La Conselleria d’Economia encaja la intervención sin casi competencias
La aplicación del 155 implica esencialmente cambios de personas y quizás de estructura
Las últimas decisiones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relación con el Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat ya habían dejado a este último con un mínimo margen de maniobra, que es esencialmente de carácter técnico, puesto que las cuentas están intervenidas. Si el Senado aprueba finalmente aplicar el artículo 155 de la Constitución del modo que ayer acordó el Gobierno, en el área económica del Govern el impacto, por tanto, será limitado. Lo que sí se sabe desde ayer es que, según este acuerdo del Consejo de Ministros, el titular de la citada conselleria, el vicepresident Oriol Junqueras, será cesado, al igual que el president Carles Puigdemont y los demás consellers. La duda está en cómo afectarán las medidas al resto de altos cargos, muchos de ellos, personas de confianza de Junqueras.
El acuerdo del Gobierno presentado ayer establece que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy podrá “acordar el nombramiento, el cese o la sustitución temporal con la asunción de las funciones correspondientes, de cualesquiera autoridades, cargos públicos y personal de la administración de la Generalitat”. Por tanto, tiene vía libre para cambiar la actual cúpula del departamento económico.
Asimismo, queda en manos del Gobierno “el ejercicio de la potestad de organización, creación, modificación y extinción de aquellos organismos y entidades públicas creadas y autorizadas por ley” y la “creación, modificación y extinción” de los mismos, lo que significa que se podría alterar la estructura de la conselleria y de las entidades que dependen de ella.
Entre las medidas previstas por el Ejecutivo hay un apartado dedicado específicamente al “área de gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria” en la que se habilita al Gobierno a “ejercer las competencias necesarias” en esta materia “para que en el beneficio del interés general, se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera”.
En este apartado se destaca que las medidas que se adopten deberán garantizar que los recursos transferidos o recaudados no sirven para costear actuaciones relacionadas con la independencia. De hecho, esto ya se aplica en el gasto desde que el departamento que dirige Cristóbal Montoro, el 15 de septiembre, decidió intervenir y bloquear las cuentas de la Generalitat. Para hacer los pagos, la conselleria debe solicitar autorización al Ministerio de Hacienda, que es el que los abona. Este último ha abierto una cuenta en el Banco de España con los sobrantes de los ingresos de Catalunya derivados del modelo de financiación autonómica.
Ahora se explicita que “la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del Estado a la comunidad autónoma, a sus organismos, entes, entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial, no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista”. Y se añade que “los ingresos que corresponde recaudar o recibir” a la Administración catalana tampoco se dedicarán a ese fin. Fuentes del ministerio precisaron que lo que se pretende es “asegurar y controlar la recaudación de los impuestos propios y cedidos” pero no asumir la propia recaudación desde la Administración central.
Los acontecimientos relacionados con el 1-O ya se han supuesto la salida de un alto cargo de la conselleria. Diez días antes de la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, el 20 de septiembre, la Guardia Civil practicó durante varias horas un registro en la sede del Departament en la Rambla Catalunya de Barcelona y detuvo durante varios días a algunos de sus principales responsables entre un total de 14 altos cargos del Govern. De hecho, mientras estaba detenido, el 22 de septiembre, el Ejecutivo catalán cesó al que era el secretario general de Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, que formaba parte de los miembros de la sindicatura electoral que fueron sancionados por el Constitucional con multas de hasta 12.000 euros diarios si no renunciaban a sus cargos.
En la página web del Departament d’Economia i Hisenda se detallan las funciones que tiene asignadas hasta ahora. Si las medidas previstas al amparo del artículo 155 acordadas ayer por el Consejo de Ministros reciben luz verde en la Cámara Alta, estas funciones pasarán a depender en última instancia del Ejecutivo central, directa o indirectamente.
La política económica
Es el área que engloba la planificación de la acción del Govern en materia económica así como el análisis e interpretación de datos macroeconómicos como la evolución del PIB.
Las entidades de crédito
La conselleria sólo ejerce labores de control sobre las secciones de crédito de las cooperativas agrícolas. Algunas de ellas han tenido problemas de corralito en los últimos años como la de l’Aldea. También ejerce un control compartido con Justícia sobre las fundaciones bancarias de las antiguas cajas de ahorros excluyendo la de La Caixa.
El mercado de valores
El Departament d’Economia i Hisenda gestiona la emisión de deuda pública de la Generalitat ya sean bonos u otros instrumentos. Lo que sucede es que desde hace años no ha emitido nada y depende casi en exclusiva de las aportaciones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
La deuda pública y la tutela financiera de los entes locales
La deuda de la Generalitat es de 76.727 millones de euros, según las cifras oficiales correspondientes al segundo trimestre. De esa cantidad, el 68% está en manos del Gobierno central a través del FLA: un total de 52.499 millones. Hasta ahora la mayor parte de la deuda que vencía, la asumía este fondo estatal, por lo que a la larga podría llegar a representar el 100%.
La promoción y defensa de la competencia
Esta área, que lidera Albert Castellanos, se dedica a elaborar informes y dar apoyo a las políticas de promoción de la Unión Europea. Por ejemplo, la dirección ha impulsado recientemente una denuncia ante Bruselas por la discriminación en el trato de las tarifas eléctricas que pagan las empresas catalanas en relación con las vascas. También es el área que negocia con el Estado.
El sector asegurador
La Generalitat tiene competencias en el ámbito de las mutualidades de previsión social de Catalunya, otras entidades aseguradoras y los mediadores de seguros privados. No obstante, la parte más importante de la supervisión de las compañías de seguros depende de la dirección general de Seguros del Ministerio de Economía. Precisamente por eso aseguradoras como Catalana Occidente fueron de las primeras que cambiaron de sede en cuanto se supo la posibilidad de que el Govern llevara a cabo una declaración unilateral de independencia.
Las finanzas públicas, los presupuestos y la eficiencia del gasto
La conselleria es la encargada de todo los relacionado con las finanzas y el gasto. También es la que elabora los presupuestos. En una situación normalizada, durante estas semanas este departamento es el que debería encargarse de elaborar los presupuestos después de recibir la información sobre las necesidades de las conselleries. Lo que sucede es que el Govern decidió no elaborar un presupuesto sino prorrogar el actual. Fuentes del Departament dijeron que aunque los presupuestos estén prorrogados el trabajo de la conselleria es similar.