Los temas del día
La respuesta de Carles Puigdemont al requerimiento de Mariano Rajoy, y el discurso de Xi Jinping en el Congreso del Partido Comunista chino.
SI Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, no lo evita, el Gobierno central iniciará hoy el trámite para aplicar el artículo 155 de la Constitución y, en mayor o menor medida, Catalunya verá suspendida su autonomía. Antes de las diez de la mañana, Puigdemont puede abandonar toda tentación de proclamar una DUI y, acto seguido, convocar elecciones autonómicas anticipadas. Si así lo hiciera, entraríamos en una nueva y esperanzadora fase política, sin 155. Si, en cambio, se inclina por seguir dando largas al requerimiento de Mariano Rajoy para que aclare si el pasado día 10 proclamó o no la independencia; o, lo que sería peor, si sigue su huida hacia delante y espera a que el presidente del Gobierno aplique el 155 para, a continuación, proclamar una DUI inequívoca y, acto seguido, convocar elecciones catalanas constituyentes, todo el rigor del Estado podría caer sobre Catalunya.
Esta segunda opción permitiría a Puigdemont pasar a la historia como el presidente de la Generalitat que proclamó –vanamente– la independencia de Catalunya. También como aquel cuyas políticas, lejos de cristalizar en la anhelada emancipación, condujeron a Catalunya a la suspensión de su autonomía. Y, probablemente, también como quien condujo a su país a un periodo de inestabilidad, del que no cabe excluir violentos episodios de enfrentamiento civil.
Desde la óptica del independentismo expeditivo, estos peligros no son tales, sino una consecuencia lógica del proceso. No debe darse –opinan– un paso atrás, porque el logro de la independencia es un fin superior en cuyo altar deben realizarse todo tipo de sacrificios. Incluido el de la convivencia. Y quien sabe si el de algunas vidas. Nuestro punto de vista es, por supuesto, otro. Creemos que Puigdemont ha ido ya muy lejos en su lucha por la independencia, más que ninguno de sus antecesores, así como en su desafío al Estado. Para un activista, la única actitud digna de consideración quizá sea la de seguir adelante, aunque eso suponga asumir graves riesgos. En cambio, para un político conocedor de sus obligaciones con todos los ciudadanos lo prioritario es conservar el bienestar colectivo. En este afán, Puigdemont no estaría solo. Hay mucha gente en su partido, e incluso entre independentistas de otra filiación, que en la actual coyuntura preferiría asistir al triunfo del buen juicio y la prudencia sobre la temeridad. Y no al revés. Estos sectores no valoran la prudencia como una derrota, aunque pueda parecerlo a corto plazo, sino como una victoria potencial a medio y largo plazo. Permitiría conservar un buen margen de maniobra. Contribuiría a la salvaguarda de las instituciones. Y nos acercaría a una solución negociada, la única deseable y merecedora de ese nombre. Puigdemont debe reconocer que no hay dignidad en el suicidio colectivo, y menos cuando lo decide uno y lo sufren todos.
Si el presidente de la Generalitat opta por picar espuelas y seguir al galope, se acercará pronto a un horizonte negro, bien definido. Lo describíamos en nuestra edición de ayer: antes de una semana, cuando el Senado haya visado el 155, la autonomía catalana –que goza de libertades sin precedentes– será suspendida, se verá despojada de sus competencias, se disolverá el Govern y los ministerios asumirán sus facultades. Así será por un periodo todavía indefinido, hasta que el poder central estime conveniente convocar, a su vez, elecciones. En suma, los catalanes dependemos de Puigdemont, enfrentado hoy a una responsabilidad histórica.