tramite, y el responsabl­e de esta área ordenó ayer a la Policía Nacional que haga las averiguaci­ones sobre estes acontecimi­entos.

Por último, la Unión Progresist­a de Fiscales hizo público un comunicado en el que deplora la falta de respuesta política a los hechos que ocurren en Catalunya, califica de “desoladora” la fractura social existente y critica a los mandos de los Mossos d’Esquadra por desoír el mandato judicial, “alineándos­e con posicionam­ientos políticos impropios de un cuerpo policial”.

EL PORCENTAJE DE LA JORNADA El fiscal responde a la Generalita­t que la violencia sólo afectó al 0,037% de los votantes

PREGUNTA A LAS POLICÍAS La juez Armas quiere conocer el grado de cumplimien­to de su orden para el día 1

NUEVAS DILIGENCIA­S

El Ministerio Público investigar­á la expulsión de policías de los hoteles

REPROCHES A LOS JEFES

Los fiscales progresist­as critican a los mandos de Mossos por “alinearse con posturas políticas”

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PAU BARRENA / AFP Agentes de la Policía Nacional requisando urnas el pasado domingo en Barcelona

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