La ordenanza de civismo quiere atajar las molestias del ocio
Colau pretende que la reforma de la norma alivie la presión sobre los más desfavorecidos
El gobierno de la alcaldesa Ada Colau dispone ya del borrador de la nueva ordenanza de civismo de Barcelona. El teniente de alcalde Jaume Asens adelantó ayer que el nuevo texto pretende sobre todo acabar con las actitudes incívicas derivadas del ocio que más perturban el descanso de la ciudadanía y, además, dejar de señalar aquellas otras que vienen dadas principalmente por cuestiones relacionadas con la pobreza. Se castigarán con más fuerza las fiestas en casas que ocasionen demasiado ruido, los bares y restaurantes que molesten más de la cuenta, hacer el amor en la calle... De este modo el Ayuntamiento pretende acabar con las rutas de borrachera que de madrugada despiertan a los vecinos del Barri Gòtic y facilitar el acceso a los servicios sociales de las personas que no tienen otro remedio que pedir limosna por la calle. En los últimos diez años, la mitad de las sanciones interpuestas en virtud de la ordenanza de civismo han recaído sobre vendedores ambulantes.
Según el gobierno de Colau, este dato demuestra que la aplicación de esta norma es del todo ineficaz, que sólo está sirviendo para estigmatizar a un colectivo especialmente vulnerable, que poniendo un montón de multas que luego el Consistorio no consigue cobrar lo único que logra es criminalizar y acentuar la marginación de las personas más vulnerables de esta sociedad.
El Ayuntamiento apenas consigue cobrar el 30 por ciento de las más de 10.000 sanciones que impone cada año en virtud de la ordenanza de civismo. Y en unos cuantos epígrafes, el nivel de pago apenas llega al 5%.
El nuevo texto dejará de prohibir lavarse en una fuente. Se da por hecho que quien lo hace no tiene otra opción. Pero la ordenanza municipal de medio ambiente continuará vetando hacerlo con jabón. “Apostamos –declaró el teniente de alcalde– por adoptar una perspectiva más integradora e inclusiva. Cuando sancionas un pobre por ser pobre, lo único que consigues es que sea aún más pobre”. En este sentido, la ordenanza original prohíbe la mendicidad coercitiva.
Los comunes quieren que la nueva ordenanza condene todo tipo de conductas coercitivas, sin señalar de una manera tan específica las prácticas a las que muchas personas en situación de necesidad han de recurrir. “Prohibiremos toda conducta coercitiva en el espacio público sin necesidad de estigmatizar a las personas que piden limosna”. La nueva norma condenará de manera explicita los tocamientos no deseados, cualquier forma de acoso sexual y también toda muestra de discriminación.
El gobierno municipal, subrayó Asens, apuesta de este modo por priorizar la intervención social so- bre la meramente punitiva. Y es que, destacan también en el Ayuntamiento de Barcelona, las preocupaciones ciudadanas que hace doce años dieron pie a la aprobación de la ordenanza de civismo son en la actualidad bien diferentes. Pasaron tantas cosas desde entonces... Otrora la gente tenía miedo de los pisos patera donde se hacinaban inmigrantes sin papeles, y hoy día teme sobre todo que le monten en el rellano de su finca un piso turístico ilegal que todos los días se llene de guiris borrachos. Qué sentido tiene, se preguntó ayer el teniente de alcalde, multar con 3.000 euros a un chaval por hacer una pintada. “Tratará de hacer todo lo posible para no pagar la sanción”. Sí, el gobierno municipal también quiere reducir las cuantías de las sanciones a fin de que resulten proporcionales al daño rea-
NUEVOS ACENTOS
Los comunes también quieren condenar toda muestra de acoso y discriminación
PAPELES MOJADOS
El Ayuntamiento apenas logra cobrar el 30% de las sanciones impuestas
lizado. De este modo las sanciones leves estarán por debajo de los 500 euros, las graves por debajo de 1.000 y las muy graves por debajo de 2.000. La ordenanza todavía en vigor contempla multas de hasta 3.000 euros.
Además, los comunes no quieren que la aplicación de esta norma sirva para frenar protestas políticas. El nuevo texto no sancionará, por ejemplo, a aquellas personas que se pongan a pegar carteles sin ánimo de lucro. También se podrán hacer acampadas sin autorización. Los policías municipales sí que podrán imputar a estas personas un delito de desobediencia caso de que les pidan que dejen de hacer lo que estén haciendo sin permiso y no les hagan caso.
Todos estos objetivos y la laxitud que en muchos casos comportarán obligarán al gobierno municipal a desarrollar una serie de iniciativas paralelas a la aplicación de la nueva ordenanza, como la habilitación de nuevos espacios para el arte urbano, la puesta en marcha de nuevas instalaciones para montar en monopatines, la ampliación del plan de músicos en la calle de Ciutat Vella al resto de la ciudad, la implantación de un centenar de lavabos públicos a pie de calle... El gobierno de Colau también quiere que jugar a la pelota deje de estar prohibido.
El calado de estas reformas puede parecer muy importante después de un primer vistazo, pero en realidad es mucho más limitado de lo que pretende aparentar el equipo al frente del Consistorio. Y es que la derogación o al menos la reforma de la ordenanza de civismo fue una de las promesas más repetidas por los comunes durante la campaña electoral que les condujo al poder.
Sin embargo, cuestiones tan trascendentales como la práctica de la prostitución o el consumo de alcohol en la vía pública están ya reguladas por una norma de carácter superior, por la ley orgánica de Seguridad Ciudadana, más conocida como la ley mordaza. Además, si bien la ordenanza de civismo aún vigente prohíbe dormir en las calles de Barcelona, la realidad es que los agentes de la Guardia Urbana no van por ahí poniendo multas a los indigentes que duermen en las aceras. De hecho, tal y como se pudo comprobar este verano, los policías municipales siquiera multan a los turistas que plantan una tienda de campaña en mitad de las playas de Barcelona.
El borrador de la nueva ordenanza de civismo, que según Asens pasará a llamarse ordenanza de convivencia porque de este modo suela mucho mejor (en realidad, ya desde el primer día, su nombre oficial es de “medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona”) ha de someterse ahora a negociación política. El objetivo del gobierno de Colau es que el texto resultante de este debate pueda aprobarse de manera definitiva el próximo verano y que entre en vigor en otoño del 2018.
En principio, las negociaciones con el resto de formaciones no deberían ser especialmente complicadas. Pero en estos momentos el gobierno de BComú y PSC es víctima de una pinza por parte de los grupos de PDECat y de ERC. Ninguna de estas dos formaciones parece dispuesta ponerles las cosas fáciles. Ciutadans y PP tampoco entrarán al trapo, sobre todo en una cuestión relacionada con la gestión del espacio público. Están en las antípodas de los planteamientos de Colau.
El Ayuntamiento instalará un centenar de lavabos a pie de calle
La oposición no está dispuesta a facilitar ninguna iniciativa del gobierno municipal