Un cisne negro
Nassim Taleb denominó “cisne negro” a un hecho imprevisto que tiene un gran impacto y genera importantes consecuencias. Y Catalunya sería hoy un cisne negro. ¿Cómo es posible que los analistas, los inversores nacionales e internacionales y las agencias de calificación crediticia no anticiparan las consecuencias económicas del proceso independentista? La respuesta más probable es que pensaran que las distintas etapas del proceso no eran más que posicionamientos para una negociación entre los gobiernos de Catalunya y España y que el conflicto acabaría en un acuerdo con posible reforma de la Constitución y revisión de las finanzas autonómicas más favorable para Catalunya.
Así, el choque frontal se evitaría y los efectos en la economía serían mínimos. Los analistas estaban suponiendo que el choque (desigual) de trenes acabaría en una negociación. Sin embargo, había indicios de lo contrario. Estos se confirman cuando el Govern de Catalunya y la mayoría parlamentaria independentista proclaman las leyes de desconexión el 6 y 7 de septiembre y se organiza el referéndum del 1-O. El Gobierno de España sigue sin respuesta política a la cuestión catalana. Tras asegurar por activa y por pasiva que no se produciría la votación, esta se produce, y la contundente actuación policial hace visible internacionalmente el conflicto y pone de manifiesto que el choque será frontal. Este se consuma el viernes 27 de octubre.
Los inversores internacionales, y nacionales, se dan cuenta a partir del 1 de octubre de la magnitud del conflicto, dado que los mercados prestan especial atención a acontecimientos prominentes. Catalunya ha pasado a ser un problema y el nivel de incertidumbre ha aumentado de golpe. Las consecuencias del choque de trenes son malas para todos. Aun así, la reacción de los mercados ha sido comedida. La convocatoria de elecciones para el 21-D, bajo el manto del artículo 155 que interviene la Generalitat, podría ser un elemento estabilizador, pero no garantiza un avance en la resolución del problema. Además, con parte del Govern (y los dos líderes independentistas) en prisión y el resto bajo tutela de la justicia belga, no se augura un horizonte plácido. El objetivo de algunos participantes en la convocatoria de “huelga general de país” del 8 de noviembre, de “dañar la economía para que así Europa nos haga caso”, aparte de dispararse en el pie, no es tranquilizador.
El aumento de la incertidumbre retrae el
Víctimas de la incertidumbre política son la economía catalana, en particular la de Barcelona, y la española
consumo y la inversión. Desincentiva el consumo dado que aumenta el ahorro por precaución de las familias, y paraliza la inversión por falta de escenarios claros para las empresas tanto desde el punto de vista de la seguridad jurídica como del futuro de la economía. Así se suspenden proyectos de inversión, sobre todo por parte de agentes económicos, muchas veces inversores extranjeros, que no tienen una información precisa sobre lo que sucede. Para las empresas que proporcionan bienes y servicios tanto en Catalunya como en el resto de España aparece el espectro del doble boicot, a productos catalanes por parte de consumidores del resto de España y a productos españoles por parte de consumidores catalanes. El boicot potencial es desigual dada la importancia del mercado español para muchas empresas catalanas. La cursiva se refiere a que, en la actual economía globalizada, los productos tienen muchos componentes que provienen de regiones distintas, y todo boicot puede perjudicar directamente a quien boicotea y además reducir los flujos comerciales entre regiones y perjudicar el dinamismo económico.
Las víctimas de la incertidumbre son, por este orden, la economía catalana, en particular la de Barcelona, y la economía española. Hay distintos escenarios de impacto económico dependiendo de la prolongación del conflicto y el grado de enfrentamiento. Según instituciones como el Banco de España, el FMI y la Comisión Europea, se podría llegar a un estancamiento del PIB en el 2018 en Catalunya y reducción del crecimiento en España. Y podría ser peor si se enquista una dinámica destructiva de boicots mutuos. Preocupa también que, dado el alto endeudamiento de España y ante una perspectiva de subida de los tipos de interés, vuelvan los problemas de refinanciación de la deuda. Se está jugando con fuego.
El impacto del cisne negro en la economía de Barcelona podría ser de verdadero decrecimiento, con reducción drástica del turismo y caída de los precios de la vivienda. A ello se añade un entorno hostil a la actividad empresarial, fruto de dudas sobre la seguridad jurídica que planteaba la vía unilateral tomada por el movimiento independentista. Estas dudas han influido, junto con el intento de minimizar boicots en el resto de España, en los cambios de sede social de muchas empresas. La candidatura de la ciudad a la Agencia Europea del Medicamento se ha visto perjudicada e incluso el Mobile World Congress puede plantearse buscar otros emplazamientos. Barcelona deberá afrontar un periodo potencialmente largo y difícil que necesitará un liderazgo fuerte ante una gran división social y política. Sin un pacto amplio que involucre a la sociedad civil, para blindar la ciudad de los vaivenes del conflicto e introducir grandes dosis de rigor y seriedad en la gestión, el éxito de Barcelona puede convertirse en declive y fracaso tanto en el frente económico como en el social.