El herbicida de la discordia
La UE aplaza de nuevo su decisión sobre el futuro del polémico plaguicida
Las espadas siguen en alto. La Unión Europea sigue sin tener una voz única sobre el futuro del glifosato, el producto herbicida más usado en la agricultura y la jardinería. Ángel o demonio, el polémico herbicida protagoniza uno de los culebrones más largos en la historia de los litigios entre países europeos. La licencia para seguir utilizándolo acaba el 15 de diciembre, pero ayer fracasó el enésimo intento de lograr un acuerdo para prorrogar su uso.
La Comisión Europea presentó una propuesta para renovar la autorización del glifosato por un periodo de entre cinco y siete años. Sin embargo, la reunión acabó sin acuerdo, y deberá celebrarse un nuevo encuentro de su comité de expertos en noviembre.
Inicialmente, Bruselas había abogado por renovar la licencia por diez años; hizo una propuesta más restrictiva, pero tampoco sirvió. La CE argumenta que ha actuado a la luz de “la evaluación de riesgos” realizada por la Eurocámara y “de todas las evidencias disponibles tanto en Europa como a nivel internacional”. Tan diplomática frase no esconde un intento de buscar un punto intermedio entre quienes propugnan prohibir esta sustancia y quienes abogan por una prórroga generosa. El ministro danés de Medio Ambiente se sinceró en Twitter: ha sido “imposible entenderse sobre la propuesta de la Comisión”.
El desacuerdo entre países tiene como escenario la presión de las oenegés –que han reclamado la prohibición total del herbicida– y un contexto de debilidad de las agencias europeas encargadas de asesorar a la Comisión en esta materia.
Para alcanzar un acuerdo se necesitaba una mayoría cualificada (el 55% de los Estados miembros que a la vez representen el 65% de la población), pero es difícil de lograr sin el apoyo de los países más poblados. Varios países, como Francia, Italia o Austria, habían anunciado hace tiempo que se opondrían a la renovación por diez años, y Francia ha estado entre los países que han pedido una renovación de menos de cinco años. Alemania, en plena negociación para formar gobierno, se abstuvo. Además, cuatro países (Bélgica, Croacia, Eslovenia y Suecia), que hace poco estaban a favor de renovar la licencia, ahora están en contra; y otros que antes se abstenían (Grecia y Luxemburgo) también se oponen en estos momentos. España apoyaba la primera propuesta de la CE para renovar el permiso hasta el 2027, pero en la reunión mostró “flexibilidad”.
La renovación de la licencia de glifosato es un asunto político. El lunes, la CE recibió a los representantes de la campaña ciudadana que pedía la prohibición del glifosato, una iniciativa que ha concluido con la recogida de más de 1,3 millones de firmas. Y el martes, el Parlamento europeo exigió una desaparición gradual de glifosato en la UE en cinco años, hasta el 2022. La amplia mayoría cosechada (355 votos a favor, 204 en contra y 11 abstenciones), que invocaba el “principio de precaución”, fue una “fuerte señal lanzada a los gobiernos nacionales”, recordaron los activos eurodiputados socialistas Eric Andrieu y Marc Tarabella.
La renovación de la licencia es un asunto espinoso por la discrepancias entre agencias científicas. En marzo del 2015, la Organización Mundial de la Salud, a través de su Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), clasificó el glifosato como “probablemente cancerígeno” para humanos (grupo de substancias 2A).
Lo hizo tras la publicación de un amplio estudio que demostraba el desarrollo de células cancerosas y daños en el ADN en animales de laboratorio en contacto con glifosato. Sin embargo, posteriormente, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) llegó a una conclusión inversa; lo mismo que la Agencia europea de sustancias químicas (Echa). Sobre estas dos conclusiones debía manifestarse la CE para plantear una propuesta legal.
Ante tal dilema, ¿el glifosato es cancerígeno o no? La EFSA sostiene que las divergencias con la agencia de la OMS se deben a que ha tenido en cuenta una “vasta cantidad de elementos, incluyendo un cierto número de estudios no evaluados por el IARC”. Sin embargo, científicos y oenegés han denunciado que la evaluación europea es “sesgada”,
DIVERGENCIAS
El desacuerdo entre países deja en el aire el permiso para prorrogar su uso
PARA ELIMINARLO EN EL 2022 El Europarlamento aprobó el martes la desaparición gradual de este producto
Transición.
ya que se basa en informes proporcionados por la industria mientras que, según estos sectores, otros estudios no han sido valorados.
La última evaluación del Echa también fue cuestionada por un reconocido toxicólogo estadounidense, Christopher Portier. Parlamentarios europeos y oenegés han reclamado el acceso a los estudios en poder de las agencias europeas para indagar cómo se ha avalado la inocuidad del glifosato; y se quejan de que solo han logrado simples resúmenes. La industria de los pesticidas invoca en este punto la confidencialidad, el secreto comercial y la propiedad intelectual.
En paralelo, la desclasificación de documentos internos de Monsanto (relativos a litigios judiciales referidos a casos de personas con cáncer de sangre atribuido a sus exposición al glifosato), mostró la participación directa de esta empresa en las agencias europeas, según han denunciado el Grupo Verde europeo. Diversos europarlamentarios han reclamado que las agencias europeas tomen sus decisiones (sobre los productos fitosanitarios) sólo sobre la base de estudios científicos revisados por la comunidad de expertos, y publicados en revistas, o en estudios independientes encargados por al autoridades. “La independencia de la EFSA está en cuestión; hemos pedido la dimisión de su director; hemos pedido que cambie el reglamento interno de la EFSA”, declara Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo.
En una audiencia en el Parlamento Europeo (el 11 de octubre) el responsable de la evaluación de los pesticidas de la EFSA, José Tarazona, explicó que las agencias europeas se remiten de manera rutinaria a los análisis de las industrias para redactar sus informes oficiales de evaluación de riesgos, según recogió Le Monde.