Los catalanes tienen la palabra
Las intervenciones telefónicas ponen en evidencia los problemas del proceso
Difícilmente cabe imaginar una jornada más trascendental, de mayor y más determinante intensidad política, que la registrada ayer. Catalunya, un país muy dado en tiempos recientes a las jornadas históricas, vivió ayer, probablemente, la más histórica de todas. O, dicho sea con mayor propiedad, la jornada más colmada de hechos históricos.
El vicepresidente Oriol Junqueras sabía que la independencia era inviable. Así lo revelan las conversaciones telefónicas intervenidas en el juzgado de instrucción número 13, como la que mantuvo Josep Lluis Salvadó, secretario de Hisenda, con un asesor de la Generalitat.
El secreto del sumario se levantó la semana pasada. En la causa figuran varias conversaciones telefónicas intervenidas a Josep Lluís Salvadó, detenido el pasado 20 de septiembre durante la operación de la Guardia Civil ordenada por el juzgado de instrucción 13, que investiga el referéndum del 1-O y la creación de estructuras de Estado, como la Hacienda propia.
El 30 de agosto, Salvadó llamó a Raúl Murcia, que es asesor de la Generalitat en materia de difusión institucional, y le explicó que estaba en Sant Viçens dels Horts con Junqueras. Le dice: “El mes de octubre no hay capacidad, ni tenemos control de aduanas, ni un banco. La cosa no pinta, está muy verde, eso cualquiera que tiene dos dedos de cerebro lo sabe. Ahora bien, a mí me da pánico que si transmitimos las cosas como son en realidad (...) estos no lo acaben autorizando para decir Junqueras no ha preparado al país para que el 2 de octubre declaremos la independencia”.
Salvado explica a su interlocutor que el president les envía a Elsa (Elsa Artadi, directora general de Coordinació Interdepartamental) y agrega que “podemos torearla un rato, pero si le decimos la verdad estamos muertos. (...) Si le decimos la realidad acabarán diciendo que el departament d’Economia no hace el trabajo y por tanto la culpa es de Junqueras”.
La exposición de Salvadó incluye una definición: “Lo fundamental es que sepamos dónde cojones estamos y que todos tengaSalvadó mos la misma información y seamos conscientes de cuál es la realidad”
Días antes, Josep Lluís Salvadó había hablado también por el móvil con una amiga suya, llamada María Jesús, y le contaba en qué estaba trabajando cara al futuro: “Tenemos todo el proyecto de implementar todo lo que es la tramitación de impuestos, el plan de empresas públicas... y ahora estamos trabajando en esto, muy chulo, de montar una unidad para fraude internacional, de jugar ya en primera división”.
Los tributos ocuparon otra charla telefónica de Salvadó, esta vez con Albert Puig, jefe de comunicación de la Vicepresidència de la Generalitat, quien le señaló que “dejemos la Agencia Tributaria preparada, según lo que decidan los ciudadanos de Catalunya, para recaudar y gestionar 75.000 millones de euros”. Ahora bien, le replica que en realidad son 40.000, que eso le da una sensación de Estado y que no hace falta dar explicaciones de nada.
Otra de las personas a quien se intervino el teléfono es Josep Maria Jové, secretario general de la Vicepresidència de la Generalitat, quien habló con la diputada de ERC Marta Rovira de los problemas que tenían para hallar locales en Barcelona para el 1-O. Rovira, el 5 de septiembre, le comentó que el PDECat quiere abrir una guerra en Barcelona (se refiere con el Ayuntamiento), y Jové le señala que eso es el plan B, aunque Rovira insiste en que lo que están haciendo los Comunes (el grupo de Ada Colau) es provocar una guerra para evitar llegar a acuerdos con ellos.
El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, dirigido por el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, inició una investigación sobre el referéndum el pasado mes de febrero, a raíz de las querellas presentadas por Vox y el abogado Miguel Durán. En principio, iba dirigida contra el juez suspendido de funciones y exsenador de ERC Santi Vidal, por una serie de conferencias pronunciadas a cargo de la ANC, Luego, las pesquisas se extendieron a diversos aspectos, como la creación de estructuras de Estado, de una Agencia Tributaria propia o al censo de catalanes en el extranjero. En estos momentos ya hay diez investigados, entre ellos Carles Viver Pi Sunyer, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional.
En uno de los atestados, la Guardia Civil recoge las declaraciones de dos empresarios del sector de la informática, que contaron cómo fueron citados el pasado 16 de agosto por la mañana a una reunión en el Palau de Pedralbes. En sus testimonios se señalan que estaban presentes unas quince personas, entre ellas Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carles Mundo, Marta Rovira y Xavier Vendrell.
El objeto era crear una plataforma que sirviera para gestionar los votos del 1 de octubre, en Catalunya y en el extranjero. Los empresarios señalaron que se podía hacer y que su coste sería de unos 500.000 euros. Finalmente no llegaron a un acuerdo y decidieron no seguir adelante al conocer los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y creer que podrían hacer algo ilegal.
EL RECONOCIMIENTO DE SALVADÓ “La cosa está muy verde, eso cualquiera que tiene dos dedos de frente lo sabe”
LA ENVIADA DEL PRESIDENT “Podemos torearla un rato, pero si le decimos la verdad estamos muertos”
LA CONVOCATORIA Puigdemont presidió una reunión para comprar un programa de recuento de votos