Brexit a ritmo de caracol
Hasta ahora ha fracasado la estrategia británica de dividir a los otros 27
Un avión supersónico tipo Concorde vuela a casi tres mil kilómetros por hora; un tren como el Ave se desplaza a 310 kilómetros por hora; un guepardo corre a 120 kilómetros por hora; Usain Bolt tiene el récord mundial de los cien metros lisos en 9.58 segundos; una tortuga avanza a 320 metros por hora; un caracol, entre tres y trece milímetros por segundo. El Brexit es el equivalente político de un caracol.
Quince meses después de que los británicos votaran por salir de la Unión Europea, los progresos en las negociaciones para el acuerdo final de divorcio son escasos. El Brexit se ve lastrado por numerosos factores, al margen de las dificultades intrínsecas del tema: las estrictas condiciones impuestas por Bruselas, la debilidad de la primera ministra Theresa May, las presiones económicas, la pérdida de la mayoría absoluta por los conservadores, las divisiones en el propio Gobierno británico, el constante desafío del ministro de Exteriores Boris Johnson a la línea oficial...
Para los interlocutores europeos, encabezados por Michel Barnier y con un mandato claro de los 27 países restantes sobre cuáles son las prioridades y los objetivos, resulta frustrante la indefinición londinense. En todo este tiempo, básicamente sólo han quedado claras dos cosas fundamentales: primera, que el Reino Unido quiere un Brexit duro, es decir, sin conservar la permanencia ni en el mercado único ni en la unión aduanera. Y segunda, que se ha resignado a que los dos años de negociaciones que contempla un protocolo de separación hasta ahora nunca ejecutado no son suficientes, y va a pedir una prórroga hasta el 2021. De esa manera, los sectores clave de la industria y de la economía se irían preparando, y el golpe sería menor.
Esa demanda de prórroga (o “periodo de implementación”) fue la esencia del discurso de May el mes pasado en Florencia, comprometiéndose a aportar unos 20.000 millones de euros a los presupuestos de Bruselas a cambio del acceso al mercado único durante ese periodo extra, y a hacer que ningún país salga perdiendo económicamente por la salida del Reino Unido. La intención era que la UE accediera a empezar a hablar de la futura relación comercial. Pero no lo ha logrado.
Los 27 permanecen mucho más unidos de lo que esperaba Londres, que fiaba el éxito de su estrategia a la política de divide y vencerás que tan bien le funcionó a su imperio. Exigen que, antes de hablar de otras cosas, los británicos indiquen claramente cuánto dinero están dispuestos a pagar como factura de divorcio (presupuestos ya aprobados con su consentimiento, pensiones de los funcionarios, etcétera), más allá de esos 20.000 millones del periodo de transición. Reconozcan, además, los derechos de los ciudadanos europeos ya residentes en el país (y de los que lleguen antes de que se consuma la salida), y presenten un plan realista para evitar una frontera dura entre el Ulster y la República de Irlanda.
En estos dos últimos capítulos ha habido progresos, sobre todo en el del estatus de los nacionales de la UE, quedando pendientes flecos como el derecho de reunificación familiar. May ha prometido que conservarán todas las ventajas que
El Gobierno británico busca una relación comercial a su medida por ser la sexta economía del mundo
tienen ahora, pero la principal discrepancia es qué tribunales se encargarán de velar por ello, si los europeos, los británicos o uno mixto que se cree especialmente.
La fractura entre los halcones y palomas del Brexit en el Gobierno no se ha resuelto. Boris Johnson, líder del ala dura, ha desafiado a May pintando líneas rojas de su cosecha en las negociaciones, como que durante el periodo de transición Londres no aceptará las sentencias y resoluciones europeas (algo muy difícil de conseguir). Dentro del Gabinete no se ha debatido tan siquiera la factura final a pagar, ni qué concesiones hacer en materia de inmigración para lograr el mayor acceso posible al mercado único.
El Gobierno británico continúa aferrándose al objetivo de un Brexit a medida, con una fórmula especialmente diseñada para el Reino Unido como sexta mayor economía del mundo, con mejores condiciones que las de Noruega o Suiza (países que están fuera de la UE), con reglas diferentes para cada sector industrial y un trato especial para la City, que permita a Londres desmarcarse de la legislación europea en materia de medio ambiente, cuotas pesqueras, trabajo o protección de datos. May quiere ir poco a poco, asumiendo de entrada todas las regulaciones vigentes, y no tocar nada hasta una vez acabada la fase de transición. Pero los euroescépticos desean una revolución ya.