Una mala noticia
LA juez Carmen Lamela dictó anoche prisión incondicional sin fianza para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, máximos dirigentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, respectivamente. El major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente de este cuerpo Teresa Laplana habían sido previamente puestos en libertad con medidas cautelares, tras presentar declaración, también en la Audiencia Nacional, y a pesar de que el fiscal pidió prisión incondicional para ellos.
La decisión de la magistrada, que había citado a los mencionados tras imputarlos por presunto delito de sedición, añade un nuevo, inoportuno y preocupante elemento de tensión al conflicto que enfrenta al Govern de la Generalitat con el Gobierno central. Incluso el PSC, que no ha apoyado la hoja de ruta del independentismo fuera de la ley, calificó la medida de desproporcionada. Es una muy mala noticia. Dicha tensión puede trasladarse ahora fácilmente de despachos institucionales y juzgados hacia la calle, donde las posibilidades de que la situación se descontrole se multiplican. Ojalá no sea así. Pero el riesgo existe. Ayer se convocaron ya concentraciones y paros para hoy. Los líderes de la ANC y Òmnium participaron, ciertamente, en la concentración ante la Conselleria d’Economia, el 20 de septiembre. Pero se hace difícil entender que ahora se dicte prisión para quienes se han distinguido organizando unos Onze de Setembre masivos y pacíficos.
El día de ayer no había empezado mal. Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, respondió por carta a primera hora al requerimiento del Gobierno. En ella, no aclaró si en la sesión del Parlament del día 10 proclamó la independencia o no, como se le pedía. Esta misiva, presidida por la invitación al diálogo, causó frustración en Madrid. En su respuesta, Rajoy insistió en que la requerida aclaración era absolutamente necesaria y emplazó al president a darla el jueves.
La primera impresión, tras leer las cartas, fue que seguíamos donde estábamos. La Generalitat pretendía negociar la independencia, y el Gobierno, la restauración del orden constitucional. Sin embargo, era también digno de mención el buen tono de estas cartas, así como el de las declaraciones que las acompañaron. El de la misiva de Puigdemont era conciliador. Rajoy, en su respuesta, hacía menos concesiones, pero no cerraba todas las puertas. Ni uno ni otro se habían precipitado, y la situación no parecía empeorar. Esa era la buena noticia a mediodía. Cierto es que el reloj avanzaba inexorable y que el plazo para conocer el alcance de la aplicación del 155 iba a demorarse tan sólo hasta pasado mañana, jueves. También lo es que ningún 155 sería de fácil digestión para la Generalitat, puesto que menoscabaría las facultades del Govern. Ahora bien, el estilo de las cartas dejaba margen para la esperanza.
Pero al trascender la orden de prisión para Sànchez y Cuixart esa esperanza se debilitó. Ahora será más difícil que se abra camino. Lo hemos dicho y reiterado: este conflicto sólo se resolverá con diálogo. Para que sea posible, Puigdemont debe entender que no cabe imponer la independenciasobrelaley.YRajoy–comosugirióayerelabad de Montserrat–, que en nada ayudará humillar al Govern y al independentismo, aunque la ley le dé en esta partida más bazas que a Puigdemont. La hora es crítica, pero no altera nuestro criterio: no se trata de que gane una de las partes, sino de que ambas dialoguen y, así, todos los catalanes dejemos de perder. Ya hemos perdido mucho. Y podemos perder más aún.