El Alto Tribunal abre la vía a la concesión de miles de licencias VTC
Ducha fría para el sector del taxi. El Supremo falló ayer a favor de dos empresas, Jojucar y Gran Vía Rent a Car, a las que se les había denegado la concesión de unas licencias de vehículos con conductor (VTC) en el 2014. El Alto Tribunal considera que las solicitudes, que se presentaron en la Comunidad de Madrid, eran conformes a la ley en vigor en ese momento. La primera recibirá 60 licencias y la segunda, 20.
Más allá del caso concreto, el caso puede abrir una caja de Pandora. Entre los años 2009 y 2013 se decidió liberalizar el sector del transporte urbano y se concedieron, durante este período, varias licencias para estimular la competencia.
En los años sucesivos, sin embargo, se introdujeron leyes más restrictivas. La de Ordenación del Transporte Terrestre (2013) y, sobre todo, su posterior reglamento, el real decreto del 2015, que “limita la concesión de nuevas VTC (...) si se observa un desequilibrio entre taxis y VTC por existir una proporción entre ambos vehículos superior a 1 VTC por cada 30 taxis”.
Este decreto fue motivo de polémica. Se aprobó en el último Consejo de Ministros pocos días antes de las elecciones generales, con huelgas del sector del taxi y en contra de la opinión de la CNMC, que interpuso un pleito. El ratio de 1/30, además, ya no existía porque ya había muchas más licencias en vigor, con lo que era inaplicable a no ser que se retirasen las antiguas. En la práctica, ya no se conceden nuevas.
En todo caso, el Supremo, con su fallo de ayer, trata dos casos administrativos que remontan al período anterior a la entrada en vigor de dicha normativa. La alta Corte “no entra en la legalidad o no del real decreto del 2015 ya que las solicitudes examinadas se presentaron con anterioridad a su aprobación”.
Pero, después de lo dictado ayer, en los próximos meses se puede abrir la puerta a la concesión judicial de aquellas nuevas licencias que se solicitaron entre el 2009 y antes del 2015 y que fueron denegadas sin justificación. El sector del taxi considera que hay unas 10.000, que podrían recaer ahora en plataformas como Uber o Cabify.
La patronal Fedetaxi considera que estamos ante un “problema generado por las administraciones y son ellas quienes deben dar una respuesta inmediata, suficiente y estable”. Sin embargo, “el Gobierno no tiene capacidad de actuar frente a autorizaciones que se están otorgando por la vía judicial mediante sentencia, aunque se esté superando el ratio del 1/30”, admitió anoche Fomento, ya que la ley no es retroactiva. Los taxistas no descartan nuevas acciones de protesta. Por su parte, Uber aseguró que “las autorizaciones solicitadas hasta noviembre del 2015 son válidas”.