Todo el poder para el zar Monto ro
Si se cumple el plan del Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, acabará teniendo en sus manos el control y la gestión, esta vez sí, del conjunto del presupuesto de la Generalitat. Hasta ahora controlaba los gastos y buena parte de los ingresos; de ahora en adelante, todos los gastos y todos los ingresos. Montoro será pues el zar de las finanzas públicas catalanas. Y el dinero será clave, máxime cuando la legitimidad política no está clara y el intervenido no lo tiene.
Es la estación final de un largo trayecto en el que Hacienda ha ido sumando competencias económicas en detrimento del departamento que hasta ahora ha dirigido Oriol Junqueras. Comenzó en el verano del 2012 con la implementación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), mecanismo que permitió a la Generalitat hacer frente al vencimiento de sus deudas pero a cambio de resignarse al control de sus finanzas por el Estado. Ahora la Generalitat debe al Estado más de 52.000 millones.
Se dio una nueva vuelta de tuerca con la imposición de controles mensuales de los gastos, en noviembre del 2015, momento en el que se obligó al interventor de la Generalitat a certificar que ningún gasto contravenía el orden constitucional. En julio pasado, Montoro convirtió en semanal el control de los gastos. Finalmente, en septiembre, dos semanas antes del referéndum del 1 de octubre, Hacienda agregó el pago directo de los gastos de la Generalitat, incluido el de los funcionarios, sin que la Administración catalana participe en el proceso.
Montoro, una vez cuente con el voto favorable del Senado, asumirá, en su condición de conseller de Economia de facto, el control de la recaudación de los tributos propios y los cedidos por el Estado (transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados). Se cierra el círculo.
Pero sentarse en la sala de mandos del Departament d’ Economia i Hisenda supone también acceder a las entrañas dinerarias de todos los organismos dependientes, una especie de infraestructura empresarial que abarca casi todos los ámbitos de la vida ciudadana. Y, destacada entre ellos, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de la que forman parte TV3 y Catalunya Ràdio, cuyo control se incluye entre los objetivos claramente señalados en el acuerdo del Consejo de Ministros. Un esquema similar al que ya se aplica, a través de Hacienda, sobre TVE.
La economía, es decir la recuperación, constituye uno de los argumentos centrales de Mariano Rajoy para justificar la invocación al artículo 155. El Gobierno cierra la llave griega que ya pusieron en marcha las grandes empresas que han anunciado el cambio de su sede social.
Echando mano de forma algo desaliñada y amontonada de los últimos datos de la coyuntura (descenso de las ventas de automóviles, caída de las reservas turísticas o ventas de los centros comerciales), el Gobierno concluye que la crisis catalana pone en jaque la recuperación. Y como que la referencia internacional no podía faltar, se argumenta que dos de las agencias de calificación han alertado del riesgo de recesión en Catalunya. Eso sí, dejando al margen que todas las agencias de calificación de riesgos coinciden en diagnosticar que la única salida a la actual crisis serán más concesiones políticas y fiscales a Catalunya, un camino que se condice poco con la aplicación del 155.
Pero la pregunta que esas mismas agencias de rating, además de los inversores y mercados en general, se harán a partir de la semana próxima, una vez el Gobierno cumpla con la formalidad de obtener la luz verde del Senado, es si esta medida extrema sentará las bases para mantener la recuperación de la economía, como ayer defendió Rajoy, o agitará aún más las aguas políticas en Catalunya.
Ya se puede adelantar sin demasiado riesgo de equivocarse que pocas de las más de 1.200 empresas que han cambiado su sede social se aventurarán a revertir su decisión tras el dramático anuncio de ayer. Es una incógnita cuál será el comportamiento de una economía en la que la mitad de la población no considera legítima las decisiones adoptadas por el Gobierno del Estado. Sí hay abundantes antecedentes históricos que ponen de manifiesto las dificultades de pilotar una administración de envergadura a distancia y sin el consenso de la población afectada. La aplicación del 155 supone de facto el choque de trenes tan anunciado en su versión más dramática. No es buena noticia para la economía.
Como conseller de facto, el ministro verá las entrañas económicas del Govern, justo cuando el dinero es clave Inversores y agencias de rating se preguntarán la próxima semana si el 155 es buena noticia; la verdad es que no