Coches a media tensión
El sector del vehículo eléctrico español pide que los incentivos económicos tengan continuidad para dinamizar el mercado
La electromovilidad avanza en España con crecimientos llamativos, del 85% en los diez primeros meses del año respecto al mismo periodo del 2016, pero con volúmenes absolutos muy pequeños, tan sólo 6.700 vehículos entre enero y octubre, según las cifras de la patronal de fabricantes Anfac, y gran retraso respecto a los países más avanzados ya que la cuota respecto al total de automóviles apenas es del 0,5%. Para impulsar su desarrollo, el Gobierno acaba de presentar un plan dotado con 35 millones de euros, que subvencionará la compra de vehículos así como la instalación de puntos de alimentación. Además, se prevé ayudas industriales para I+D+i con 15 millones adicionales y cambios regulatorios en la figura del gestor de carga. El sector de la automoción en general y del segmento eléctrico en particular aplauden las medidas, pero piden que tengan continuidad para que logren dinamizar el mercado.
El plan Movalt, del que se ocupará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y que se prevé publicar en el BOE esta semana, destinará 20 millones de euros a incentivos para la compra de turismos, motos, cuadriciclos, furgonetas y camiones eléctricos (puros, de autonomía extendida e híbridos enchufables), de gas natural, autogás o pila de combustible. La cuantía de las ayudas oscila entre 500 y 18.000 euros. También se dedicarán 15 millones a fomentar el despliegue de infraestructura de recarga tanto de uso público como privado (en empresas), con subvenciones de hasta el 60% del coste.
Tanto Anfac como Aedive –la asociación de empresas dedicadas al impulso del vehículo eléctrico– aplauden estas medidas, pero insisten en la necesidad de que tengan continuidad. El Ministerio de Energía ya ha manifestado la intención de que se convoquen cada año. En cualquier caso, el asunto dependerá de lo que fijen los presupuestos generales del Estado. “No tendría sentido interrumpir las ayudas, si de verdad se quiere dinamizar el mercado su continuidad es imprescindible”, defiende Arturo Pérez de Lucía, director gerente de Aedive.
Otro elemento valorado por el sector es el incremento de la cuantía de las ayudas. Sumando los tres conceptos –vehículos, infraestructuras e I+D+i– llegan a 50 millones, cuando el último plan Movea, lanzado el pasado verano, tuvo 14 millones para todas las medidas. Pérez de Lucía destaca que la iniciativa debe ser regular y de fácil acceso, porque las que ha habido hasta ahora, entre el 2010 y el 2017, “mantuvieron el mercado en vilo hasta que llegaban y, cuando lo hacían, se agotaban”. La última, recuerda, “rozó el ridículo ya que se consumió en tan sólo día y medio”. Desde Aedive se insiste en que “debe haber una estrategia clara y decidida, como la tienen países de nuestro entorno que nos llevan mucha ventaja”.
La nota negativa la pone Ambe, la asociación de marcas de bicicletas, que ve “incomprensible” que las ayudas vuelvan a dejar fuera la bici de pedaleo asistido, el vehículo eléctrico más vendido en España. Sólo las subvencionan el Ente Vasco de la Energía (EVE) y el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
La reforma de la figura del gestor de cargas es otro elemento clave, reivindicado por el sector. El ministerio que dirige Álvaro Nadal tiene previsto enviar en los próximos días a la CNMC una propuesta de modificación del decreto que lo regula. Hasta ahora, quienes deseen instalar enchufes públicos para vehículos, aunque no cobren a sus usuarios, deben ser autorizados. Esto afecta a los centros comerciales, hoteles o restaurantes que ofrecen este servicio a sus clientes, aunque muchos lo pasan por alto. Está previsto flexibilizar este acceso suprimiendo la obligatoriedad de hacer constar en el objeto social de la empresa
El Gobierno ayudará con 50 millones a la compra de vehículos, la instalación de puntos de carga y proyectos I+D+I
esta actividad. Otra barrera que se va a suprimir es la obligación de tener un contrato específico con una acometida diferenciada.
Hay un último elemento, en este caso de la tarifa eléctrica, reivindicado por el sector, que el Gobierno inicialmente dijo que asumiría pero del que no se tienen noticias. Se trata de la revisión de los peajes de acceso aplicables al término de potencia, que encarecen los puntos de carga ya que se pagan se usen o no.