El Gobierno asume las dificultades en la intervención de la Generalitat
El Ejecutivo promete mano izquierda pero no admitirá una rebelión funcionarial
El Gobierno de Mariano Rajoy sabe –lo sabía desde el primer momento– que no será fácil aplicar las medidas que contiene el acuerdo del Consejo de Ministros que pone en marcha la intervención prevista en el artículo 155 de la Constitución. Por eso ha incluido entre las medidas, a título de advertencia, la potestad de la Administración central de abrir expedientes disciplinarios a los empleados públicos con una referencia especial a los Mossos d’Esquadra. El Gobierno sabe que la colaboración del cuerpo en lo que define como la normalización de Catalunya es primordial.
Quienes preparan la estrategia de desembarco en la administración catalana tienen claro que no pueden entrar “como un elefante en una cacharrería”, aseguran las fuentes del Gobierno consultadas. El Ejecutivo está dispuesto a asumir las dificultades de la aplicación de las medidas y a utilizar la mano dura para frenar una posible rebelión funcionarial. Pero Mariano Rajoy también pretende que no sea esa la conducta del Gobierno, al menos al principio y mientras no resulte imprescindible. Llegará con la mano tendida, con espíritu de “colaboración, prudencia, discreción, tiento y moderación”. Ese es el talante que se pretende que mantengan los ministros o las autoridades que se nombren.
El Ejecutivo espera que las medidas acordadas el sábado sean suficientes para hacerse con la situación, y la tranquilidad vivida en las calles de Catalunya el sábado y ayer domingo le hace ser optimista. No obstante también sabe que si las cosas se tuercen tendrá que adoptar otras medidas, y está dispuesto a aprobarlas, aunque siempre, aseguran, “proporcionales a las necesidades futuras”.
Todo esto quiere decir que, una vez que se aprueben las medidas en el Senado, se aplicarán de forma gradual lo previsto. Acordará el cese del president de la Generalitat y del Govern inmediatamente , pero los cambios en los segundos escalones se producirán de manera gradual, en función de las necesidades y del comportamiento de quienes ocupan estos puestos. El Gobierno asegura no tener especial interés en cambiar a todos los responsables públicos, pero lo hará si no le queda más remedio porque boicoteen las órdenes. En ese sentido, el Ejecutivo confía más en los funcionarios que en los directivos de la Administración, que en muchos casos, están convencidos, dimitirán por propia iniciativa.
Sólo si esto no resulta llegarán los expedientes, que serán aplicados, aseguran, hasta sus últimas consecuencias y supondrían, que esos funcionarios no podrían trabajar nunca más para las administraciones públicas, porque así lo prevén las leyes españolas y catalanas, recuerdan.
El Gobierno necesita esa colaboración, porque, aseguran, uno de los objetivos es que el funcionariado y la ciudadanía entienda que la autonomía no se ha suspendido y que se seguirá aplicando la legislación catalana, y son los funcionarios los que mejor la conocen y los más preparados para aplicarla.
Especial tiento está dispuesto a utilizar en la aplicación de las medidas que le corresponde el Ministerio del Interior, es decir, para garantizar la seguridad y controlar a los Mossos. Desde el Ministerio del Interior se asegura que el único objetivo de su actuación será “garantizar la libertad y velar por la convivencia pacífica”, para lo que quiere contar con la colaboración de los Mossos. De hecho, subrayan, las medidas que contiene el acuerdo de aplicación del 155 prevén el despliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero sólo si es necesario. En Catalunya siguen las unidades que fueron desplegadas para el 1 de octubre, que no se retirarán de momento, pero tampoco aumentarán.
Sólo si no se consiguiera controlar la situación sería la sustitución de los Mossos por la Policía y la Guardia Civil, pero el Gobierno espera no tener que llegar a ello.
De hecho, las fuentes consultadas subrayan que “en el terreno de a lucha contra las diferentes modalidades de criminalidad, y contra las principales amenazas de nuestros días, es significativo el trabajo realizado por los Mossos d’Esquadra”, terreno en el que “ha ejercido su responsabilidad con una profesionalidad y eficacia que tiene pasado y futuro”.
El ministerio está dispuesto a
COMISIÓN DEL SENADO
El PP incluye a cuatro expresidentes, la plana mayor del grupo y a Xavier García Albiol
LA ESTRATEGIA
Tras el cese del Govern, el “desembarco” en la Generalitat se hará de modo gradual
POLICÍA AUTONÓMICA Interior espera que las medidas que adopte tras la intervención convenzan a los Mossos
pactar cada una de las medidas que vaya adoptando con el PSOE y Ciudadanos, y espera que convenzan también a Los Mossos.
Mientras, el PP quiere dar la misma idea con los miembros a los que ha designado para formar parte de la Comisión que estudiará el jueves la propuesta presentada por el Gobierno. Enviará a la plana mayor del PP en el Senado. Su presidente, Pío García Escudero que presidirá la comisión; el portavoz, Xosé Luis Barreiros, y el vicecesecretario de política territorial, Javier Arenas, además de cuatro ex presidentes autonómicos: Luisa Fernanda Rudí, de Aragón; Juan José Lucas, de Castilla y León, Alberto Fabra, de Valencia, y Pedro Sanz, de la Rioja y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda. También estará el líder del PP catalán, Xavier García Albiol.