Los deberes de Rajoy
El Gobierno español libra una batalla contra el tiempo tratando de mejorar el máximo posible la calificación de la deuda del Estado antes de que cambie la política de tipos de interés cero del Banco Central Europeo (BCE). A mejor nota de la deuda, es decir cuánto más segura o menos arriesgada vean su devolución las agencias de calificación que los inversores, entre ellos los institucionales más regulados, utilizan como pauta para decidir dónde colocar el dinero, más bajos serán los tipos de interés que el Estado tendrá que pagar para colocarla. Cuestión muy relevante si se tiene en cuenta que el Reino de España debe el equivalente al 100% de su producto interior bruto (PIB), lo que la economía produce durante todo un año. Y las campanas de las subidas de tipos cada vez repican con más intensidad en Frankfurt.
Hubo un tiempo de laureles en el que el Estado disfrutaba de la máxima calificación, la añorada triple A, allá por los años de arranque del euro y antes de la crisis de la deuda del 2010. Fue la fase en la que la después maldecida prima de riesgo (sobrecoste sobre la deuda alemana de referencia) prácticamente había desparecido. Días de vino y rosas a la sombra de las grúas de la construcción. Ahora, y pese a las mejoras y la intervención del BCE, esa referencia supera holgadamente el 1%, lo que se traduce en una millonada de pago de intereses.
A partir del 2010, una tras otra, las tres grandes agencias de calificación iniciaron la dolorosa senda de suspensos a la situación económica española que llevó al bono español a las puertas de ser considerado especulativo o basura, cuando tocó fondo en las postrimerías del 2012, coincidiendo con el rescate de Bankia.
La tendencia empezó a cambiar a finales del 2013 y principios del año siguiente, cuando hubo algunas tímidas subidas, entre dos y una, según la agencia de rating. El Gobierno esperaba aprobados adicionales este pasado mes de octubre. Pero tendrá que ser más paciente. La crisis catalana se le ha cruzado por el camino a Mariano Rajoy y pese a los esfuerzos del ministro de Economía, Luis de Guindos, que se batió el cobre en intensas reuniones explicando las virtudes y bondades de la economía española, la nota de la deuda se ha quedado igual que estaba.
En una entrevista en abril pasado, un
responsable de S&P, entre las tres grandes, daba casi por hecho que antes de final de año, el Reino de España recuperaría unaAy solo le quedaría escalar seis peldaños más hasta la triple corona.
La lectura más común de este tropiezo, especialmente desde los medios de Madrid, es que la obstinación catalana le está costando muchos miles de millones al presupuesto público y con él a todos los ciudadanos. Pero una lectura más atenta corrige esa versión tan simple.
Tanto las agencias de calificación como muchos inversores internacionales, más alejados del calor del debate político español, diagnostican que el Estado tiene un grave problema en Catalunya. Por cierto, compartida por algunos servicios de estudios tan solventes como el del Banco de España, que ha comenzado a avanzar hipótesis sobre las consecuencias para el crecimiento.
La práctica unanimidad en la negativa a mejorar la nota de la deuda española de las agencias de calificación, pese al importante crecimiento de la economía y la proximidad del fin de la vigilancia negativa de Bruselas sobre las cuentas del Reino a causa del déficit desbordado, señala que ni la imposición del agresivo artículo 155 de la Constitución ni la turbia celebración de unas elecciones el 21 de diciembre marcadas por el impresentable encarcelamiento del Govern de la Generalitat ofrecen garantías suficientes de estabilidad a los analistas de esas firmas financieras. Por no hablar de muchos grandes inversores que anticipan que cualquier nivel de apoyo al independentismo por encima del 30% en las próximas elecciones sería señal suficiente para considerar la situación explosiva.
Una opinión extendida entre los analistas, de agencias de calificación, pero también los de los grandes bancos internacionales, es que la responsabilidad de Mariano Rajoy y los suyos, y de la que por cierto lleva varios años huyendo como de la peste, es proponer soluciones. Y en este punto, son pocos los informes que no postulen una negociación abierta y formal con dos ejes sobre la mesa: una propuesta seria y concreta de reforma de la Constitución con reconocimientos explícitos de significativas demandas catalanas y una mejora de la relación financiera de Catalunya con el Estado, bien a través de un nuevo sistema de financiación bien mediante la propuesta de un nuevo modelo singular. Obviamente, no le piden que reconozca la independencia, pero no comparten su negacionismo.
El mundo económico internacional entiende cada vez más explícitamente que la desafección, montillana o independentista, hacia el Estado de un porcentaje altísimo de la ciudadanía catalana no se puede reducir al maniqueo análisis de que esta ha sido abducida.
Así pues, mejor haría Mariano Rajoy aceptando de una vez que sin propuestas creíbles de negociación, diálogo y pacto se quedará sin ver esas mejoras de calificación que con tanto empeño busca, hasta ahora con resultados bastante modestos. Lleva años diciendo al mundo que nada de lo que luego han recogido los medios internacionales en sus portadas iba nunca a suceder. Ahora le exigen soluciones.
Agencias de rating e inversores esperan del Gobierno español una propuesta seria de diálogo