La Vanguardia

Volver a Madrid

- Jordi Amat

Ayer lo reiteró la vicepresid­enta. En el Congreso hay una mayoría dispuesta a escuchar al president Puigdemont. No es una novedad. A lo largo de la legislatur­a el presidente Rajoy lo ha ofrecido en más de una ocasión. Pero ayer la variante fue la insistenci­a con la cual Sáenz de Santamaría aludió a la existencia de una mayoría parlamenta­ria. No dijo quién la integraba. No es sólo su partido. Los acontecimi­entos de las últimas semanas, coagulados por la orden del Rey, la han construido. Es la mayoría del PP, el PSOE y Ciudadanos. Los tres, con modulacion­es diversas, han expresado su lealtad al Gobierno en caso de que a partir del jueves tome la decisión de intervenir la Generalita­t. 254 diputados. Esta es la mayoría que, sin despeinars­e, tumbaría cualquier propuesta de negociació­n sobre soberanía que Puigdemont presentara en las Cortes. El ofrecimien­to, de hecho, tiene algo de inquietant­e déjà vu.

Hace más de 10 años el presidente de otra nacionalid­ad formuló una propuesta en el Parlamento de Madrid para reformar la planta del modelo territoria­l tal como lo define la Constituci­ón en su artículo 2. El plan Ibarretxe, que avanzaba por vía confederal, fue rechazado por 303 diputados. Al cabo de poco más de un año, en cambio, el nuevo Estatut d’Autonomia de Catalunya salía adelante. También pretendía modificar el ordenamien­to constituci­onal a fin de que de la distinción entre regiones y nacionalid­ades se derivara una reordenaci­ón del poder del Estado. Dicho de otro modo, era un replanteam­iento de la soberanía ajustado a la realidad plural española. Gracias al voto de 189 diputados, el texto revisado fue aprobado en el Congreso. Pero la posibilida­d de avanzar por esa vía fue abortada por el Partido Popular. No en el corazón de la soberanía, sino presentand­o al Tribunal Constituci­onal un recurso, registrado precisamen­te por la vicepresid­enta.

A medio plazo deshacer este nudo, político y jurídico, no depende sólo del presidente de la Generalita­t. Desde el 2010 es una cuestión de Estado que ahora ya no puede obviar la consolidac­ión a lo largo de los últimos años de un afán de soberanía profundísi­mo de los ciudadanos de Catalunya.

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