Ir al Senado y convocar elecciones
LA maquinaria para la intervención de la Generalitat por parte del Gobierno central ya se ha puesto en marcha. Mariano Rajoy reveló el pasado sábado que su intención es aplicar el artículo 155 de la Constitución en una versión de máximos, es decir, con el cese del presidente de la Generalitat y de todos sus consellers. Después de 40 años en los que Catalunya ha alcanzado cada vez más elevadas cuotas de autogobierno está a punto de perderlo todo. Queda, sin embargo, un mínimo resquicio para la esperanza. Mínimo, pero perfectamente transitable si los protagonistas de este aciago momento de la historia deciden actuar con la generosidad y altura de miras necesarias, pensando en el bien de todos los catalanes y no sólo en los anhelos, legítimos pero escasamente viables en las actuales circunstancias, de una parte de la sociedad. El artículo 155 de la Constitución se aplicará tras la votación en el Senado el próximo viernes. Antes aún es posible evitar el desastre con el anuncio de elecciones por parte del president Carles Puigdemont en pleno ejercicio de sus facultades institucionales.
La tramitación del artículo 155 requiere que se otorgue a la Generalitat la posibilidad de presentar alegaciones, algo que puede realizarse por escrito o en persona. Puigdemont debería acudir al Senado para defender en persona el autogobierno de Catalunya y para explicar en la que debería ser la Cámara territorial de nuestro sistema político las razones que le han llevado a mantener este pulso con el Estado. Es en las instituciones –y no tanto en las calles– donde se deben defender y confrontar las diferentes posiciones políticas. Después de ese gesto, el president debería anunciar el único camino que garantiza el bienestar de todos los ciudadanos y evita males mayores a los que ya se han producido, como los negros efectos sobre la economía que se han empezado a manifestar de forma patente. Y esa salida no es otra que la convocatoria de elecciones. Un movimiento que ha insistido hasta la saciedad en su carácter democrático y en dar la palabra al pueblo no tiene argumentos para rehuir esa vía.
Cualquier tentación de proclamar la independencia unilateral no haría más que justificar la drástica medida adoptada por Rajoy de aplicar el artículo 155. El independentismo ha conseguido llamar la atención de líderes y medios internacionales. Cierto que no ha logrado apoyos explícitos de relevancia, pero la desproporcionada actuación policial del 1 de octubre despertó la simpatía de la opinión pública de algunos países, que fijaron su atención en el conflicto político catalán. Toda la comprensión o afinidad que se hubiera podido lograr se volatilizará en el momento en que el president Puigdemont haga una declaración unilateral de independencia basada en los resultados de un referéndum que se celebró en circunstancias tan excepcionales y sin unas mínimas garantías democráticas, como concluyeron incluso los observadores internacionales invitados por el Govern para verificar el desarrollo de la jornada electoral. Ese paso no contará con ningún aval internacional y, por lo tanto, será una acción baldía, dedicada sólo a complacer a los sectores más irredentos del independentismo y del “cuanto peor, mejor”.
Puigdemont prometió llevar Catalunya de la autonomía a la preindependencia. Ha llegado lo más lejos que ha podido. Sólo desde posiciones rayanas en el fanatismo se le podría reprochar apocamiento o escasas convicciones. De hecho, convocar elecciones sería el mejor gesto de valentía y amor al país que podría demostrar en este momento.