Ordenamiento jurídico vigente.
Un no del president retrotraería la situación a antes del pleno del 10-O
El Gobierno central presenta como una oportunidad el requerimiento que envió el miércoles al president Carles Puigdemont para encauzar el conflicto con Catalunya. De hecho, considera que si el presidente de la Generalitat responde que el martes en el Parlament no declaró la independencia, no sólo se frenaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución con las medidas que el Ejecutivo fuer a plantear, sino que abriría la posibilidad del diálogo que tanto pide. No obstante, el Ejecutivo de Rajoy, sitúa ese diálogo en el marco del Congreso y no en una mesa bilateral específica.
Según las fuentes gubernamentales consultadas, una respuesta nítida de Puigdemont confirmando que no ha habido declaración de independencia retrotraería la situación a antes de la celebración del pleno del 10 de octubre. En esos momentos, el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmaba, en una entrevista a Efe, que no veía motivos jurídicos suficientes para aplicar el artículo 155, que el Consejo de Ministros activó el miércoles y dio lugar al requerimiento que ahora debe contestar el president.
La diferencia es mucha, según las fuentes consultadas, porque en ese estadio político previo a la comparecencia en el Parlament, Puigdemont tendía que afrontar la responsabilidad por la celebración del 1-O y no haber acatado la suspensión de la ley del referéndum. Un asunto grave, pero no tanto como supondría una aplicación de la ley de Transitoriedad y la puesta en marcha del proceso para redactar una constitución catalana. Una actuación que hipotéticamente creaba una nueva legislación paralela al marco constitucional español. Un hecho mucho más grave, desde el punto de vista político y penal.
Si Puigdemont respondiera que no se ha proclamado la independencia, el escenario sería el del diálogo, sostienen desde la Moncloa. No con la mediación que ansía Carles Puigdemont, pero si un diálogo. En el Congreso, con los partidos en la comisión de análisis del modelo territorial que se constituirá a iniciativa del PSOE, pero donde el PDECat y ERC –si los republicanos cambian de opinión– podrán plantear una reforma constitucional posterior, tal y como han pactado Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
Pero para llegar a ese estadio, Puigdemont debería responder que el 10 de octubre no proclamó la república catalana, lo que activó el artículo 155 de la Constitución. Una decisión del Gobierno que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero calificó ayer de una “decisión inteligente” y que hasta alguno de los políticos del PP que más se han enfrentados a Rajoy alaban, y consideran acertada. El Gobierno no quiere pronunciarse sobre lo que hará Puigdemont, ni mostrar pesimismo u optimismo respecto a su respuesta. Sólo Enric Millo, que ayer fue uno de los protagonistas de la recepción en el Palacio Real, por la cantidad de palabras de ánimo que recibió, considera que sólo hay una posibilidad de cada cuatro de que Puigdemont se avenga a reconocer que no hubo DUI. Y eso que el delegado del Gobierno en Catalunya es uno de los pocos del PP que sigue manteniendo un contacto habitual con el president.
Cualquier otra respuesta que no sea negar la independencia llevaría al Gobierno a poner en marcha la
El Ejecutivo da mucha importancia al hecho de que no se haya aplicado la ley de Transitoriedad suspendida por el TC
segunda fase del artículo 155, con la aprobación en Consejo de Ministros de las medidas que considere necesarias para volver a la legalidad. Unas medidas que el Ejecutivo sigue negociando con el PSOE, y que no están cerradas. Ese Consejo de Ministros las remitiría al Senado, donde se crearía una comisión mixta en la que participarían senadores de la comisión general de comunidades autónomas y de la comisión Constitucional, por el tipo de competencias que se verían afectadas y la propia aplicación del artículo 155 de la Constitución.