Greenpeace abre la vía judicial para salvar el Ártico
Demanda contra Noruega por abrir el polo Norte a la exploración petrolera
El activismo medioambiental ya no se conforma con movilizaciones en la calle, sino que ha dado el salto a los tribunales. El último ejemplo se escenificó ayer en Oslo, donde acaba de arrancar el juicio en el que se acusa al Gobierno de Noruega de violar la Constitución por permitir nuevas prospecciones petroleras en el Ártico. Esta exploración es controvertida, pues se trata de uno de los ecosistemas más frágiles del planeta y cuya protección integral está siendo debatida. Por eso, este proceso judicial puede ser relevante. El litigio confirma el cambio de estrategia de las organizaciones ecologistas, que están llevando a juicio a gobiernos de todo el mundo por sus responsabilidades en el cambio climático.
En el caso de Noruega, los argumentos son claros y apuntan directamente a las diez licencias que el país concedió en el 2015 a 13 petroleras, entre las que se encuentran Statoil, Chevron, ConocoPhillips o Lukoil, para que pudieran iniciar exploraciones en el mar de Barents.
En concreto, Greenpeace y la organización local Nature and Youth acusan al Gobierno de haber infringido con ello el artículo 112 de la Constitución noruega, introducido en el 2014 y en el que el Estado se compromete a garantizar el derecho a un ambiente sano y saludable. En él, se dice además que “los recursos naturales deben manejarse desde una consideración a largo plazo” que defienda también los derechos de “las generaciones futuras”.
Este caso es también el primero que reta a un Gobierno por incumplir las obligaciones adquiridas en el acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. El director de Greenpeace en Noruega, Truls Gulowsen, remarcó “la hipocresía” del Ejecutivo, que en 2015 se apresuró a firmar los acuerdos casi al mismo tiempo que permitía las nuevas exploraciones árticas.
Entre otros aspectos, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático especifica que para po-
der cumplir los objetivos de París, la producción de petróleo en el mundo debería disminuir y no aumentar. Y, según los ecologistas, esta regla es precisamente la que está quebrantando Noruega con su nueva ola de concesiones.
Con ellas, de hecho, está abriendo una nueva frontera petrolera en el mar de Barents ante los signos de agotamiento que empiezan a mostrar las reservas de crudo del mar del Norte, que hasta ahora habían sido las más explotadas por el país nórdico.
Por su parte, la defensa del Gobierno criticó en la apertura del juicio que se use un tribunal “como arena política” y lamentó lo que considera una “americanización” del derecho noruego. En su opinión, los ecologistas se basan en una interpretación demasiado “amplia” y, en cualquier caso, “política” de la Constitución.
Lo cierto es que, según varios expertos en derecho noruego consultados por este diario, los demandantes no lo tienen fácil. “Es difícil predecir lo que pasará, pero mi pensamiento inicial es que están navegando contra un fuerte viento de frente”, señala Øystein Jensen, investigador del Fridtjof Nansen Institute. Entre otros puntos, señala que “el umbral para infringir el artículo 112 es alto, la disposición es bastante vaga y, lo que es más importante, es difícil establecer un vínculo entre causa (extracción de petróleo) y efecto (daño por cambio climático) para establecer alguna forma de responsabilidad legal”. Sea como sea, el mero hecho de que el caso haya llegado a los tribunales es “importante por sí mismo” y “lanza un mensaje a quienes toman las decisiones”.
Catherine Banet, profesora asociada del Instituto Escandinavo de Ley Marítima, de la Universidad de Oslo, comparte esta opinión y destaca que el proceso abierto ayer en Noruega forma “una parte importante de la tendencia global de litigios sobre temas ambientales”, no sólo en el área del petróleo, sino en muchas otras.
En Holanda y en Pakistán, por ejemplo, los tribunales se han pronunciado contra los gobiernos, mientras que otro de los juicios más mediáticos dentro de la agenda ecologista es el programado para el próximo mes de febrero en Estados Unidos, en el que se espera que la Administración de Donald Trump se siente en el banquillo por romper con el acuerdo de París y promover con ello el cambio climático. Quienes presentan la demanda son 21 jóvenes, que vienen a representar a las futuras generaciones, que son las que más sufrirán los efectos de la inacción de ahora.
Greenpeace invoca la Constitución, que exige manejar los recursos naturales pensando en las futuras generaciones