La Cecot cree que el decreto de cambio de sede perjudica a las pymes
La patronal Cecot considera que las medidas que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre para facilitar el traslado de sedes sociales de las empresas responden sólo “a las necesidades de determinadas grandes compañías, en detrimento del más de un millón de sociedades mercantiles españolas que ven como sus acuerdos estatutarios fundacionales han quedado anulados”. En un escrito que ha remitido al ministro de Economía, Luis de Guindos, el presidente de la patronal vallesana, Antoni Abad, expresa su “preocupación” por unas medidas que no se justifican si no es por el contexto político, porque “no ayudan a dinamizar la economía, ni mucho menos ayudan a consolidar la unidad de mercado”, dice.
La Cecot estima que el decreto del Gobierno español es “una limitación de los derechos básicos de los accionistas, propietarios mayoritariamente de pequeñas y medianas empresas y que forman el 98% del tejido empresarial en España y en Catalunya”. El cambio legislativo facilita que los consejos de administración puedan decidir un cambio de sede social sin tener en cuenta la junta de accionistas, a no ser que los
La patronal pide a Guindos que enmiende unas medidas que perjudican a más del 90% de las empresas
estatutos de la compañía especifiquen lo contrario.
La Cecot ha expresado al ministro que “después de haber analizado únicamente los derechos básicos de los accionistas, y en especial del grueso de nuestra actividad económica, queremos animarlo a que evalúen el análisis que hemos realizado y que introduzcan las enmiendas necesarias para corregir los efectos negativos que las medidas implicarán en más del 90% de nuestros actores económicos”.
La principal crítica de la Cecot a la modificación de la medida nace del hecho de que el RDL 15/2017 sustrae de la junta general de una empresa la competencia de acordar el traslado de su sede, y lo hace de manera que el órgano de administración puede llegar a tomar la decisión de trasladar la sede social incluso en contra de la voluntad explícita de los socios o accionistas. Además, obliga a los accionistas a realizar un nuevo acuerdo para volver a asumir esta competencia excluyendo expresamente a los administradores, a través de una junta general, con los plazos y requisitos pertinentes, y finalmente tendrá que elevarse a escritura pública e inscribirse en el registro mercantil. Un proceso que la Cecot calcula que podría tener un coste mínimo de 700 euros por empresa.