Mas hace un primer depósito de 2,2 millones por el 9-N
El expresident de la Generalitat Artur Mas hizo ayer un primer depósito de 2,2 millones de euros al Tribunal de Cuentas, para responder a la exigencia de la fianza correspondiente a los gastos realizados para organizar la consulta del 9-N. El total reclamado por dicha institución asciende a 5,2 millones, y el plazo para hacer frente a esta caución terminaba el próximo día 20. Pero estos plazos no se cumplirán. Mas ha pedido que se amplíe otras dos semanas. Lo habitual en estos casos es que la solicitudes de ampliación se concedan, aunque a veces el aplazamiento es por un periodo inferior al solicitado.
Los 2,2 millones de euros abonados son la cantidad recaudada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana para responder a las reclamaciones del Tribunal de Cuentas. Esta institución considera que Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, Francesc Homs y otros seis altos cargos de la Generalitat incurrieron en responsabilidad contable por destinar fondos públicos a la consulta del 9-N, por la que ya fueron condenados en primera instancia y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
El ingreso de los 2,2 millones de euros fue formalizado por el abogado Rafael Entrena, en nombre y representación de todos los ex altos cargos de la Generalitat sobre los que recaen las actuaciones del Tribunal de Cuentas.
Todos ellos actúan mancomunadamente y en su escrito hacen constar que quieren “poner de manifiesto” que el depósito “no tiene carácter de reintegro”, al entender que “la liquidación provisional está absolutamente injustificada, al no haberse dado ninguna actuación susceptible de ser calificada como alcance (deuda), ni mucho menos malversación, ni infracción contable alguna”.
Se subraya en el escrito que, en consecuencia, la cantidad consignada lo es con “la estricta finalidad de responder al requerimiento de garantizar la responsabilidad establecida provisionalmente”. Lo que ha hecho hasta ahora el Tribunal de Cuentas es, en efecto, desarrollar una hipótesis –que la Generalitat se vio perjudicada en sus fondos por el gasto de 5,2 millones en la consulta del 9-N–, por lo que ha exigido una fianza, para asegurar que ese pago se hará si al final se dicta sentencia contra los acusados.
La Generalitat, en todo caso, no reclama cantidad alguna porque estima que dicho perjuicio no se produjo.
En cuanto a la cantidad pendiente, al menos una aseguradora declinó hacer frente al pago, por estimarlo no cubierto por el contrato existente con los exaltos cargos. Los investigados, a su vez, discutirán especialmente lo que se les reclama por la compra de ordenadores –3,04 millones– porque siguen siendo utilizados por la administración catalana.
La defensa de los investigados pide ampliar el plazo en quince días para completar el pago