Anónimos sobre la nube

Una parte sustancial de la lid entre el Gobierno y la Generalitat sobre el referéndum del 1 de octubre no se desarrolló en un frente físico, sino en un entorno virtual: en la red, con sistemas informáticos. En la causa del juzgado 13, que ahora ya no es secreta, figura un atestado de la brigada de información del Cuerpo Nacional de Policía, remitido al juez el 26 de septiembre pasado, hace escasamente un mes, en el que da cuenta de que ha recibido dos anónimos sobre la celebración de la jornada. En el primero se da cuenta de que el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de Catalunya (CTTI) había solicitado a sus proveedores sistemas para las estructuras de Estado, principalmente la Hacienda catalana. Además, también pidió a uno de sus suministradores más de cien servidores para un proyecto calificado de “secreto” bautizado como Taulat y relacionado con el Departament de Benestar Social, que tendrían que estar listos a primeros de septiembre. El segundo anónimo llegó el 26 de septiembre e indicaba que en las oficinas de Protecció Social de Benestar, sitas en la calle Taulat, se estaba instalando un software sobre el número de ciudadanos que podían votar el día 1 de octubre. La policía dedujo que ambos anónimos relacionaban un mismo supuesto, la creación de un banco de datos para el 1-O. Ahondando en esta tesis, daba cuenta de que la empresa a la que se solicitó los servidores había suscrito un contrato con la Generalitat por 62 millones de euros y que una de sus especialidades era el almacenamiento de datos en la nube, de gran capacidad e incluso con encriptación. En un blog interno de la firma se citaban las dudas sobre el proyecto de bancos de datos, porque si se trataba de una cesión ilegal de ficheros “puede suponer que la empresa pierda la capacidad de trabajar para la administración”. La Policía pidió seguir las pesquisas. El 20 de septiembre pasado, la Guardia Civil registró la sede de Benestar Social por la organización del referéndum. El 1-0 se desactivaron aplicaciones para el censo y el escrutinio, y la Generalitat compró sobre la marcha aplicaciones para seguir la jornada.