Nueva amenaza a los ‘dreamers’ de Trump si no logra apoyo para el muro
Plan de la Casa Blanca para endurecer el acoso a inmigrantes aunque sean niños
Cuando parecía que los 800.000 jóvenes que emigraron de niños a Estados Unidos podían respirar aliviados porque su situación iba a resolverse definitivamente mediante un pacto bipartito entre republicanos y demócratas, la Casa Blanca ha planteado como condición para ello un endurecimiento de las políticas de acoso a los once millones de inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en el país. Entre ellas, el apoyo a la construcción del muro en la frontera con México, la promesa estelar de Donald Trump durante la campaña electoral.
El domingo por la noche, la Casa Blanca envió al Congreso la propuesta en forma de paquete de medidas durísimas que dificilmente los demócratas podrán apoyar, con lo que se desvanecen las esperanzas de un acuerdo político que reparara a medio plazo un sistema migratorio que todo el mundo considera insostenible.
Funcionarios de la Casa Blanca especificaron en una conferencia telefónica que, como contrapartida a una solución legislativa para los dreamers –que en ningún caso pasaría por proporcionar la ciudadanía a los beneficiados por el decreto de Obama que les eximía de la deportación–, Trump sostiene ahora que exigirá a cambio de no deportar a los soñadores el apoyo legislativo y presupuestario del Congreso a la construcción del muro en la frontera con México. También la erradicación de las denominadas ciudades refugio, mayoritariamente gobernadas por los demócratas, que acogen a los inmigrantes indocumentados y establecen directivas que dificultan su deportación mientras no cometan delitos. La intención de la Administración Trump es que el Congreso retire todas las subvenciones federales a las ciudades que practiquen las políticas de acogida.
Las medidas de acoso a los indocumentados incluyen la contratación de 10.000 nuevos agentes de inmigración y condiciones aún
más restrictivas para los solicitantes de asilo.
Un aspecto especialmente estremecedor de las medidas que pretende implantar la Administración Trump es la deportación inmediata de niños procedentes de países centroamericanos –Honduras, Guatemala y El Salvador–, que huyen de la violencia de las mafias y que hasta ahora podían permanecer en Estados Unidos si contaban con un familiar que los apadrinara hasta que un tribunal adoptara una resolución sobre su situación. Normalmente estos procedimientos duran el tiempo suficiente para que estos niños se integren definitivamente en Estados Unidos. Para acelerar las deportaciones, Trump quiere contratar también a 370 nuevos jueces
que supervisen casos de inmigración, así como 1.000 abogados más en el servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
“Las nuevas prioridades de la presidencia en materia de inmigración se centran en mantener a los estadounidenses a salvo, asegurar nuestra soberanía mediante fronteras reforzadas y preservar a nuestro país como nación de leyes”, declaró en un comunicado el
secretario de Estado, Rex Tillerson, argumentando que “el primer deber del Gobierno federal es proveer para la seguridad nacional del pueblo estadounidense, y las medidas del presidente Trump pondrán fin a las vulnerabilidades en nuestro sistema de inmigración que limitan la capacidad de proteger nuestra patria”.
Inmediatamente, los líderes demócratas en el Congreso, Chuck Schumer y Nancy Pelosi , que hace apenas un mes habían llegado a un principio de acuerdo con Trump durante una cena que parecía marcar una inflexión en la actitud del presidente de Estados Unidos, reaccionaron alarmados: “No es serio comprometerse a ayudar a los dreamers y plantear un paquete legislativo que es un anatema para ellos, para la comunidad de inmigrantes y para la gran mayoría de los estadounidenses”.
Y el tiempo apremia porque si en marzo no se ha alcanzado un acuerdo, los 800.000 soñadores acogidos al programa DACA implantado por Obama perderán su permiso de trabajo y se verán abocados a vivir en la clandestinidad a riesgo de ser deportados en cualquier circunstancia.
Los demócratas rechazan la ofensiva presidencial y se desvanece la esperanza en un pacto bipartito