La respuesta del pasado
Borja de Riquer apuesta por recuperar para el conflicto actual la Solidaritat Catalana que en 1907 reunión a todas las fuerzas catalanistas en una sola lista electoral: “Una clara mayoría del soberanismo en votos y en diputados dejaría en evidencia la intransigencia y ceguera política del Gobierno Rajoy y favorecería la mediación europea. La opinión pública española y la internacional se darían cuenta de la gran relevancia de la demanda catalana”.
Hace dos años y medio, en unas circunstancias políticas diferentes –se acercaban las elecciones españolas–, propuse en las páginas de este diario que habría que componer en Catalunya una coalición similar a la de la Solidaritat Catalana del año 1907. Insisto en la propuesta, pese a la nula resonancia que tuvo. Creo que la actual situación de Catalunya me fuerza a reiterar, con más argumentos que entonces, la necesidad urgente de organizar una respuesta democrática catalana que sea mayoritaria y ofrezca una vía para ahorrarnos la imposición del artículo 155.
Hay que recordar, aunque sea brevemente, que Solidaritat Catalana fue la movilización política más impresionante de principio del siglo XX y que se constituyó como un movimiento de protesta y de reafirmación. De protesta contra la impunidad de que disfrutaban las actitudes anticatalanistas y contra las claudicaciones de los políticos españoles ante el militarismo, y de reafirmación de una catalanidad amenazada con ser perseguida por la ley. Eso condujo a la formación de una coalición electoral que integraba desde carlistas hasta republicanos, pasando por catalanistas de derechas y de izquierdas y muchos independientes. Los solidarios consiguieron movilizar a más de 200.000 electores que votaron poniendo los intereses del país por delante de sus convicciones. Eso permitió que muchísimos católicos votaran a candidatos republicanos anticlericales, y al revés. Aquel “alzamiento”, como lo bautizó Joan Maragall, significó que 41 de los 44 diputados que se elegían en Catalunya fueran solidarios, así como la totalidad de los senadores. La brillante victoria solidaria consiguió que la cuestión catalana alcanzara un protagonismo indiscutible dentro de la política española y que, a nivel catalán, los partidos de disciplina española empezaran a ser minoritarios.
Hoy, más de un siglo después, y en unas circunstancias mucho más graves, pienso que es extremadamente necesaria una reacción similar. Con la anunciada intervención del Gobierno Rajoy sobre la Generalitat peligran nuestras instituciones y las cotas de autogobierno conseguidas. Estamos, realmente, en una situación de emergencia nacional. Los historiadores tenemos bastante presente, por el precedente de 1934, cuál puede ser el resultado de la acción del Gobierno de Madrid: suspensión, en la práctica, del Estatut, intervención del Parlament, detención y procesamiento
Habría que intentar componer una coalición con todas las formaciones que defienden el derecho a decidir de Catalunya
del Govern de la Generalitat, cese de cargos y nombramiento de nuevos gobernantes que harán todo lo posible para imponer una involución en sectores tan sensibles como la enseñanza, la cultura y los medios de comunicación, y que pasarán factura a ayuntamientos, partidos, entidades cívicas... Por eso hoy la prioridad es preservar nuestras instituciones y evitar la aplicación del 155, que se puede convertir en el decreto de Nueva Planta del siglo XXI. No hay que ir tan deprisa. No necesitamos mártires, sino políticos hábiles y sensatos que hallen caminos y no nos lleven a un callejón sin salida.
Pienso que el actual Govern de la Generalitat tendría que adelantarse a las pretensiones del Gobierno Rajoy y convocar elecciones al Parlament. Y creo que se tendría que intentar componer una coalición con todas las formaciones que defienden el derecho a decidir de los catalanes y creen que la única salida al actual conflicto es la celebración de un referéndum con garantías y vinculante.
Hace falta un acto de generosidad política que ponga por delante los intereses del país respecto de los partidistas. Hacerlo sería una muestra de la dignidad política y del espíritu unitario de la ciudadanía catalana que desde hace siete años sale pacíficamente a la calle para exigir ser tenida en cuenta. Esta nueva Solidaritat tendría que defender un programa centrado en la exigencia de un referéndum legal y vinculante, en la liberación de los detenidos, el sobreseimiento de las causas políticas y la supresión de las sanciones y multas del mismo carácter.
Pienso que la mejor salida a la grave situación actual es mostrar claramente la voluntad política de los catalanes de participar en un referéndum. Una clara mayoría del soberanismo en votos y en diputados dejaría en evidencia la intransigencia y ceguera política del Gobierno Rajoy y favorecería la mediación europea. La opinión pública española y la internacional se darían cuenta de la gran relevancia de la demanda catalana.
Por el contrario, los costes de una actitud numantina serían quizá demasiado altos pues una declaración unilateral de independencia sería rehusada internacionalmente, precipitaría la anulación del autogobierno catalán y dejaría en manos del Gobierno central el control del tiempo político. A la fuerza de la intransigencia gubernamental y a su negativa a la negociación política hay que oponer la fuerza de la razón democrática expresada mayoritariamente por los ciudadanos.
Josep Roca, Francesc Cambó y Miquel Junyent, dirigentes de Solidaritat Catalana, en 1906