Dos versiones del 155

Xavier Arbós Marín

Del artículo 155 sabemos poco. Desde el punto de visto jurídico no tenemos claro cuál es el contenido del precepto y los límites de su aplicación. Aun así, vale la pena estudiarlo por las consecuencias políticas que puede conllevar su puesta en práctica. Nos enfrentamos a un artículo que permite interrumpir el funcionamiento ordinario del Estado de las autonomías, y creo que hay que aceptar eso de entrada.

Los constituyentes quisieron proporcionar un medio para revertir una crisis constitucional, en la que una comunidad autónoma no cumpla las obligaciones derivadas de la Constitución y las leyes, o actúe de modo que perjudique gravemente el interés general de España. Son los supuestos de hecho previstos en el párrafo 1 del artículo 155. Que, en su intención, plantea medidas que no son extravagantes si tomamos en cuenta el derecho comparado. Aparte del artículo 37 de la Constitución de la República Federal Alemana, del que el artículo 155 parece un calco, el artículo 126 de la Constitución italiana permite disolver los consejos regionales y destituir al presidente de la región. Ese precepto refleja lo que algunos quieren encontrar nuestro artículo 155, aunque me parece que no es posible. Intuyo que se basan en una interpretación del primer párrafo, mientras que yo prefiero centrarme en el segundo. Voy a tratar de explicarlo.

En el primer párrafo del artículo 155 se indica que el Gobierno podrá “adoptar las medidas necesarias” para que se restablezca el orden constitucional. Esas medidas son las que hayan sido previamente aprobadas por mayoría absoluta del Senado. La cuestión clave es determinar precisamente cuáles son las medidas necesarias, y hay que suponer que sean las idóneas para conseguir el objetivo de que la comunidad autónoma cumpla con sus obligaciones constitucionales. Con este enfoque, los límites a esas medidas se encuentran en todo lo que no sea apropiado para alcanzar el objetivo. No lo sería, sin duda, llegar a medidas propias del estado de excepción o de sitio, que comportan severas afectaciones a los derechos fundamentales. Pero sí, en cambio, se admitiría suspender alguna disposición del Estatut. Por ejemplo, en lo que nos afecta, la que otorga al presidente de la Generalitat la facultad de proceder a la convocatoria de elecciones anticipadas.

Si la “medida necesaria” fuera la convocatoria de nuevas elecciones al Parlament, el Gobierno tendría que ejecutarla de acuerdo con el apartado 2 del artículo 155. Daría, pues, “instrucciones” al señor Puigdemont para que disolviera la cámara catalana. Ya no tendría la facultad de hacerlo o no, que nace del artículo 66 del Estatut. Estaría subordinado al Gobierno central y tendría la obligación de cumplir.

Prefiero otra interpretación. En lugar de empezar por determinar en abstracto qué es lo necesario para restablecer el orden constitucional, me inclino por precisar antes los límites en los que el Gobierno puede “dar instrucciones” a las autoridades autonómicas para restablecer el orden constitucional. Aunque pueda considerarse necesaria una determinada medida, no se debe optar por ella si se sitúa fuera del marco constitucional. Conviene que cuando el Gobierno intente recuperar la eficacia de la Constitución, lo haga desde un respeto escrupuloso a todos sus apartados, incluso a los que le parezcan un obstáculo para la consecución de sus objetivos legítimos. Y en la Constitución se reconoce el “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones”, precisamente en el mismo artículo 2 en el que figura como principio la unidad de España. La quiebra del orden constitucional se sitúa ahí: en los actos que buscan la secesión de Catalunya. Pero las medidas destinadas a impedirla no pueden sacrificar el derecho a la autonomía que la Constitución ha reconocido. Lo ha hecho justo después de proclamar que España es “la patria común e indivisible de todos los españoles”. Se ha ubicado el derecho a la autonomía en el título preliminar del texto constitucional, con los demás principios estructurales de nuestro sistema político. En consecuencia, me parece claro que la intervención del Gobierno tiene que respetar el Estatut, como núcleo esencial y expresión concreta del derecho a la autonomía. No puede, pues, dar instrucciones que comporten alterar su eficacia.

Si la invocación del 155 no ha funcionado como disuasión, su aplicación se presenta complicada. No conviene adoptar medidas que susciten un rechazo tan fuerte que condicione su eficacia. Porque a la hoja de ruta destinada a reconducir a Catalunya al orden constitucional le puede pasar lo que ha ocurrido con la que el independentismo ha diseñado para sus objetivos. Espectaculares y ambiciosos en su formulación, se tambalean al topar con la realidad.

“La cuestión clave es determinar cuáles son las medidas necesarias, y hay que suponer que sean las idóneas”