Sin fisuras en Madrid
No es fácil encontrar en los medios de papel editados en Madrid –sí en los diarios digitales– editoriales o análisis críticos, seriamente críticos, con los autos dictados el pasado jueves por la titular del juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional que decretó prisión provisional para Oriol Junqueras y siete exconsellers del Govern de la Generalitat. En la capital de España el encarcelamiento de estos políticos se ha recibido como una medida natural y consecuente con sus comportamientos y conductas sin importar demasiado que se haya producido un notable contraste, en algunos aspectos contradictorio, entre la decisión de la magistrada Carmen Lamela y la del magistrado del Supremo, Pablo Llarena, en el caso paralelo de Carme Forcadell y la Mesa del Parlament. Se da por buena la tesis de que el responsable de estas prisiones provisionales es Carles Puigdemont, que al huir materializó plenamente uno de los motivos legales que justifican la privación provisional de la libertad: el riesgo de fuga. En definitiva fue el letrado Xavier Melero el que contestó de forma rotunda y afirmativa que la fuga del expresident de la Generalitat perjudicaba a todos los demás imputados.
La agitación que los encarcelamientos han provocado en Catalunya se asume con cierta resignación por el Gobierno, los partidos constitucionalistas y una mayoría de la opinión pública, pero con menos alarma de la que se supone en Catalunya. Se calcula que la cercanía de las elecciones, el desplome del fraudulento relato secesionista (no iba a pasar nada pero ha pasado de todo), el cansancio y la fatiga de tanta movilización y la falta de credibilidad –por su reiterada apelación– de los gruesos adjetivos que connotarían según los secesionistas al Estado español terminarán por diluir la reacción ciudadana y hacer regresar el ánimo secesionista a algo parecido a un estado de depresión.
En este punto se insiste desde el entorno del Gobierno, del PSOE y de Ciudadanos cómo de importante ha sido el grave error de la fuga de Carles Puigdemont. Y se subraya al mismo tiempo que la salida de prisión de Santi Vila, tras abonar la fianza de cincuenta mil euros, le descarta como candidato del PDECat e, incluso, también de cualquier otra plataforma. El separatismo, en definitiva y siempre en estas versiones capitalinas, estaría en estado de postración y con una muy mermada capacidad de reacción.
El encarcelamiento de Oriol Junqueras y de los exconsellers, así como la permanencia en prisión de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, convalidada la de estos últimos por la sala penal de la Audiencia Nacional, se considera que descabeza el movimiento independentista, insistiéndose en este punto en que la lejanía huidiza de Puigdemont añade malestar y desconcierto, después de su imperdonable error de no convocar él las elecciones cuando podía hacerlo, evitando así la intervención del autogobierno, suspendiendo las medidas del artículo 155 de la Constitución española y, quizás, eludiendo la cárcel tanto para él como para todos los miembros de su gabinete.
En definitiva: el bloque constitucionalista sigue vigente y con la mirada puesta en el 21 de diciembre. No debe ocultarse que en todo este planteamiento anímico y político se da un sentimiento de cierta displicencia. Más aún al observar que la respuesta mediática internacional a los encarcelamientos no ha sido aguda, quizás amortiguada por la recepción hostil y caricaturizada a Carles Puigdemont en Bruselas. Tampoco en la Moncloa se han registrado alertas de la Unión Europea, que contempla este conflicto con expectación, preocupación y una cierta ansiedad, pero sin cuestionar al Estado español y su legitimidad.
Por otra parte, el cálculo matritense es que la situación en Catalunya va a radicalizarse más aún de lo que estaba y que las segundas filas de dirigentes que han de sustituir a los neutralizados por su encarcelamiento no podrán sustraerse a incitar comportamientos colectivos más contundentes como una huelga general –larga o corta– y a expresiones susceptibles de alejar del secesionismo a bolsas electorales cansadas de este larguísimo proceso durante el que se han ido empresas de
La pulsión emotiva en Madrid y en Barcelona es opuesta tras los encarcelamientos y el cálculo de sus consecuencias difiere por completo
Catalunya –con lo que ocurre ahora se activará de nuevo la huida empresarial frenada tras la convocatoria electoral de Mariano Rajoy– y se ha deteriorado seriamente la convivencia entre catalanes. En otras palabras: la nueva situación tras los autos de Carmen Lamela remite a la posibilidad de que la CUP y la izquierda de Esquerra Republicana de Catalunya impongan un ritmo para el que la sociedad catalana ya no tiene pulmón suficiente.
La distancia emocional y sentimental entre Madrid (España) y Barcelona (Catalunya) ha aumentado considerablemente. La pulsión emotiva por lo ocurrido el pasado jueves en el juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional es opuesta aquí y allí, y el cálculo de consecuencias difiere. Por otro lado, el jueves próximo se vivirá otro episodio de máxima tensión: Carme Forcadell y cuatro miembros de la Mesa del Parlament se enfrentan al mismo trámite que Junqueras y los exconsellers y ya nadie está en condiciones de pronosticar cuál será la decisión del magistrado instructor, quizás contradictoria con la adoptada por el juzgado de la Audiencia Nacional dada una circunstancia importante: la presidenta del Parlament sigue siéndolo y los miembros de la Mesa lo son de su diputación permanente.
En este contexto tan sumamente desconectado entre Madrid y Barcelona sólo cabe esperar a que se resuelvan los recursos de apelación de Oriol Junqueras y los exconsellers y que el Tribunal Supremo reclame la causa de la Audiencia Nacional y la acumule a la que instruye el magistrado Pablo Llarena. Nunca esta medida procesal, llena de lógica, resultaría más indicada y conveniente porque sería la Sala Segunda del Supremo –con el gran jurista Manuel Marchena en la presidencia– la que dirimiría un asunto tan decisivo.