DUI por fases
El guion se está cumpliendo tal y como estaba previsto. El “Estado mayor” que comanda al independentismo, cuyo núcleo está formado por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y las dos principales entidades soberanistas (ANC y Òmnium), con el añadido de diversos personajes ajenos al Govern que se suman en ocasiones, tenía un plan diseñado desde hace meses cuya finalidad es poner contra las cuerdas al Ejecutivo de Rajoy. El primer paso era forzar la celebración del referéndum. Se esperaba una reacción desmesurada del Gobierno central que provocaría la consiguiente protesta ciudadana. Esa fase ha superado incluso las previsiones de los estrategas independentistas gracias a las cargas policiales, de forma que la huelga, que era una medida en la recámara, se ha impuesto sin discusión. La intención es prolongar la movilización, mientras la espiral de acción-reacción entre los dos gobiernos y sus entornos sociales y jurídicos se retroalimenta.
Aunque el guión en la calle estaba muy planificado hasta el 1 de octubre y los días posteriores, el plan político está sufriendo algo más para abrirse paso tal y como lo diseñaron los dirigentes independentistas. El plan previsto era aplicar la ley del Referéndum aprobada en sesión tormentosa en el Parlament, o sea, la declaración unilateral de independencia (DUI), puesto que el Govern ha considerado que hay 2,2 millones de votos válidos y un 90% de síes. De hecho, la ley fija esa declaración para 48 horas después de la proclamación de los resultados, que se anunciarán formalmente hoy o mañana. El fin de semana debería producirse la DUI. Pero no va a ser tan sencillo.
En el bloque independentista hay división de opiniones sobre la declaración que aprobar en el Parlament. Las diferencias son más acentuadas en el PDECat. Algunos dirigentes de la antigua Convergència abogan por convocar elecciones, aunque casi no se atreven a defenderlo en los órganos del partido ante el temor a ser estigmatizados como tibios en sus convicciones. De todas formas, ésa es una opción que ahora mismo se puede dar por descartada. El president de la Generalitat no va a convocarlas. Tampoco Artur Mas apoya esa salida. Carles Puigdemont argumenta que el Gobierno central promovería una ilegalización de los partidos independentistas, ya que éstos se presentarían a las elecciones con un programa en el que prometerían declarar la secesión en caso de disponer de la mayoría. Así pues, volvemos a la casilla de salida de la DUI.
Pero los dirigentes independentistas saben que Catalunya no será un estado independiente sólo porque se proclame en el Parlament. Hay quien reclama que se declare sin más, pero la mayoría es consciente de que al día siguiente no habrá un reconocimiento internacional que la haga viable. Saben que las cargas policiales del 1-O han permitido ganar un gran apoyo popular que va más allá del independentismo acérrimo, pero también que las expectativas de los votantes convencidos son muy elevadas y que no pueden decepcionar a los miles de seguidores que esperan la DUI. El equilibrio entre esas dos premisas está provocando un fuerte debate interno. Incluso entre quienes están de acuerdo en buscar ese contrapeso, cada uno tira de un lado de la cuerda.
Entre los que desean ir lo más lejos posible figuran el propio Puigdemont o el conseller de la Presidència, Jordi Turull. Entre los más prudentes, la coordinadora del PDECat, Marta Pascal, el conseller Santi Vila o la presidenta de la Diputación de Barcelona, Mercè Conesa. Una correlación de fuerzas que ya se ha manifestado de igual forma en otras ocasiones. En las reuniones del partido, Artur Mas muestra sus reparos a una DUI con el argumento de que provocará una suspensión de la autonomía, pero tampoco desvela cuál sería su apuesta. Por tanto, el texto que se apruebe el fin de semana en el Parlament será la conjunción de todas esas tensiones. ¿Y por dónde puede ir su contenido?
Algunos de los actores mencionados no han visto de momento ni un solo borrador, ya que la dirección del proceso concentrada sigue en manos de muy pocos. Es probable que la declaración contenga el reconocimiento de los resultados del referéndum como vinculantes y, por tanto, como expresión de la voluntad del pueblo de Catalunya de constituirse como Estado. También puede instar a abrir un proceso constituyente, tal como se aprobó en la ley de Transitoriedad Jurídica, suspendida por el Constitucional. Dicha ley prevé tres fases de ese proceso constituyente: una primera participativa, “políticamente vinculante”, a través de representantes de la sociedad civil; una segunda fase sería la constitución de la Asamblea constituyente que redactaría una propuesta de Constitución. Y, en tercer lugar, la ratificación por referéndum. Un proceso que podría llevar unos seis meses. Sería, por tanto, en palabras de un miembro del Govern, “una declaración cuya efectividad se realizaría en plazos” o, dicho de otra manera, que entraría en vigor “de manera inmediata parcialmente”.
La declaración puede incluir una referencia a mantener la oferta de una mediación internacional que ya realizó Puigdemont. En cualquier caso, la intención no es abrir una negociación sobre mejoras en el autogobierno. El presidente de la Generalitat sólo frenará la hoja de ruta del independentismo en caso de que Rajoy acepte dialogar de un referéndum pactado. De todas formas, son conscientes de que el redactado de la declaración que probablemente se aprobará este fin de semana, por más que incorpore matices, puede provocar la reacción inmediata y contundente por parte del Gobierno de Rajoy.
El independentismo discute aprobar una declaración que prevea la independencia a aplicar en varios plazos