El fiscal pide de 3 a 5 años de prisión a la anterior cúpula de Abengoa
Empieza el juicio por indemnizaciones millonarias a los anteriores gestores
El juicio por las indemnizaciones millonarias de Abengoa comenzó ayer en la Audiencia Nacional con la declaración del ex consejero delegado de la entidad Manuel Sánchez Ortega. La acusación es de administración desleal, por la que el fiscal pide que el ex número dos de la sociedad sea condenado a 4 años y 3 meses de prisión. Sánchez Ortega recibió una indemnización de 4,5 millones de euros por su cese anticipado, y según el fiscal lo hizo a sabiendas de que la compañía “ya atravesaba una grave crisis, y se estaba a punto de negociar o se había negociado con los bancos financiadores y aseguradores de la ampliación de capital”.
El ex consejero delegado de Abengoa aseguró en el interrogatorio que su marcha se debió a cuestiones personales y que la situación de la compañía era de “absoluta normalidad” cuando cesó. El volumen de contratación y de ventas crecía–añadió-, y el volumen de deuda se encontraba “en sus niveles más bajos”. En respuesta a las preguntas del fiscal del caso, José Perals, Sánchez Ortega dijo también que los avisos dados por la agencia Fitch en octubre del 2014 en el sentido de que Abengoa tuviera deuda oculta no respondían a la realidad, aunque causaron graves perjuicios a la firma, ya que la caída en bolsa se aproximó al 40%.
Junto a Sánchez Ortega se sientan en el banquillo el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea, cuya indemnización ascendió a 11,4 millones de euros, y la que fuera presidenta de la comisión de nombramientos y retribuciones, Mercedes Gracia, así como dos de sus consejeros, Antonio Fornieles y Alicia Velarde. Para Benjumea el fiscal solicita cinco años de prisión y para los otros tres acusados entre 3 y 4 años y 6 meses de cárcel, en todos los casos por el mencionado delito de administración desleal.
El ex número dos de Abengoa subrayó en el juicio que tomó la decisión de marcharse porque tras 25 años en la compañía, consideró que había terminado su etapa. Y añadió que durante ese tiempo había conseguido “hitos importantes”, entre los que citó “un proyecto importantísimo con un fondo de inversión norteamericano o la salida a bolsa de la filial”. A pesar de todo ello, añadió que nunca llegó a cobrar los 3,3 millones de euros de bonus que había asignado el consejo al no conseguirse los objetivos anuales. También consideró “normal” el contrato que firmó con la compañía como asesor del consejero delegado entrante. Estuvo sólo un mes en ese puesto, “sin responsabilidad ejecutiva ni posibilidad de toma de decisiones”.
Abengoa presentó a finales del 2015 una solicitud de preconcurso de acreedores en el juzgado de lo mercantil de Sevilla. Este hecho, junto a la salida de los miembros de la antigua cúpula, dio inicio a la interposición de acciones legales por parte de los bonistas de la sociedad. Dos meses antes, en septiembre, Abengoa había comunicado a la CNMV que el Banco de Santander, HSBC y Credit Agricole habían asumido el compromiso de asegurar 465 millones para la ampliación, pero a la vez informaba de que se suspendía el pago de dividendos a los accionistas como para reducir el endeudamiento de la sociedad.
A la vista de todos estos datos, la Fiscalía considera que Sánchez Ortega y Benjumea se vieron favorecidos por las citadas indemnizaciones millonarias habiendo tenido conocimiento de la situación de Abengoa, correspondiente a “una grave crisis”. Y estima que los otros tres imputados participaron en las decisiones irregulares que se enjuician siendo conscientes de su ilegalidad.
Sánchez Ortega, ex consejero delegado, se llevó 4,5 millones de euros en pleno proceso de ampliación