Preocupación
La Vanguardia analiza las circunstancias y las posibles salidas al grave conflicto institucional de Catalunya.
ASÍ fue porque, en un solo día, Catalunya asistió ayer a una declaración de independencia en el Parlament, a la aprobación en el Senado de la aplicación del artículo 155 de la Constitución para la intervención de la autonomía catalana y, ya por decisión del Gobierno central, a la destitución del presidente de la Generalitat y de los miembros de su Govern, y a la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 21 de diciembre.
La Vanguardia ilustró su portada de ayer con una foto de Artur Mas mirando desde lejos a Carles Puigdemont, su sucesor en la presidencia de la Generalitat. El escenario: la galería gótica del Palau. El momento: la declaración institucional con la que Puigdemont desestimó la opción de convocar elecciones y prefirió pasarle la pelota al Parlament para que aprobara la independencia. Mas fue quien puso en marcha el proceso soberanista, tras interpretar con más ilusión que fundamento la manifestación del Onze de Setembre del 2012. Al inicio de dicho proceso, Mas se contentaba con mejorar el pacto fiscal para Catalunya. Pero tras las elecciones del 27-S del 2015, planteadas como plebiscitarias, en las que el independentismo no llegó al 48% de los votos, y tras la designación a dedo de Puigdemont como presidente de la Generalitat, el Govern y las entidades soberanistas arrumbaron ya Catalunya hacia la independencia. Aquellos comicios, que no otorgaron mayoría de votos al soberanismo, pero sí mayoría parlamentaria, fueron presentados como un “mandato democrático” hacia la independencia. Pese a no serlo. Puigdemont se comprometió a llevar Catalunya desde la autonomía hasta lo que denominó preindependencia. Ayer, a primera hora de la tarde, ese proceso pareció llegar a su final. Fue después de que se votara en el Parlament una propuesta de Junts pel Sí y la CUP en la que se animaba a declarar la independencia y abrir un proceso constituyente de la república catalana. Desoyendo el consejo de los letrados de la Cámara, la mesa del Parlament había aceptado la propuesta y la había sometido a votación secreta. Fue refrendada con 70 sufragios a favor, diez en contra y dos abstenciones. Los grupos de la oposición –Ciudadanos, PSC y PP– habían abandonado la sala poco antes de la votación. Los independentistas saldrían de ella alborozados.
Era sabido, y más tarde se vio confirmado, que la declaración del Parlament tendría corto recorrido temporal y legal. Y que, debido a la previsible aplicación del 155, los votos de la mayoría podían dejar a Catalunya no a las puertas de la preindependencia, sino devolverla a una etapa preautonómica.
De hecho, desde las diez de la mañana, el Senado permanecía reunido en Madrid, perfilando el contenido final del artículo 155. Por la tarde, apenas una hora después de que en Barcelona se hubiera votado en favor de la independencia, en Madrid 214 senadores (de un total de 262) votaron en pro de la aplicación del 155.
El Consejo de Ministros se convocó a continuación. Y no demoró su respuesta, encaminada a la restauración del orden constitucional en Catalunya. Aprobó cuatro reales decretos, para cesar al presidente Puigdemont, al vicepresidente Junqueras y a todos los consellers. También para cesar a altos cargos y designar nuevos órganos y autoridades. No hubo, por el momento, medidas relativas a la creación de una autoridad específica del Gobierno en Catalunya. Pero dejaba en sus manos los principales resortes de la Administración catalana. A su vez, el presidente Rajoy compareció pasadas las ocho de la noche para exponer sus razones. Afirmó, en alusión a lo ocurrido en el Parlament, que en Catalunya se había impuesto la sinrazón sobre la ley. Ante lo cual había requerido al Tribunal Constitucional para que anulara las resoluciones de la Cámara catalana. Y, además, había dado luz verde a las medidas ya desgranadas del artículo 155.
Si el camino seguido por el soberanismo para llegar hasta la declaración de independencia ha incluido manifestaciones masivas, pacíficas, ejemplares –y también astucias, vulneraciones legales y de los derechos de la oposición, así como renuncios y maniobras dilatorias–, la acción de Rajoy se distinguió ayer por su respeto a la ley y por su carácter expeditivo. Amparado por la Constitución, propuso un paquete de acciones que tienen como fin devolver, con la mayor brevedad posible, el orden legal en Catalunya.
Es obvio que dicho paquete no será bien recibido por el independentismo, que anoche todavía celebraba la votación del Parlament. No se descarta que proponga desacatos o boicots... Pero en este caso no puede negársele a Rajoy, a veces tan dado al quietismo, una virtud fundamental: la celeridad con la que busca proteger, por la vía electoral, los derechos de todos los catalanes, la mitad de los cuales han sido ignorados, de modo inaceptable y reiterado, por el Govern de Puigdemont.
Es oportuno subrayar que la convocatoria decidida por el Gobierno central se parece muchísimo a la que estuvo sopesando y a punto de proponer Puigdemont el jueves, antes de cambiar de opinión e inclinarse por instar al Parlament a proclamar la independencia. Hemos dicho en varias ocasiones que unas elecciones nos parecían la mejor solución para desatascar la enrevesada situación política catalana. Seguimos afirmándolo. Y no hay motivos para creer que su resultado vaya a ser menos legítimo, o distinto, si se convocan desde Barcelona y no desde Madrid. O viceversa. Por ello aplaudimos la decisión del presidente Rajoy.
Es imprescindible que Catalunya recupere cuanto antes su pulso. En las últimas semanas se han sucedido una serie de hechos devastadores. Han trasladado sus sedes allende el Ebro gran cantidad de empresas (ayer ya eran unas 1.700), se ha retraído la inversión extranjera, ha caído de modo alarmante el consumo interior, y se ha deteriorado enormemente la imagen de marca Catalunya en el extranjero. El independentismo ha tratado, contra toda evidencia, de minimizar estos desperfectos. Pero basta con mirar alrededor, en el círculo más inmediato, para verlos, para saber que serán duraderos y que la recuperación de Catalunya, en el mejor de los casos, llevará tiempo y acaso sea parcial.
No podíamos seguir por ese camino sin comprometer nuestro esfuerzo y el de las generaciones que nos precedieron. No podíamos continuar destruyendo el bienestar colectivo en aras de una ilusión legítima, pero hasta la fecha contraproducente. No podíamos seguir cultivando la división. Ha llegado el momento para que hablen las urnas y lo hagan con garantías. Los catalanes tienen ahora la palabra. Todos.