Y Europa cerró la puerta
La represión del 1-O rompe el mutismo de la Unión Europea sobre Catalunya pero no cambia su rechazo al proceso
Esta ha sido la semana en que la internacionalización del conflicto catalán, tan ansiada por el Govern de Puigdemont como rechazada por el Gobierno, se ha consumado. La mala imagen que transmitieron las cargas policiales durante el referéndum del 1-O sacaron de su mutismo a los gobiernos e instituciones de la Unión Europea. Sin embargo, más allá de reprender al gobierno de Mariano Rajoy por el uso de la violencia y hacer llamamientos al diálogo impensables hace no tanto tiempo, por lo que tienen de injerencia en los asuntos nacionales, la aversión de Europa al proceso en su forma actual no ha variado. La puerta a una independencia unilateral está cerrada y así se le ha dicho al Govern. También se está lanzando mensajes a Rajoy para que abra el diálogo pero “para que sean eficaces, han de ser discretos”, afirman fuentes comunitarias.
LUNES 2 DE OCTUBRE. CALLING
BRUSSELS
Las imágenes de la represión policial del 1-O catapultan el conflicto catalán en la agenda europea. Los primeros ministros de Bélgica y Eslovenia reaccionaron a golpe de tuit para criticar la violencia policial y reclamar diálogo. El lunes por la tarde, Rajoy recibe llamadas de Bruselas para interesarse por la situación. Un trago incómodo. Primero, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. “Compartiendo sus argumentos constitucionales, he apelado a encontrar vías para evitar una nueva escalada y el uso de la fuerza”, le dijo el polaco. Llamó luego Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, que al mediodía había hecho pública su primera declaración institucional sobre los “hechos del domingo en Catalunya” para pedir diálogo y respeto a la Constitución, por un lado, y censurar el uso de la violencia, por otro. Conmoción también en el Parlamento Europeo. Las imágenes del domingo siguen frescas en la retina de los eurodiputados, que piden un debate urgente sobre la situación. El PP maniobra con éxito para aplazarlo todo lo posible y rebajar la carga emocional. Se convoca para el miércoles. Conforme avanza el día, la tensión remite. Berlín y París llaman al diálogo pero sin reproches; cierran filas con Madrid y evitan criticar la actuación policial .
Las críticas de la UE a la actuación policial hacen pensar al Govern que su posición ha basculado y sus peticiones de mediación serán escuchadas. Los eurodiputados del PDeCAT y ERC se movilizan para dar máxima difusión a las críticas de sus colegas a la represión del 1-O. El Gobierno español también maniobra y envía a Estrasburgo al secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo, que se entrevista con el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y los jefes de grupo para cerrar cualquier posible fisura en el mensaje. El colegio de comisarios europeos celebra en la capital alsaciana su primera discusión formal sobre el tema. Llega el primer jarro de agua fría. “La Comisión no se considera parte de la situación por eso no ha discutido lo que podría o debería hacer. Es un asunto interno de España. Esperamos que la gente se siente, se calme la situación y se encuentre una solución”, resumió su vicepresidente, Jyrki Katainen.
El debate en la Eurocámara pone de manifiesto que para los grandes grupos políticos la prioridad es reclamar respeto a la Constitución española, impedir una declaración unilateral de independencia (DUI) y promover el diálogo. Se deplora el uso de la violencia como herramienta política pero con menos intensidad de lo que el lunes se valoró, incluso en el Partido Popular Europeo. Ningún grupo político defiende que el 1-O fuera un referéndum legal. Los Verdes e Izquierda Unitaria Europea (IUE) apelan a la mediación europea para resolver el conflicto, como también ha hecho el gobierno de Flandes. Bruselas no la contempla. La ultraderecha enarbola la causa independentista catalana y denuncian la suave reacción de la Comisión ante Rajoy como prueba del fracaso moral de Europa. Timmermans evita censurar la actuación de las fuerzas del orden españolas en Catalunya. “El deber de todo Gobierno es defender el estado de derecho y eso, a veces, requiere el uso proporcional de la fuerza”, afirma, cargando contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por saltarse la ley a conciencia. “España es un es- tado de derecho y sus instituciones son independientes”, defiende el exministro holandés de Exteriores, socialista, en un discurso más contundente de lo esperado y sin guiño alguno al Govern. En Barcelona parecen haberlo captado, se dicen en Bruselas cuando esa noche ven que Puigdemont ha prescindido de la bandera europea en su comparecencia institucional. No es la primera vez pero lo ven significativo; el 1-O, en cambio, se arropó en ella.
JUEVES 5 DE OCTUBRE. LOS PUNTOS
SOBRE LAS ÍES La Eurocámara aclara que “no envió” ninguna delegación de eurodiputados a Catalunya en calidad de observadores internacionales del referéndum “ni autorizó a ninguno de sus miembros a hacer comentarios o declaraciones en su nombre”. El desmentido llega después de que Mario Borghezio (Liga Norte) se identificara “como observador acreditado de la comisión de Asuntos Exteriores”. El italiano y otros nueve eurodiputados (Reformistas, Verdes, IUE) firmaron una declaración emitida por una delegación parlamentaria internacional pero “ninguno había recibido el mandato para hablar en nombre de la Cámara”. La asociación independentista xenófoba Som Catalans está detrás de la invitación a Borghezio, recientemente condenado por racismo.
VIERNES 6 DE OCTUBRE. SELLAR LA CAJA DE PANDORA Proclamar la independencia de Catalunya “sería una locura”, “deshacer España sería deshacer Europa. Si se abre la caja de Pandora, mañana sería el País Vasco y después el País Vasco francés, y luego el norte de Italia y luego la guerra”, advierte el ex primer ministro francés, Manuel Valls. En Bruselas asienten. La UE, sometida a tensiones nacionalistas en varias de sus regiones más ricas, comparte el interés de España en sellar esa caja. En caso de DUI, en breve llegaría una cascada de declaraciones de toda la UE, aseguran fuentes próximas a las conversaciones del Gobierno, advirtiendo que no reconocerán a la autoproclamada República Catalana, que respetan la integridad territorial de España y no tienen más interlocutor que Madrid. La internacionalización del proceso es un hecho.