“President, posi les urnes”
El Consejo de Ministros, reunido ayer en Madrid en sesión extraordinaria, ha acordado solicitar al Senado la activación del artículo 155 de la Constitución para restablecer el “orden constitucional” en Catalunya, a raíz de los acontecimientos de los últimos dos meses.
El Consejo de Ministros solicita del Senado la aprobación de un paquete de medidas que, en su conjunto, suponen la suspensión de la autonomía de Catalunya, aunque el Estatut siga en vigor y el Parlament no resulte clausurado. El Gobierno de España quiere hacerse cargo por un periodo indeterminado de tiempo –un máximo de seis meses, supeditado al restablecimiento de la “normalidad y la convivencia”– de la gestión de la Generalitat, previo cese del presidente Carles Puigdemont, del vicepresidente Oriol Junqueras, y de todos los demás miembros del Consell Executiu. El Gobierno central asumirá la dirección de todas las áreas, departamentos, institutos y empresas públicas de la Generalitat a través de los correspondientes ministerios, y efectuará los nombramientos que estime oportunos para asegurarse el pleno control de la administración autonómica durante el tiempo que dure la aplicación del artículo 155. Las áreas de intervención preferente serán presidencia, finanzas, seguridad (Mossos d’Esquadra), informática y telecomunicaciones, y los medios de comunicación públicos (TV3 y Catalunya Ràdio). La primera medida que el Ejecutivo pide al Senado es la asunción por parte del presidente del Gobierno de la competencia para disolver el Parlament y convocar elecciones (artículo 56 y disposición transitoria segunda del Estatut), hasta ahora en manos del presidente de la Generalitat. Esta es la competencia clave en la crisis política en la que estamos inmersos. El Parlament no será disuelto –difícilmente podría hacerse tal cosa sin transgredir gravemente la Constitución–, pero también queda bajo control. La Cámara catalana no podrá aprobar ninguna ley o resolución que a priori se juzgue inconstitucional. El Gobierno se reserva el derecho de veto sobre sus iniciativas. Este paquete de medidas será aprobado con toda probabilidad el próximo viernes por el pleno del Senado con el apoyo del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, con el tácito aval de la Unión Europea, expresado estos últimos días con el apoyo explícito de sus principales dirigentes al Gobierno español.
Estamos ante la versión más dura del artículo 155 que cabía imaginar. No es la intervención “mínima” que hace unos días daban a entender algunos dirigentes del PSOE. Es una intervención completa de la autonomía catalana que afecta a la esencia misma de los pactos de 1977. Hace ahora cuarenta años, la Generalitat fue restablecida antes de la Constitución para asegurar la adhesión de la sociedad catalana al nuevo proyecto democrático español. Cuatro décadas después, el pacto está roto. El Gobierno central, y los partidos que en esta circunstancia le dan apoyo, consideran que ha sido roto por las instituciones catalanas al aprobar e impulsar una serie de medidas claramente inconstitucionales tendentes a la secesión. Los gobernantes catalanes y la actual mayoría parlamentaria consideran que el pacto quedó roto con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en junio del 2010 y por la ausencia de diálogo político desde entonces. El pacto, en cualquier caso, está roto. Las drásticas medidas que propone el Gobierno dibujan un antes y un después. La Generalitat tal y como la hemos conocido estos últimos cuarenta años está en peligro. Nos hallamos ante un vertiginoso giro de la política española, cuyas repercusiones van más allá del estricto ámbito del autogobierno de Catalunya.
La situación es vertiginosa y el fondo de la cuestión no ofrece dudas. La independencia de bajo coste no existe. El relato según el cual Catalunya podía construir un Estado propio sin trauma alguno era falso. Desgraciadamente hubo personas de buena fe que se lo creyeron, pese a quienes les advertíamos en sentido contrario. La Unión Europea no ofrece ningún apoyo a la independencia catalana. Ningún país relevante del mundo, ni siquiera Rusia, está dispuesto a apostar en estos momentos por la desestabilización de España. La economía catalana ya está sufriendo las consecuencia del proyecto secesionista. Centenares de empresas están trasladando su sede social fuera de Catalunya. Los pedidos de la industria caen y los consumos disminuyen. La sociedad catalana vive sumida estos días en un estrés sin precedentes en las últimas décadas. Hay personas que comienzan a ver en peligro sus puestos de trabajo. Existe el riesgo de enfrentamiento civil. Ese peligro es real y debemos advertirlo. A este preocupante cuadro, se le suma ahora la versión más dura que podíamos imaginar del artículo 155. Para atajar la situación, el Gobierno propone la intervención total de la autonomía hasta nuevo aviso. Seis meses supeditados al regreso de la “normalidad”.
La hora es grave y no podemos aplaudirla. No podemos aplaudirla porque el drama se podía haber evitado. En ningún lugar estaba escrito que la respuesta a la desgraciada tramitación del Estatut tuviese que ser la vía independentista. Podía haber sido una respuesta más abierta, más plural, más transversal, más unitaria, más reformista, más practicable y más atenta al variable marco político español. Así lo defendimos desde estas páginas en noviembre del 2009. Los gobernantes catalanes optaron abiertamente, tres años más tarde, por la vía soberanista, que dejaba fuera de cuadro a muchos catalanistas y a muchos ciudadanos sin filiación precisa interesados en un mejor acomodo de Catalunya en España. Desde noviembre del 2012, hace ya cinco años, la dinámica catalana quedó secuestrada por las posiciones más maximalistas, sin responsabilidades de gobierno (primero ERC, después la CUP). Defendemos la Constitución, no deseamos la ruptura con España, hemos criticado reiteradamente el quietismo del Gobierno español estos últimos años, hemos abogado siempre por la vía del pacto, pero no podemos aplaudir este momento triste, injusto e inquietante.
No nos resignamos, sin embargo. La dramática desactivación de la Generalitat aún puede ser evitada en los próximos días, si el presidente Carles Puigdemont opta por la inteligencia política. El autogobierno puede ser salvado si en los próximos días el presidente de la Generalitat, haciendo uso de sus funciones, disuelve el Parlament y convoca elecciones sobre la base de la legalidad vigente. Parar el reloj de la crisis institucional. Dar la palabra al pueblo, para que este decida qué rumbo tomar ante tan grave situación.
Apelamos desde aquí al patriotismo del presidente Puigdemont, que anoche se dirigió al país para expresar su indignación. Hay que defender la Generalitat. Hay que defender la institucionalidad catalana ganada con tantos sacrificios y esfuerzos. Hay que poner por delante de todo la estabilidad y el progreso económico, el bienestar y la tranquilidad de la gente. Todo un tiempo histórico está en peligro. “President, posi les urnes!”.