La estrategia de los soberanistas, en manos de la Guardia Civil
El nuevo atestado de la Guardia Civil por los hechos ocurridos entre el 20 de septiembre y el 1-O acusa al director de los Mossos, Pere Soler, de intervenciones directas para facilitar el referéndum y proteger a cargos del Govern que participaban de la misma estrategia, con el fin de que no pudieran ser investigados. La existencia de este informe llevó el pasado viernes a la Fiscalía a anunciar que ampliaría sus acusaciones por sedición, que hasta ahora han implicado al major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, además de la intendente de la policía autonómica Teresa Laplana.
El atestado pone de relieve que por orden del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona se realizaron a lo largo del pasado mes de septiembre intervenciones telefónicas que evidencian que los Mossos dieron cobertura a cargos del Govern no para facilitar su seguridad, sino para dificultar “investigaciones que jueces o agentes de la autoridad puedan llevar a cabo”. Una de las personas que tuvo el teléfono intervenido fue Josep Maria Jové, número dos de Oriol Junqueras. La Guardia Civil subraya, no obstante, que los investigados se valían de “sistemas de comunicación” que dificultaban la interceptación de los mensajes.
El domicilio de Jové fue uno de los registrados el 20 de septiembre, y la Guardia Civil da cuenta a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela del hallazgo de un documento al que da especial relevancia. El atestado dice que el título del texto es enfoCATs ,ysu subtítulo Reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica. En el documento se describen diversas hipótesis, que incluyen un ejercicio de “determinación política para la consecución de la independencia, generando como último recurso un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica”. Esta vía debería llevar “al Estado a aceptar la negociación de la separación o un referéndum forzado”. La Guardia Civil estima que, por tanto, “en esta hoja de ruta se contempla la vía unilateral una vez agotadas todas las demás y en el momento en que haya un amplio consenso ciudadano y complicidad internacional”.
El informe remite a la juez Lamela el documento intervenido, y subraya la importancia que a juicio de los investigadores tiene un diagrama, el de la página 16 del texto, “donde se contempla que la declaración unilateral de independencia (DUI) generará conflicto que bien gestionado puede llevar a un estado propio porque concluyen que el Estado español no reconocerá el derecho a hacer un referéndum pero si lo ve todo perdido lo hará hacer para que lo perdamos”.
Añade la Guardia Civil que el documento de estrategia enfoCATs contempla también “que pudiese haber una reacción violenta del Estado con la asfixia económica y judicial acabando en una oferta de negociación si renunciados a la DUI y llegar a un referéndum acordado que habría que ganar”. Se trata, en todo caso, de inclinar a la población a un apoyo creciente, infundiendo confianza, pero considerando a la vez la posibilidad de ir “incrementando paulatinamente el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado”. El supuesto plan estratégico prevé “un gobierno de transición” y luego “un gobierno de la independencia”. El primero afianzaría la gestión y el segundo, “una vez realizado ese trabajo, convocará elecciones cuando sepa que habrá un nuevo parlamento independentista”.
El atestado incluye un texto de estrategia en favor de la inestabilidad para forzar al Estado a aceptar un referéndum