La juez Lamela niega que exista “persecución política” en el caso 1-O
Los exconsellers Rull y Turull piden ser excarcelados y que se anule la fianza civil
Las causas abiertas en relación con el supuesto delito de rebelión por el referéndum del 1-O han entrado en fase de frenesí procesal. Se suceden las resoluciones y recursos, a la espera de que el Tribunal Supremo (TS) se haga con todo el procedimiento, lo que ocurrirá pronto, muy probablemente esta semana. Mientras tanto, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dejado subrayado en su último auto que no hay “persecución política” contra los exmiembros del Govern encarcelados, sino la investigación de un supuesto intento de anular la vigencia de la Constitución en Catalunya.
El auto de la juez rechaza un recurso presentado por la defensa de los exconsellers Meritxell Serret y Antoni Comín frente a las órdenes de detención europea dictadas contra ambos. En su representación, el letrado Gonzalo Boyé alegaba que se les estaba persiguiendo de forma que se vulneraba su inviolabilidad parlamentaria. Lamela responde que esta prerrogativa protege la función o actividad del diputado, pero no por los actos que realice fuera del ejercicio de dichas competencias. “No se les persigue –razona la juez– ni por sus ideas ni por defender la independencia de Catalunya, sino por tratar de cambiar totalmente al margen de las vías legales la forma de gobierno participando decisivamente en los actos que desembocaron en la celebración de un reEl feréndum independentista para lograr en España la secesión de la comunidad autónoma de Catalunya y su constitución en república independiente”. Lamela insiste en la tesis de que esta estrategia no fue siempre pacífica, al añadir que con el fin de obtener su propósito, los querellados y otros exconsellers, “promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población”, a los que “llamaron a la insurrección”.
Paralelamente, ayer empezaron a presentarse los recursos de apelación contra el encarcelamiento de los exmiembros del Govern. El primero ha sido interpuesto por la defensa de los exconsellers Rull y Turull, ejercida por el letrado Jordi Pina, quien argumenta que ambos se limitaron a participar en la convocatoria del referéndum, e invoca las resoluciones del Supremo –ver La Vanguardia de ayer– para pedir la inhibición de la Audiencia Nacional, con el matiz de que a su juicio el caso debería quedar en manos de la justicia en Catalunya. recurso subraya que los citados exconsellers actuaron sin “organizar o instigar por ninguna vía” tumultos o actos de desobediencia frente a las autoridades o sus agentes, por lo que su conducta nada tuvo que ver con un supuesto delito de rebelión. Rull y Turull también solicitan que se anule la fianza de responsabilidad civil de 6,2 millones de euros que acordó Lamela, en relación con lo supuestamente gastado por la Generalitat para organizar el referéndum del 1-O.
Aquí se vuelve a invocar al Supremo para argumentar que “no sería lógico” mantener dicha caución cuando el juez Llarena rechazó la pretensión de la Fiscalía de que también la acordara. Este es
El Supremo tiene ya ultimada la orden que le permitirá asumir toda la investigación sobre la supuesta rebelión
otro dato que permite pensar que en la propia Audiencia Nacional se cree inminente la decisión del Supremo de asumir todo el procedimiento. Y es que, transcurrido el plazo para depositar la fianza sin noticias de ingreso alguno, la juez hubiera podido empezar a decretar embargos para cubrir los mencionados 6,2 millones de euros, y de momento no lo ha hecho.