El Govern cesado y el Parlament limitado
La aplicación del artículo 155 de la Constitución, que habilita a la Administración central a intervenir en el gobierno de una comunidad autónoma, implicará la destitución de todo el Govern de la Generalitat. El presidente del Gobierno, que ayer compareció ante los medios para explicar esta decisión excepcional –nunca aplicada en la historia de la democracia española– aseguró que esta iniciativa persigue cuatro objetivos: la recuperación de “la legalidad institucional y el restablecimiento de la normalidad y la convivencia en Catalunya. La “recuperación de la estabilidad económica y el crecimiento” y por último “la celebración de unas elecciones en el marco de la Constitución”. Mariano Rajoy, al igual que más tarde, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria aseguró que la aplicación del artículo 155 se produce ante la “desobediencia rebelde, sistemática y consciente de los reiterados pronunciamientos y requerimientos del Tribunal Constitucional, afectando de manera grave al interés general de España”. Estas son, al detalle, las medidas que ahora el Ejecutivo central remitirá al Senado para que las apruebe a más tardar, el próximo viernes.
Cese del Govern en pleno. El Gobierno cesará al president de la Generalitat, el vicepresidente y los consellers. El Govern será sustituido en el ejercicio de sus funciones por el Estado. Esas funcionas pasan a depender de los ministerios correspondientes para los que el Gobierno creará un órgano o una autoridad que las coordinadará y dirigirá.
Elecciones autonómicas. El presidente del Gobierno se reserva la competencia del president de la Generalitat para disolver anticipadamente el Parlament y convocar elecciones autonómicas. El acuerdo aprobado ayer por el Consejo de Ministros prevé convocar esos comicios en el plazo máximo de seis meses a contar desde las aprobación por el Senado de la iniciativa del Gobierno. No obstante Rajoy se comprometió ayer personalmente a convocarlas “tan pronto como sea posible, tras recuperar la normalidad institucional”, porque este es uno de los objetivos de la aplicación del artículo 155. Dijo Rajoy, “lo quiere la mayoría y lo dice el sentido común”.
Respeto a la ley. Tanto Mariano Rajoy en la rueda de prensa, como la vicepresidenta, Soraya
Saénz de Santamaría en un briefing posterior hicieron hincapié en que “no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Catalunya, se cesa a las personas que han puesto al Govern fuera de la ley, de la Constitución y del Estatut. No se acaba con el autogobierno, se le recupera para la legalidad y para la convivencia, no sólo los independentistas”. En este sentido el Gobierno español afirma que el acuerdo aprobado ayer no significa que “las competencias vuelvan al Estado”. El Estatut sigue vigente, de forma que las autoridades estatales que asumen la gestión, deberán regirse, en el ejercicio de esas funciones, por lo establecido en la Constitución, el Estatut y las demás leyes catalanas en vigor.
Un Parlament limitado. Carme Forcadell seguirá siendo presidenta del Parlament que puede seguir ejerciendo su función representativa aunque tendrá unas competencias limitadas para, según el Gobierno, “garantizar que lo haga con pleno respeto a la Constitución y el Estatut”. No puede designar a un nuevo president de la Generalitat, y no puede celebrar un debate y votación de investidura. Tampoco se podrán celebrar sesiones de control a las autoridades nombradas por el Estado. El control lo ejercerá el Senado a través de comparecencias, que se celebrarán cada dos meses, de los miembros del Gobierno para informar de su gestión en Catalunya a través de las preguntas de los senadores. El Parlament podrá aprobar proposiciones de ley de los grupos parlamentarios con representación en el Parlament, siempre y cuando no se refieran a asuntos que sean contrarios a la Constitución, el Estatut y a las medidas propuestas en aplicación del artículo 155. El Gobierno central se reserva el derecho de veto sobre las iniciativas de los grupos parlamentarios y dispondrá de 30 días para dar su conformidad o impedir las proposiciones que se quieran llevar a debate en el pleno del Parlament.
Administración y funcionarios.
La Generalitat continuará funcionando como la organización administrativa ordinaria pero deberá actuar bajo las directrices de los órganos o autoridades creados o designados por el Gobierno central en sustitución del president, el vicepresidente y los consellers. Las disposiciones de las autoridades designadas serán de obligado cumplimiento. Con este objetivo, el Ejecutivo central se reserva la potestad de cesar a cualquier autoridad o cargo público. En caso de incumplimiento, se les exigirá la responsabilidad disciplinaria según la normativa estatal y autonómica, y que pueden suponer responsabilidades penales, contables o patrimoniales. El cese de los consellers implicará el cese de sus cargos de confianza.
Los Mossos bajo control. La responsabilidad de la seguridad, y por lo tanto la dirección de los Mossos d’Esquadra le corresponde al Ministerio del Interior, cuyas órdenes, a través del ministro o de la autoridad que se nombre, serán de obligado cumplimiento por los Mossos. El Gobierno establece otra serie de medidas, de aplicación gradual en función de como se desarrollen los acontecimientos, es decir, si se cumplen o no esas órdenes. Por eso se permite al Ministerio o la autoridad nombrada a acordar el despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado –Policía y Guardia Civil–, y “en caso de que sea necesario, los Mossos d’Esquadra podrán ser sustituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Si se da ese incumplimiento, los Mossos incurrirán en responsabilidad disciplinaria, “sin perjuicio de las responsabilidades patrimoniales, contables, penales o de otro orden a que pudieran dar lugar”.
Vigilancia económica. Los responsables estatales que asuman las funciones referentes a la economía, estarán obligados a garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. En concreto el Gobierno central se asegurará de que todos los fondos que el Estado deba transferir a Catalunya, sean recibidos por esa comunidad autónoma pero que no se destinen a actividades y fines relacionados con el soberanismo. Igualmente se asegura que los ingresos que corresponde recaudar o recibir por cualquier título a Catalunya, sean gastados en la comunidad pero con la misma limitación.
Limitación de los medios públicos. Los medios públicos dependientes de la Generalitat: TV3, Catalunya Radio y ACN, pasan a depender del Estado que a través de la autoridad correspondiente deberá “garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial; así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución española y el Estatut”.
Limite temporal. Las medidas que se apliquen de acuerdo el artículo 155 y sean ratificadas por
el Senado, se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Govern de la Generalitat resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlament de Catalunya. Esas elecciones, al tener que convocarse como máximo en el plazo de seis meses, deberían celebrarse antes del verano, lo que supondría que el nuevo Govern de Catalunya tomaría posesión en julio o agosto. Sin embargo, el Gobierno puede anticipar el cese y la convocatoria de comicios “si cesasen las causas que los motivan, dando cuenta al Senado de esta decisión”.
Medidas revisables. Si el president de la Generalitat convocara elecciones autonómicas durante la tramitación de las medidas en el Senado, la Cámara Alta o el Gobierno podrán modificar las medidas a aplicar, incluso paralizar su aplicación. En el sentido contrario, si la situación política se agrava el Senado puede modificar y ampliar las medidas. Así, durante la vigencia del acuerdo, es decir hasta la convocatoria de las elecciones autonómicas en el plazo de seis meses, el Gobierno podrá, en todo momento, acudir al Senado, a pedir cambios y modificaciones de lo que entrará en vigor.
Entrada en vigor. Hasta que el Senado no apruebe, previsiblemente en un pleno el viernes, estas medidas, no entrarán en vigor. El acuerdo del Senado se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Pero no basta esa aprobación y publicación , sino que el Gobierno central, a partir de ese momento tendrá que ir adoptando decisiones en Consejo de Ministros, así como aprobar reales decretos. Por ejemplo, para la destitución de Carles Puigdemont y del resto de miembros del Govern catalán el Consejo de Ministros deberá tomar un acuerdo específico. Una vez que el Senado apruebe el acuerdo, se notificarán personalmente al president de la Generalitat de Catalunya, a su vicepresidente y a los consellers que integran el Govern, así como a la presidenta a la Mesa del Parlament de Catalunya.
Cumplimiento obligado. El incumplimiento de las medidas aprobadas por el Senado se entenderá como “incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatut, a los efectos de las infracciones previstas en la normativa disciplinaria estatal o autonómica de aplicación”. Ese ejercicio de la potestad disciplinaria por el Gobierno de la nación o las autoridades que cree o designe, con respecto a las autoridades y el personal funcionario o laboral del Parlament de Catalunya y de la administración de la Generalitat o de su sector público, se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de poner los hechos en conocimiento del Ministerio fiscal a los efectos de la posible exigencia de responsabilidad penal.
Supresión de organismos . El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros y que ahora deberá aprobar el Senado establece la potestad del Gobierno central para crear los organismos que considere oportunos para poder gestionar la actividad de la Generalitat una vez desmantelado el actual Govern. En el sentido contrario, también prevé que el Ejecutivo pueda revisar la actual estructura del Govern de la Generalitat y suprimir aquellos que considere oportuno. Del mismo modo, también se reserva la potestad de cambiar la estructura orgánica del actual Govern previsiblemente para poder adaptarla a la del Ejecutivo central.