Horas extras en el TC
Es poco probable que se mantenga la unanimidad entre los magistrados
La aplicación del 155 hace prever más trabajo para el Constitucional por las impugnaciones que se llevarán a cabo.
En el Tribunal Constitucional (TC) se ha impuesto ya el convencimiento de que va a tener que examinar las medidas aprobadas ayer por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución, porque algunas de ellas tienen un difícil encaje constitucional y, sin duda, van a ser impugnadas. El primer problema será de legitimación, es decir, quién y cómo puede presentar un recurso. En el TC se da por descontado que si no lo hace la propia Generalitat lo hará Podemos, que con sus confluencias puede alcanzar los 50 diputados que se precisan para formalizar un recurso de inconstitucionalidad. Y es posible que detrás de la impugnación se sitúe un conjunto de partidos nacionalistas con representación parlamentaria.
Hay una tercera posibilidad que tampoco cabe descartar, consistente en que uno o más diputados consideren que las limitaciones impuestas a la tarea del Parlament atacan sus derechos fundamentales y presenten un recurso de amparo. Por esta vía han actuado en diversas ocasiones parlamentarios del PP, Cs y PSC frente a decisiones de la Mesa del Parlament que estimaron contrarias al derecho de participación política de los ciudadanos a través de sus representantes. Y no les fue mal, porque el TC consideró en más de una ocasión que, en efecto, se habían cercenado sus derechos al limitarse su capacidad de actuación en la Cámara.
Bien es cierto, sin embargo, que en estas ocasiones –por ejemplo, en las votaciones de los pasados días 6 y 7 de septiembre, con la aprobación de la ley del Referéndum y la ley de Transitoriedad Jurídica– se estaba en una situación de normalidad teórica, y no de aplicación de medidas excepcionales, como las que prevé desarrollar el artículo 155 de la Constitución. En todo caso, llegue por donde llegue, la impugnación de alguna de las propuestas aprobadas ayer por el Gobierno, con la anuencia de PSOE y Cs, va a suponer un nuevo reto para el Constitucional.
De entrada, si la Generalitat recurre se planteará el problema relativo a su legitimación, una vez que el actual Govern haya sido cesado. Hasta que el Senado no autorice al Gobierno a aplicar las medidas propuestas ayer , no hay nada que recurrir. Lo discutido por el Gobierno no es ejecutivo hasta que la Cámara Alta dé luz verde. Ahora, por así decirlo, no existe, o no existe como materia recurrible.
Cuando salga del Senado la citada autorización y se aprueben los correspondientes decretos o decretos leyes, ya podrán recurrirse. Alguno de esos textos será el haya supuesto el cese del president de la Generalita, Carles Puigdemont, y de todos los consellers de su Govern. ¿Cabe que presente un recurso un Ejecutivo cesado? En el Constitucional hay quien cree que, indudablemente, sí le cabe recurrir y que sería inexcusable admitir a trámite esa impugnación, para luego resolver sobre el fondo de lo que se propusiera. Pero de nuevo es muy dudoso que el Constitucional pudiera pronunciarse con unanimidad sobre este punto.
Como es también poco probable que hubiese pleno acuerdo en el TC sobre la constitucionalidad de las limitaciones concretas impuestas al Parlament, que ya no podrá controlar al equipo de gobierno que se haga cargo de la Generalitat ni convocar la investidura de un nuevo president, por ejemplo. Estos aspectos constituirían el debate sobre el fondo de la cuestión. Aquí la pregunta es ya si el artículo 155 permite sustraer a una cámara legislativa competencias esenciales, vinculadas a sus funciones representativas. En el
El recurso puede llegar por tres caminos, la Generalitat, los diputados de Podemos, o por vía de amparo
TC hay quien opina que, sin duda, cabe recortar las atribuciones del Parlament igual que es posible hacerlo con las del Govern.
Y como epílogo, ¿qué pasa si Puigdemont convoca elecciones y proclama la independencia antes de ser cesado? ¿Podría ser entonces el Gobierno el que recurriera al TC esa convocatoria? Podría, desde luego, pero de nuevo estaría en riesgo la cohesión del Constitucional, porque hay quien piensa que es el Gobierno el que en ningún caso puede utilizar el 155 para convocar unas elecciones autonómicas.