LA PRIVATIZACIÓN HONDUREÑA
Hond ras prete dec ear zo as don e ose pliq a legislación para pote rla economía .
El hotel Gran Mediterráneo de San Pedro Sula albergó durante una noche a principios de septiembre a los protagonistas de la tensa coyuntura política (y futbolística) en Honduras. La selección hondureña de fútbol esperaba nerviosa su partido crucial contra Estados Unidos, que se celebraba el día siguiente. Lo hacía con el apoyo moral de Salvador Nasralla, el candidato de la coalición opositora, Alianza, en las elecciones presidenciales del próximo 26 de noviembre. Nasralla, celebridad de la televisión que siempre viaja con la selección, fue fichado por el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en un golpe de Estado en el 2008, para dar una cara popular y maquillada a la izquierda.
En la planta baja del hotel, los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral habían alquilado una sala para hacer los preparativos para los inminentes comicios. Parecían más tensos todavía que los futbolistas. Y no era para menos. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, no sólo ha hecho la vista gorda ante múltiples violaciones de los derechos humanos y asesinatos de activistas como Berta Cáceres, desde que llegó al poder en el 2012. Ha ido ampliando su poder también en el área judicial y legislativa. “Hernández controla el Tribunal Supremo, el Congreso nacional, la Fiscalía general y y el Tribunal Supremo Electoral”, explica un exministro. Nasralla, en una rueda de prensa improvisada en el aeropuerto de Tegucigalpa después del partido, alertó sobre la elevada probabilidad de fraude electoral.
El paradero de la selección estadounidense, mientras tanto, era desconocido. Por motivos obvios. Aunque el número de homicidios ha bajado en Honduras desde el 2012 de 90 a 59 por cada 100.000 ciudadanos tras un agresivo despliegue militar y policial, San Pedro Sula sigue siendo una de las ciudades más violentas del mundo, territorio de la mara Salvatruverse cha y de diversos grupos de narcotraficantes. (En España hay un solo homicidio al año por cada 100.000 ciudadanos). El equipo norteamericano se escondía por el miedo a ser secuestrado.
Al final, el partido quedó en empate. Y gracias a la derrota de los norteamericanos la semana pasada contra Trinidad y Tobago, Honduras ha llegado a la fase final del Mundial. La noticia de la eliminación de los gringos se celebró a lo grande en los bares de San Pedro Sula. Pero en la Honduras de Juan Orlando Hernández, los lazos con EE.UU. jamás han sido tan estrechos. En las calles pueden El presidente conservador hondureño quiere
crear ciudades modelo gestionadas por empresarios y
ultraliberales estadounidenses policías armados hondureños que llevan en sus uniformes el escudo –estrella y alas– de la policía fronteriza estadounidense especializada en la detención de migrantes antes de que emprendan su marcha hacia Estados Unidos. “He acompañado a las unidades de la policía hondureña y lo que se comprueba es la externalización de la seguridad de la frontera desde EE.UU. hasta dentro de Honduras”, dice Todd Miller, el autor del libro Border Patrol Nation.
Al mismo tiempo, existe una colaboración sin precedentes entre el Pentágono y las nuevas tropas de élite hondureñas formadas por expertos estadounidenses para la guerra contra los narcos. “Me siento más orgulloso de Honduras que de ningún otro país”, dijo el general John Kelly, excomandante del Comando Sur –el centro de operaciones militares de Estados Unidos en América Latina– y ahora jefe de Gabinete y hombre fuerte en seguridad de la Administración Trump.
En verano, Hernández y Kelly pactaron más apoyo militar en una cumbre, junto con los presidentes de Guatemala y El Salvador, celebrada en el cuartel general del Comando Sur en Miami. “Después de los recortes a la ayuda al desarrollo, el apoyo estadounidense a Centroamérica, ya con Trump, va a venir vestido de uniforme”, resumió un informe del
think tank CEPR en Washington. Esto ocurre pese a los nuevos indicios aparecidos de que el antecesor de Hernández en la presidencia y compañero de partido, Pepe Lobo, fue sobornado por narcos. El hijo de Lobo ya está en la cárcel en Estados Unidos acusado por delitos de narcotráfico.
La pieza definitiva de la alianza entre EE.UU. y el país más leal de su patio trasero se colocará con toda seguridad si Orlando Hernán-
dez se impone en las urnas el mes próximo. Tras el anuncio de la primera llamada Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en la costa del Pacífico, todo indica que ya está en marcha uno de los experimentos más radicales de cesión de soberanía nacional desde los famosos enclaves plataneros en San Pedro Sula a principio del siglo XX, cuando la United Fruit Company convirtió a Honduras en el prototipo de la república bananera.
La idea de crear nuevas jurisdicciones fuera del control del gobierno nacional, y gobernados por comités de empresarios y expertos técnicos, la mayoría extranjeros, la tuvo hace diez años el economista estadounidense Paul Romer, actualmente jefe de análisis económico del Banco Mundial. Romer planteó que Honduras, un Estado fallido, de violencia endémica y cuyas instituciones públicas estaban infiltradas por el narcotráfico, sería un buen lugar para realizar el experimento de las llamadas ciudades modelo.
Aconsejó elegir territorios escasamente poblados y sacarlos del sistema de legislación y regulación existente. Serían islas de buen gobierno, libres de corrupción y de violencia con un entorno muy atractivo para los inversores extranjeros. “La clave es dar la opción a la gente de venir a participar en el proyecto o no; es decir, que sea un territorio sin muchos habitantes al inicio; y al mismo tiempo, aunque haya bastante poder ejecutivo, es imprescindible que exista la opción de echar a las autoridades democráticamente”, explicó Romer en una entrevista concedida a La Vanguardia en Washington.
Hernández y su colaborador Octavio Sánchez elaboraron un plan de crear ZEDEs en decenas de localidades con el fin de atraer capital a proyectos como la modernización los dos puertos de Amapala, en el Pacífico, y Puerto Cortés, a media hora de San Pedro Sula, en el Caribe, conectados por una carretera rápida.
“Vamos a hacernos con el 5% de la mercancía que pasa por el canal de Panamá”, insistió Hernández en un discurso en Nueva York. Otras ZEDEs se crearían para proyectos de minería y turismo. En Amapala, una empresa coreana se mostró interesada, aunque fuentes próximas al proyecto dicen que es poco probable que siga adelante.
Sin embargo, asesorado por el neoconservador Mark Klugmann, que escribía los discursos de Ronald Reagan, Orlando Hernández ha puesto en marcha un plan mucho menos transparente que el de Romer.
El consejo gestor de las ZEDEs está compuesto por 21 personas, nueve de ellas estadounidenses de ideología libertarista (que afirma la vigencia suprema de la libertad individual) y sólo cuatro hondureños. Los estadounidenses incluyen a Klugmann, a Michael Reagan, hijo del expresidente conservador, Grover Norquist, otro reaganista involucrado en la financiación de la Contra en Nicaragua, y Newt Gingrich, aliado de Trump en el Congreso. Entre los tres europeos está Barbara Kolm, la economista hayekiana vinculada al ultraderechista Partido de la Libertad austriaco.
Estos serán los gobernantes de decenas de nuevos municipios –algunos bastante poblados ya– en los que la Constitución hondureña –con sus garantías de derechos de libre asociación, libre expresión, libre movimiento y mucho más– ya no tendrá vigencia.
Cuando el Tribunal Supremo falló que el plan ZEDE violaba la Constitución, Hernández expulsó a los cuatro jueces disidentes. Esto le ha servido también para lograr el apoyo del tribunal para su plan de reelección, imposible según la Constitución.
Romer hace tiempo que se desentiende de las ZEDEs. “Los hondureños han creado zonas especiales bajo el control de una entidad que jamas será sometida a control democrático”, me explicó. “Es una especia de club de aristócratas”. En Trujillo, en la costa caribeña, se teme que la ZEDE sea un pretexto para expulsar a miles de pescadores y campesinos de la comunidad afrohondureña de Garifuña aprovechando la ausencia de títulos de propiedad. “Las expropiaciones ya son una realidad”, dijo Félix Omar Valentín, activista de Ofraneh.
Muchos de los activistas y líderes campesinos muertos, como Cáceres, tienen que ver con las expropiaciones. Los defensores de las ZEDEs insisten en que darán la oportunidad de crear territorios librados de la vieja cleptocracia hondureña, esas diez o doce familias oligárquicas que mantienen desde siempre el poder absoluto. Pero Julio Raudales, exministro de Planificación, ya no lo ve claro: “Yo, al principio, pensaba que sí.¿Por qué no ofrecerles a los hondureños la oportunidad de quedarse en su país en vez de emigrar a Estados Unidos, creando un territorio con reglas y normas de Estados Unidos?”, dijo durante una entrevista en Tegucigalpa.
Pero la realidad es otra: “Las ZEDEs ahora se ven como una forma de buscar dinero fácil para los inversores de aquí; las mismas empresas que han secuestrado al Gobierno”, añadió.
Beth Geglia, antropóloga de la American University en Washington, que ha hecho su tesis doctoral sobre las ciudades modelo, hasta ve señales de que las ZEDEs puedan acabar siendo “territorios liberados” para el disfrute de los narcos. Nasralla se compromete a abandonar el proyecto si gana. Pero en el hotel Gran Mediterráneo no quedaba muy claro que esté permitido que gane.