Reparar el error: reconstruir

HA pasado ya un fin de semana desde que, con sólo 70 votos a favor (que no hubieran bastado para reformar el Estatut o para cambiar la ley electoral vigente), en un hemiciclo semivacío, el Parlament de Catalunya proclamó una república catalana que, sin duda, entrará a formar parte, junto con los Fets de Prats de Molló, protagonizados por Francesc Macià en 1926, o los hechos de octubre de 1934, del triste museo catalán de la exageración y la extravagancia políticas. De tanto en tanto, por una mala lectura de la realidad y por una vivencia extremosa del sentimentalismo colectivo, se repite una gran extravagancia política caracterizada por lo que, en tiempos de Macià y Companys, dio en llamarse “la flamarada”, es decir, una explosión de insensatez que, como sucede con el papel cuando entra en contacto con el fuego, da lugar a grandes llamaradas de emoción que desaparecen con la misma velocidad con que se han producido.

Dijimos ayer en este mismo espacio que la república fue “semiproclamada”. Es preciso insistir en ello, porque este detalle define el aspecto grotesco del error político perpetrado: la redacción de la parte dispositiva del texto votado no incluye la declaración de independencia. Esta manera capciosa de instituir la supuesta república no tiene más que una explicación: proteger a los diputados de posibles acusaciones penales por su actuación. En la misma línea hay que interpretar el hecho, insólito, de la votación secreta. Parece evidente que interesaba menos crear una república catalana que proteger a los diputados de sus propios actos. Esta actitud, literalmente vergonzosa, contrasta con la grandilocuencia que rodeó a la votación. En el Parlament se congregaron personalidades del mundo soberanista entre los que destacaron los 700 alcaldes independentistas con sus varas. Observado a la luz del inconsistente texto votado, el acto aparece a los ojos de la ciudadanía como una celebración carnavalesca.

Cuando afirmamos que la república catalana es retórica no estamos descalificando, sino desvelando que los propios actores de un acto que se pretendía histórico, en realidad estaban engañando al país entero, pero muy especialmente a sus propios seguidores. No hay que olvidar que, en los planes de los que decidieron esta estrategia, estaba (conjuguemos el verbo en pasado) la propuesta de que las masas de ciudadanos defendieran con sus cuerpos, en las calles, a los actores de la nueva república. Es muy políticamente deshonesto dejar la responsabilidad de defender la nueva legalidad a los ciudadanos desvalidos, mientras los diputados se cubren las espaldas con el voto secreto, apoyando un texto ambiguo e impreciso en el que la independencia no se explicita. No, la votación no institucionalizó novedad alguna, pero ha creado una ficción que impide a muchos ciudadanos recuperar el sentido de la realidad.

Que la resolución de un pleito antiguo y complejo como el catalán haya desembocado en la calle no es responsabilidad única del Govern cesado. El Gobierno central debía y podía haber abierto vías de diálogo mucho antes: al menos desde que el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut catalán dejó sobre la mesa un problema de gran envergadura. Pero, sin duda, la responsabilidad máxima corresponde a quienes, como el Govern de Carles Puigdemont, se han saltado las leyes a la torera y, abusando de su preeminencia en las instituciones, han impuesto, contra viento y marea, su postura hasta llegar al extremo de echar a perder la autonomía catalana encarnada en la Generalitat, tan esperanzadamente recuperada hace precisamente 40 años con el retorno del president Tarradellas.

El mal ya está hecho. Esperamos y deseamos que la aplicación del artículo 155 no esté inspirada en el espíritu vengativo. Sería un error, un nuevo error, además de una injusticia, puesto que la sociedad catalana es plural y porque ni tan siquiera la ciudadanía independentista es responsable del aventurismo de sus líderes. El Tribunal Constitucional anulará la votación, el Gobierno español ya ha cesado al presidente, los consejeros y otros cargos del Govern. El capítulo político que se inaugura no será feliz, pero es preciso que esté presidido por la voluntad de enmendar el error, reencontrar el consenso y reconstruir todo lo que se ha roto en estos últimos tiempos de máxima tensión.

La palabra clave es reconstrucción. Es preciso reconstruir la paz social para favorecer el clima de tranquilidad y confianza que la economía necesita. La economía catalana estaba dando espléndidos resultados. La huida de empresas ha sido un golpe tremendo. No será fácil recuperar la confianza de los inversores. La imagen de la ciudad de Barcelona como destino turístico y como una de las urbes más atractivas del mundo también ha quedado afectada. Debe quedar claro que sólo la paz social (no la resistencia numantina, no la violencia policial) permitirá revertir el estropicio y recuperar la vía de la prosperidad.

La herida más importante que tiene ahora mismo abierta la sociedad catalana es la de su propia división. La masiva manifestación de ayer, en apoyo a la españolidad de Catalunya, demuestra que el independentismo ha despertado la españolidad de muchísimos catalanes. Debido al aventurismo del independentismo, el viejo catalanismo transversal, ambiguo e integrador, del que participaban entorno al 80% de los catalanes, ha dado paso a una Catalunya partida en dos bloques con proyectos antagónicos. Hay que evitar por encima de todo que este antagonismo se caldee. Hay que relajar las calles. Hay que relajar la vida colectiva, incluso la vida familiar o los grupos de amistad, también afectados por el antagonismo. Y la única manera de conseguirlo es confluir con normalidad en las elecciones previstas para el 21 de diciembre.

El independentismo debe reparar su error ayudando a que la participación a las elecciones sea completa. No debe renunciar a sus objetivos. Bastará con que acepte enmendar su aventura implicándose en las elecciones. Que hablen las urnas. Unas urnas que, alejando la división, permitirán la convergencia apaciguada y natural de todos los actores políticos.

Sea cual sea el resultado, la tensión principal estará resuelta. De acuerdo con el resultado de las urnas, Catalunya entrará en una nueva fase en la que, escarmentados todos por el estropicio, descubrirán inevitablemente que no hay problema político que no pueda resolverse con el diálogo, es decir, con la palabra y la mutua concesión.